La justicia administrativa enfrenta el reto de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que el ejercicio del poder público esté sujeto a la ley, planteó Andrés Ángel Aguilera Martínez, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX).
Durante el Seminario “La Justicia Administrativa en el Siglo XXI. A 90 años de la creación del Tribunal Fiscal de la Federación”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el magistrado señaló que los tribunales administrativos no deben limitarse a revisar formalmente los actos de las autoridades, sino contribuir a corregir abusos y proteger los derechos de las personas.
En su conferencia magistral “Servir a México: responsabilidad, poder y destino público”, Aguilera Martínez sostuvo que la legitimidad de las instituciones no depende únicamente de las leyes, los presupuestos o los discursos oficiales, sino de la manera en que las autoridades responden cotidianamente a las necesidades de la población.
El magistrado destacó que la ciudadanía actualmente observa y evalúa con mayor atención el desempeño gubernamental, por lo que administrar el poder no resulta suficiente. A su consideración, las instituciones deben justificar sus decisiones mediante resultados, explicaciones claras y servicios públicos que funcionen.
Como referencia, citó datos de la ENCIG del INEGI, según los cuales 52.7 por ciento de la población de la Ciudad de México manifestó en 2023 estar satisfecha con los servicios públicos básicos, frente a 50 por ciento a nivel nacional. Aunque el indicador muestra un resultado favorable para la capital, también representa un margen de mejora en la calidad de los servicios.
Durante el encuentro, el presidente del TJACDMX destacó que cada resolución administrativa tiene consecuencias concretas para las personas, debido a que detrás de un expediente pueden encontrarse afectaciones al patrimonio, la actividad económica, la libertad o los derechos de un ciudadano.
Bajo esta perspectiva, los tribunales administrativos funcionan como una vía para revisar las decisiones de las autoridades y corregir aquellas actuaciones que no se ajusten a derecho.
Aguilera Martínez también planteó que el presupuesto público debe evaluarse más allá del dinero ejercido. El criterio, sostuvo, debe considerar qué problemas fueron resueltos y qué cambios produjo el gasto público en la vida cotidiana de la población.
La conferencia puso además énfasis en la necesidad de que quienes ocupan cargos públicos expliquen sus decisiones de manera comprensible, midan los resultados de las políticas y corrijan aquello que no funciona.
Otro de los planteamientos fue cambiar la relación entre autoridades y ciudadanos, de modo que las personas sean reconocidas como titulares de derechos y no como solicitantes de favores.
El seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reunió a magistrados, académicos y especialistas de tribunales administrativos federales y locales para analizar la evolución y los desafíos de esta rama de la justicia.
El encuentro se realizó a 90 años de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, antecedente del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, y abrió la discusión sobre el futuro del contencioso administrativo y la buena administración pública como un derecho de la ciudadanía.
En este contexto, Aguilera Martínez sostuvo que el poder público debe entenderse como una responsabilidad temporal y no como un patrimonio de quienes ocupan los cargos.
La premisa planteada durante la conferencia fue que la autoridad pública adquiere legitimidad cuando sus decisiones se apegan a derecho, pueden ser explicadas y generan resultados verificables para la sociedad.
El TJACDMX, con 55 años de trayectoria, es un órgano jurisdiccional autónomo encargado de resolver controversias entre particulares y autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México en materias fiscal, administrativa y de responsabilidades.
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