La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dejó abierta la posibilidad de solicitar más adelante la reclasificación como feminicidio del crimen de Paola Buenrostro en el proceso contra Arturo “N”, detenido el 31 de agosto en el Estado de México, casi diez años después del crimen.
La primera imputación se formuló por homicidio calificado porque la investigación y la orden de aprehensión de 2016 se integraron bajo el marco jurídico vigente entonces. Esa acusación permitió presentar al detenido ante un juez, aunque puede modificarse si se incorporan elementos que acrediten los supuestos legales de feminicidio.
El pronunciamiento respondió a protestas de colectivos trans luego de la audiencia inicial. Las manifestantes marcharon al Búnker de la Fiscalía y luego a las oficinas de Río de la Loza, donde fueron arrojados petardos. El inmueble fue evacuado y revisado.
Activistas denunciaron malos tratos durante la comparecencia y reclamaron que el caso no fuera presentado como transfeminicidio. La Fiscalía admitió que la atención debe revisarse y que una falla se aparta de sus estándares. Reconoció el derecho a protestar, pero rechazó las agresiones y los daños a las instalaciones.
La dependencia precisó que reconoce a Paola como mujer trans. Señaló que la diferencia jurídica entre homicidio y feminicidio depende de demostrar que la agresión ocurrió por su condición de mujer, no del reconocimiento de su identidad. El expediente será reforzado para que un juez valore la reclasificación.
Según la investigación, Paola abordó la madrugada del 30 de septiembre de 2016 el automóvil de Arturo “N”, quien había solicitado sus servicios como trabajadora sexual. Poco después pidió ayuda a sus compañeras. Ellas la encontraron inconsciente en el asiento del copiloto y señalaron que el hombre tenía un arma. Paola murió por las heridas de bala.
Mientras el imputado permaneció prófugo, la Fiscalía practicó diligencias para localizarlo. En abril de 2023 ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información útil. La Policía de Investigación lo ubicó en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero.
La entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció en 2019 el asesinato como el primer transfeminicidio documentado por una autoridad capitalina. Su Recomendación 02/2019 señaló fallas en la pesquisa inicial y victimización secundaria contra una compañera. La Fiscalía ofreció una disculpa pública en 2021.
El caso impulsó la Ley Paola Buenrostro. Desde agosto de 2024, el Código Penal local contempla el transfeminicidio y establece penas de 35 a 70 años de prisión. El juez resolverá el 4 de septiembre si vincula a proceso a Arturo “N”, cuya defensa pidió ampliar el plazo constitucional. Hasta entonces permanecerá en prisión preventiva.
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