Por el delito de homicidio culposo cometido en agravio del fotoperiodista Miguel, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de María del Pilar ‘N’, quien se desempeñaba como responsable oficial de Protección Civil en el festival Axe Ceremonia 2025; el fallo judicial deriva de las investigaciones iniciadas tras el colapso de una estructura decorativa sobre los reporteros gráficos en el Parque Bicentenario.
El trágico suceso ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando una plataforma elevadora con adornos de gran tamaño colapsó sobre Miguel y Berenice, cobrando la vida de ambos comunicadores mientras realizaban la cobertura mediática del evento masivo; las indagatorias periciales establecieron que las grúas empleadas no figuraban en el Programa Especial de Protección Civil entregado a las autoridades capitalinas y que su montaje ocurrió de manera extemporánea tras las inspecciones oficiales.
¿Cómo se desarrollaron las investigaciones de la Fiscalía CDMX?
Para sustentar la imputación ante el órgano jurisdiccional, el agente del Ministerio Público ejecutó más de 120 entrevistas, dictámenes periciales en diversas materias, inspecciones oculares y revisiones de material videográfico; asimismo, las diligencias incluyeron declaraciones de funcionarios públicos, cuerpos de emergencia y personal técnico vinculado con la producción y logística del concierto.
El rastreo de responsabilidades permitió examinar la conducta de quienes operaban la maquinaria pesada, de los encargados del área de seguridad y de tres personas morales involucradas; entre las firmas investigadas figuran las empresas responsables de la organización del festival, de la administración del espacio público y de la ambientación del recinto.
¿Cuáles fueron las medidas cautelares dictadas por el juzgador?
Durante la audiencia inicial iniciada el 14 de octubre de 2026, la representación social formuló la acusación formal contra María del Pilar ‘N’; el juez de la causa fijó como medidas cautelares la presentación periódica bimestral y la prohibición estricta de acercarse a las víctimas indirectas, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
De manera paralela, el Ministerio Público imputó a otras siete personas físicas: Eduardo ‘N’, Marcos Francisco ‘N’, Martín ‘N’, María ‘N’, Nathalie ‘N’, Rodrigo Napoleón ‘N’ y Pedro ‘N’, imponiéndoles la obligación de acudir periódicamente ante la autoridad y la restricción de acoso hacia los familiares afectados; por su parte, a las tres personas morales se les requirió una garantía económica de 500 mil pesos.
¿Cuándo se resolverá la situación jurídica de los demás imputados?
La defensa legal de las diez personas físicas y morales solicitó la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas en favor de sus representados; por tal motivo, el juzgador suspendió la sesión para reanudar la continuación de la audiencia el próximo domingo 18 de octubre de 2026.
En dicha comparecencia, la autoridad judicial resolverá la vinculación a proceso del resto de los señalados en la carpeta de investigación; entretanto, las instituciones ministeriales mantendrán las acciones legales correspondientes para garantizar el esclarecimiento de los hechos.
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