Una propuesta presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca que las personas con discapacidad queden exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de incorporar medidas para facilitar su acceso al empleo y fortalecer su participación en actividades económicas.
La iniciativa forma parte de un paquete de 11 propuestas y 16 puntos de acuerdo derivados del Parlamento Abierto de las Personas con Discapacidad 2026, en el que se plantearon modificaciones relacionadas con inclusión, accesibilidad y ejercicio de derechos.
Entre los cambios se plantea modificar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta. El objetivo es que las personas con discapacidad tengan condiciones fiscales y laborales que faciliten su incorporación a actividades productivas.
Uno de los principales puntos consiste en establecer una exención del ISR para este sector. La propuesta tendría que avanzar primero en el Congreso capitalino y, debido a que implica modificaciones a legislación federal, posteriormente sería planteada ante la Cámara de Diputados.
El paquete también contempla que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impulse programas destinados al autoempleo, el emprendimiento y la economía social de las personas con discapacidad.
En materia laboral, se propone que las personas con discapacidad puedan deducir de sus ingresos acumulables, para efectos del ISR, un monto equivalente a 100 por ciento de las inversiones realizadas para adaptar centros y puestos de trabajo.
Las propuestas no se limitan al ámbito fiscal. También se plantea crear una figura de Consulta Ciudadana para que las personas con discapacidad puedan participar en decisiones que les afecten directamente.
Otro de los puntos busca garantizar que esta población pueda ejercer libremente sus derechos relacionados con la voluntad anticipada y el acceso a cuidados paliativos.
La propuesta se encuentra todavía en proceso legislativo, por lo que la exención del ISR no representa actualmente un beneficio fiscal vigente. Su eventual aplicación dependerá de la discusión y aprobación de las reformas correspondientes.
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