La Zona Metropolitana del Valle de México contará antes de junio de 2027 con un nuevo plan de ordenamiento territorial con visión hacia 2050; la iniciativa busca atender los problemas de agua, movilidad, contaminación y vivienda que afectan a más de 22 millones de habitantes.
La propuesta contempla una estrategia conjunta entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos; las cuatro entidades reúnen 84 municipios y alcaldías donde se genera el 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, anunció una consulta pública de 60 días naturales que concluirá el 22 de noviembre; durante este periodo se realizarán más de 70 eventos comunitarios para conocer propuestas de la población.
El proyecto no contempla cambios de uso de suelo, ni nuevos impuestos; los legisladores capitalinos señalaron que la propuesta respeta la propiedad privada y conserva las facultades locales, para otorgar permisos de construcción y cobrar el predial.
Entre las prioridades aparecen la regeneración ambiental, el fortalecimiento agroecológico, el desarrollo económico y la equidad social; el diagnóstico inicial incorporó aportaciones de más de dos mil ejidatarios, académicos y especialistas de la región.
El Congreso de la Ciudad de México habilitará buzones y módulos legislativos para facilitar la participación ciudadana; los grupos parlamentarios buscan construir un consenso entre distintas fuerzas políticas antes de definir el documento final.
La meta es coordinar las políticas públicas de las cuatro entidades y establecer una ruta común para el desarrollo metropolitano; el plan también contempla una armonización legislativa en materia de infraestructura y desarrollo urbano.
Una vez concluida la consulta, el Gobierno de México y los gobiernos estatales revisarán las propuestas recibidas; posteriormente, el documento ajustado llegará al pleno del Consejo de Desarrollo Metropolitano.
El organismo, integrado por las entidades federativas y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tendrá la responsabilidad de ratificar la versión definitiva; el proceso busca consolidar un modelo territorial acorde con las necesidades actuales de la metrópoli.
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