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Prevé un plazo de 60 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma constitucional para que el Congreso de la Unión expida la Ley de la Guardia Nacional y de 90 días para las leyes nacionales del Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones.

Declaran constitucionalidad de Guardia Nacional en San Lázaro

Luego de recibir la notificación de los 32 congresos locales para crear la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados aprobó la constitucionalidad y la turnó al Senado para los mismos efectos.

MilenioJueves, 14 de Marzo de 2019

Con el voto aprobatorio de los 32 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de las reformas para crear la Guardia Nacional y turnó el proyecto de decreto al Senado de la República para el mismo efecto. 

Así, en solo 13 días, las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México ratificaron las reformas a diez artículos constitucionales para conformar la nueva institución policial de carácter civil, aunque integrada inicialmente por elementos de las policías Militar, Naval y Federal.

La Guardia Nacional tendrá las funciones de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Prevé un plazo de 60 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma constitucional para que el Congreso de la Unión expida la Ley de la Guardia Nacional y de 90 días para las leyes nacionales del Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones.

A su vez, los gobiernos locales deberán presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.

 

Información tomada de el periódico: Milenio