Laura Ballesteros, Diputada al Congreso de la Unión de México por Movimiento Ciudadano y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
México atraviesa una de las crisis humanitarias más dolorosas de su historia. Más de 130 mil personas permanecen desaparecidas y, detrás de cada cifra, hay una madre, un padre, una hija, un hijo o una familia que vive todos los días con la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido.
Sin embargo, mientras las familias buscadoras recorren el país con sus propios recursos, organizan brigadas, localizan fosas clandestinas y hacen el trabajo que muchas veces corresponde al Estado, las instituciones encargadas de proteger sus derechos siguen sin responder a la altura de la tragedia.
Ese es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las denuncias presentadas por madres, padres y familias buscadoras en contra de Rosario Piedra Ibarra no son una disputa política ni un conflicto partidista. Son el reflejo de años de frustración, abandono e indiferencia institucional frente a una crisis que continúa creciendo.
Por eso resulta inaceptable que los procedimientos de juicio político promovidos por las propias víctimas permanezcan congelados en la Cámara de Diputados.
La justicia no puede depender de cálculos políticos.
La ley establece mecanismos para revisar la actuación de los servidores públicos cuando existen señalamientos graves sobre el cumplimiento de sus responsabilidades. Nadie debería estar por encima de esos mecanismos, mucho menos quien encabeza una institución creada precisamente para defender los derechos humanos.
Lo que hoy exigen las familias buscadoras es algo elemental: que sus denuncias sean escuchadas y que las instituciones hagan su trabajo.
No están pidiendo privilegios.
No están pidiendo favores.
Están exigiendo verdad y justicia.
Resulta profundamente preocupante que, en lugar de atender sus demandas, algunas voces dentro del gobierno intenten desacreditar o cuestionar a quienes llevan años buscando a sus seres queridos. Las víctimas no son el problema. El problema es la impunidad.
También es momento de reconocer que la crisis de desapariciones ya rebasó cualquier frontera partidista. No comenzó con este gobierno ni terminará por decreto. Es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto.
Por eso sería un error convertir este reclamo en una confrontación entre partidos.
Las familias buscadoras no están luchando contra un color político. Están luchando contra la indiferencia institucional que ha permitido que miles de casos permanezcan sin respuesta.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene hoy la oportunidad de marcar una diferencia. Escuchar a las víctimas no debería ser una concesión política; debería ser una obligación moral y democrática.
La justicia empieza por reconocer el dolor de quienes han sido ignorados durante demasiado tiempo.
En una democracia, los procedimientos de rendición de cuentas existen para garantizar que las instituciones respondan ante la ciudadanía. Congelar expedientes, retrasar procesos o cerrar los ojos frente a las denuncias sólo profundiza la desconfianza y alimenta la impunidad.
Las familias buscadoras han hecho durante años lo que nadie más quiso hacer: buscar.
Lo mínimo que puede hacer el Estado mexicano es dejar de darles la espalda.
Porque cuando una madre busca sola a su hijo desaparecido, fracasa una institución.
Cuando una familia tiene que convertirse en investigadora, perito y defensora de derechos humanos, fracasa el Estado.
Y cuando la justicia se congela, lo que realmente se congela es la esperanza de miles de personas que siguen esperando respuestas.
La fotografía de la madre hincada pidiendo permiso a los (no) granaderos nos retrata de cuerpo completo la indolencia sobre la que estamos parados. México necesita justicia, y necesita humanidad.
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