El despojo inmobiliario en CDMX podría tener nuevas sanciones cuando se cometa de manera organizada, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso capitalino que plantea penas de hasta 15 años de prisión y la inhabilitación de servidores públicos que participen dolosamente en este tipo de delitos.
La propuesta fue presentada por el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Orlando Garrido López, quien planteó crear un tipo penal específico para el despojo inmobiliario organizado, con el objetivo de fortalecer la protección de la propiedad y la vivienda.
La iniciativa considera que esta modalidad se configure cuando participen tres o más personas, exista un acuerdo previo o durante la ejecución de los hechos, haya una distribución de funciones o aportación de medios y los involucrados participen en dos o más casos distintos de despojo.
De acuerdo con el planteamiento, el despojo puede dejar de ser un conflicto entre particulares cuando existe una estructura que permite realizar operaciones para apropiarse de inmuebles mediante distintas prácticas ilícitas.
Entre los supuestos señalados se encuentran la fabricación o simulación de documentos, la suplantación de identidad, el acceso indebido a información patrimonial y el uso de redes de corrupción para aparentar que una operación inmobiliaria es legal.
Por ello, la propuesta busca establecer herramientas específicas para que las autoridades puedan investigar y sancionar estos casos cuando exista una actuación coordinada entre varias personas.
La iniciativa plantea una pena adicional de 10 a 15 años de prisión, además de una sanción económica de entre 6 mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), sin sustituir las penas que correspondan por el delito de despojo.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es el tratamiento para servidores públicos que intervengan en estos hechos.
Garrido López plantea establecer como agravante que una persona funcionaria utilice deliberadamente su cargo, sus atribuciones o el acceso a información oficial para facilitar el despojo. También contempla este supuesto cuando intervengan personas con fe pública o quienes tengan acceso a documentos, bases de datos, sistemas de información o información patrimonial y proporcionen esos recursos para cometer directamente el ilícito.
En el caso de los servidores públicos, la iniciativa también contempla su destitución e inhabilitación, además de las demás sanciones previstas.
El diputado sostuvo que la propuesta busca reforzar la protección jurídica de la propiedad y la posesión, así como cerrar espacios que puedan ser aprovechados por grupos dedicados al despojo organizado.
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