César Garrido, director general de Jurídico y Gobierno de Miguel Hidalgo, calificó como “ignorantes” a los diputados de Morena que denunciaron a funcionarios de la alcaldía por el derrumbe ocurrido durante la demolición del inmueble de Minería 145 y aseguró que sus acusaciones carecen de fundamento jurídico.
“Son unos ignorantes, nos da mucha pena que sean legisladores de la ciudad y que con ese nivel de conocimiento estén aprobando leyes nuevas y modificándolas”, afirmó en entrevista con El Independiente. El directivo rechazó las acusaciones por uso ilegal de atribuciones y ejercicio ilegal del servicio público, ya que, según su relato, no tienen relación con las acciones realizadas por funcionarios de la alcaldía.
Garrido también compartió que la denuncia parte de una interpretación equivocada sobre las responsabilidades de la alcaldía. Explicó que Miguel Hidalgo expidió la licencia de demolición después de que los particulares acreditaron diferentes requisitos y autorizaciones correspondientes a instancias del Gobierno de la Ciudad de México.
Entre ellas, mencionó documentación en materia patrimonial, ambiental y de protección civil, además de una opinión que señalaba que los inmuebles no estaban catalogados con valor artístico o arquitectónico.
“Todo esto tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. No es una autorización que dependa de la alcaldía”, sostuvo. Aclaró que, una vez cumplidos esos requisitos, corresponde a la demarcación tramitar la licencia, pero la responsabilidad de ejecutar correctamente la demolición recae en el Director Responsable de Obra (DRO), el propietario y los particulares encargados de los trabajos.
El funcionario negó que Miguel Hidalgo estuviera obligada a mantener una supervisión permanente sobre la obra. Aseguró que la legislación no establece que las alcaldías deban vigilar “todos los días, a todas horas” cada demolición autorizada y afirmó que esa responsabilidad es asumida por el DRO durante la ejecución.
Alcaldía niega tener alertas vecinales antes del derrumbe
Además, Garrido aseguró que antes del desplome la alcaldía no recibió denuncias o reportes vecinales que alertaran sobre irregularidades en la forma en que se realizaban los trabajos. Durante la publicitación del proyecto sí fueron presentados dos escritos de inconformidad, pero que éstos se dieron durante una reunión entre vecinos, autoridades y el desarrollador para explicar los alcances de la demolición.
El día del derrumbe, personal de la alcaldía realizó una visita de verificación y posteriormente suspendió los trabajos, debido a que los escombros alcanzaron la vía pública y las medidas de seguridad previstas para la intervención no se cumplieron adecuadamente.
La suspensión continuará mientras se define qué ocurrió. El Director Responsable de Obras y el propietario deberán explicar las causas del desplome y presentar una nueva memoria descriptiva sobre la manera en que pretenden continuar con la demolición de las estructuras que permanecen en pie.
Sin embargo, será el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el determinante para definir las responsabilidades y las condiciones bajo las cuales podrían retomarse los trabajos, explicó el también experto en Gobierno y Políticas Públicas.
Fiscalía definirá responsabilidades por desplome en Minería
La propia alcaldía presentó una denuncia contra el DRO y el propietario del inmueble para que el Ministerio Público determine si existieron responsabilidades. En la investigación se deberá establecer si el derrumbe fue provocado por errores durante los trabajos, por las condiciones del inmueble, por el reblandecimiento asociado con las lluvias, como han sostenido los particulares, o por alguna otra circunstancia.
El funcionario adelantó que, independientemente de lo que determine la Fiscalía, habrá una sanción administrativa, pues “la estructura no se debía haber desplomado”. La gravedad de ésta dependerá de si las investigaciones encuentran atenuantes o determinan una conducta intencional.
Respecto a la denuncia de Morena, el funcionario insistió en que “en estricto derecho esa denuncia tendría que desecharse” y la consideró “papel sin sustento de fondo”.
También acusó a los legisladores de utilizar políticamente el derrumbe y rechazó que pueda responsabilizarse únicamente a Miguel Hidalgo cuando distintas dependencias capitalinas intervienen en los trámites necesarios para una demolición.
“No se trata de echar culpas o de politizar un hecho”, sostuvo el encargado de la dirección general de gobierno y asuntos jurídicos de la demarcación, quien afirmó que la discusión debe centrarse en el resultado del peritaje y en determinar si el DRO y los particulares incumplieron sus obligaciones durante la ejecución de los trabajos.
Morena responde al deslinde de responsabilidades de Miguel Hidalgo
Por su parte, Paulo Emilio García, diputado de representación proporcional y vocero de Morena en el Congreso capitalino, rechazó que Miguel Hidalgo pueda deslindarse de lo ocurrido y aseguró que la denuncia es para exigir que la Fiscalía revise la actuación del área de verificación. Apuntó que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías contempla facultades de supervisión sobre construcciones, demoliciones y derribos, por lo que pidió determinar si existió alguna omisión. “Que no nos crean a nosotros, que no se quede en un intercambio político, que venga la revisión por parte de la autoridad”, afirmó.
Sobre la versión de César Garrido de que la alcaldía no recibió denuncias vecinales durante la ejecución de la demolición, García explicó que integrantes de las COPACO de las cuatro secciones de Escandón buscaron a los diputados Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo para transmitirles su preocupación por lo ocurrido. El morenista consideró que el desplome pudo tener consecuencias mayores al alcanzar la vía pública y sostuvo que “la vida e integridad de la gente no puede estar a merced de la suerte”.
El legislador también rechazó que el caso de Moliere 88, mencionado por Garrido para cuestionar la administración de Romo, sirva para deslindar a la actual alcaldía. Señaló que cualquier irregularidad heredada debió documentarse durante la entrega-recepción de 2021 y pidió concentrar la investigación en Minería 145. “Lo que no puede pasar es que esté habiendo esta clase de incidentes, problemas, tragedias en su alcaldía y no pase nada”, sostuvo.
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