El bloqueo de los accesos a la Cámara de Diputados por parte de trabajadores sindicalizados y jubilados obligó a suspender actividades legislativas este miércoles, luego de que los manifestantes exigieran la restitución de apoyos económicos y prestaciones que dejaron de recibir desde abril de 2026.
La protesta comenzó alrededor de las 6:30 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde fueron cerrados los accesos peatonales y vehiculares para impedir el ingreso de diputados y trabajadores. Los inconformes reclamaron la reactivación del denominado numeral 23, un convenio de prestaciones económicas, sociales, culturales y recreativas que, aseguran, representa una conquista sindical de más de 42 años.
De acuerdo con los jubilados, la cancelación del acuerdo afectó a cerca de 400 extrabajadores sindicalizados, quienes dejaron de recibir un apoyo mensual de aproximadamente 11 mil 992 pesos, además de despensas y ayudas anuales para anteojos y transporte.
Los manifestantes también exigieron una mesa de diálogo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, y los integrantes de ese órgano legislativo, al considerar que la suspensión de los beneficios afecta derechos laborales adquiridos.

En respuesta a la protesta, la Cámara de Diputados informó que los inconformes demandan recursos adicionales a sus pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por un monto estimado de 114 millones de pesos anuales.
Según el órgano legislativo, la petición contempla un apoyo mensual de alrededor de 14 mil pesos, además de un pago adicional de 50 mil pesos al cierre del año.
Ante las restricciones presupuestales, la Cámara ofreció un pago único de aproximadamente 56 mil pesos, equivalente a cuatro meses del apoyo económico que recibían. La propuesta fue aceptada por 248 jubilados, de acuerdo con el comunicado oficial.
Sin embargo, la inconformidad se mantuvo entre los manifestantes, quienes también señalaron restricciones para ingresar a actividades de la Cámara y utilizar servicios que anteriormente tenían disponibles como extrabajadores.
Durante la protesta, algunos jubilados exhibieron mantas contra la dirigente sindical, Irma Sánchez Aguilar, a quien responsabilizaron de no defender sus prestaciones.
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