El gobierno de Donald Trump puso fin el viernes a un contrato federal que garantizaba representación legal a cerca de 26,000 niños migrantes no acompañados en Estados Unidos, una medida que, según abogados de inmigración, aceleraría la deportación de miles de menores en situación de vulnerabilidad.
El contrato proporcionaba fondos para que abogados representaran a estos niños en tribunales de inmigración mientras permanecían bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados.
Al menos 4,000 de ellos se encuentran en California, según reporta Luis De Jesús para El Diario NY.
“Esto tendrá un efecto devastador en nuestros clientes”, advirtió Joel Frost-Tift, abogado de Public Counsel, en entrevista con Los Angeles Times.
“Los inmigrantes tienen entre cinco y seis veces más probabilidades de ganar su caso si cuentan con representación legal.
Perder este derecho será muy perjudicial para ellos”, agregó.
El Centro Acacia para la Justicia, que recibe aproximadamente $200 millones de dólares anuales en fondos federales para brindar asistencia legal a niños migrantes, confirmó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos solo permitirá que sigan ofreciendo orientación legal gratuita, pero no podrán financiar la defensa de los menores en tribunales.
Organizaciones de asistencia legal y defensores de derechos humanos, indicó el medio, han instado a la administración Trump a revertir la decisión porque consideran que pone en riesgo la seguridad de los niños y viola su derecho al debido proceso.
“Esta decisión socava el acceso a la justicia, afecta desproporcionadamente a los niños más vulnerables y los expone a mayores riesgos de explotación y abuso”, denunció Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia, a Los Angeles Times.
La falta de representación legal también podría aumentar las deportaciones de menores, ya que los niños sin abogado se presentan en sus audiencias solo en un 33% de los casos, en comparación con el 95% de aquellos que cuentan con defensa, según el Consejo Americano de Inmigración.
La decisión del gobierno de Trump se suma a otras políticas de endurecimiento migratorio.
Según un memorando reciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los agentes tienen la orden de localizar y deportar a menores migrantes no acompañados que no se presenten en sus audiencias de inmigración.
Sin apoyo legal, muchos de estos niños podrían perder la oportunidad de obtener el estatus especial de inmigrante juvenil, el cual les permitiría permanecer en Estados Unidos si demuestran que fueron víctimas de abuso, abandono o trata de personas.
Por ahora, abogados de diversas organizaciones aseguran que seguirán representando a los menores en la medida de sus posibilidades, aunque sin financiamiento federal, su capacidad de acción es incierta.
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