La Fiscalía General de la República cateó dos bodegas en Miguel Hidalgo donde estaban ocultos documentos vinculados con una red de contrabando de combustible por ferrocarril, presuntamente encabezada por el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel. La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó del operativo la noche del 26 de agosto.
La diligencia fue autorizada por un juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Agentes del Ministerio Público y personal de la FGR ingresaron a los inmuebles acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargados de resguardar el operativo.
La diligencia fue autorizada por un juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Agentes del Ministerio Público y personal de la FGR ingresaron a los inmuebles acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargados de resguardar el operativo.
Durante la revisión aseguraron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que, según la fiscalía, documentarían la simulación atribuida a la estructura. Las imágenes oficiales muestran minibodegas de alquiler con portones corredizos naranjas. También localizaron información ligada a otros esquemas delictivos bajo investigación.
Godoy explicó que el análisis inicial permitió ubicar indicios de operaciones de comercio exterior efectuadas por la empresa investigada. Ese material podría ampliar la reconstrucción del método utilizado y abrir nuevas líneas de indagatoria. La pesquisa alcanza a 25 personas; nueve ya fueron detenidas y vinculadas a proceso, mientras 16 continúan prófugas.
La FGR atribuye la operación a Ingemar S.A. de C.V. y otras compañías relacionadas. El combustible procedía de Texas y cruzaba por aduanas de Tamaulipas. Los responsables declaraban cerca de 10 mil litros por carro tanque, aunque transportaban hasta 110 mil, o registraban productos distintos a los hidrocarburos para eludir contribuciones. La carga era distribuida en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Entre enero y julio de 2025, la fiscalía identificó 162 carros tanque y 4 mil 238 operaciones irregulares, con un daño estimado superior a 4 mil millones de pesos para la hacienda pública. También rastreó más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas y operaciones cambiarias mayores a mil 386 millones de dólares. Los recursos eran enviados a empresas extranjeras mediante cuentas puente.
La detenida más reciente es Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, vinculada a proceso el 12 de agosto por su probable responsabilidad en contrabando, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para concluir la investigación complementaria.
Ernesto Ruffo Appel fue capturado el 16 de julio en Ensenada y permanece en el Cefereso 1, El Altiplano. La fiscal indicó que la FGR no ha sido notificada de una petición para cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario. Afirmó que durante su reclusión recibe atención médica y se respetan sus derechos.
Las acciones para detener a los primeros integrantes de la red se desplegaron en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. Entre las personas investigadas figuran socios de las compañías señaladas, operadores logísticos, agentes aduanales y servidores públicos que presuntamente facilitaron el ingreso del combustible sin las revisiones correspondientes.
Únete al canal de WhatsApp de El Independiente y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
