Una inspección judicial en los terrenos de un conocido centro de asistencia animal en el norte de California destapó lo que las autoridades locales han calificado como una auténtica escena terrorífica de abuso masivo. La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt confirmó el hallazgo y exhumación de al menos 117 perros muertos enterrados en fosas comunes dentro de la propiedad de Miranda’s Rescue Animal Sanctuary, un complejo de 20 hectáreas localizado en la comunidad de Fortuna, California. Los peritajes forenses preliminares arrojaron que una gran parte de los caninos presentaba heridas de bala como causa directa del deceso.
La intervención de las corporaciones policiacas se derivó de una investigación penal que comenzó a estructurarse desde el pasado mes de abril, luego de que un grupo de activistas y vecinos colindantes utilizaran cámaras de rastreo ocultas para vigilar movimientos sospechosos de entierros nocturnos. Durante los cateos efectuados en el transcurso de esta semana, los agentes recolectaron 21 cráneos caninos adicionales, centenares de restos óseos dispersos y más de 600 collares. Asimismo, los investigadores localizaron una sección específica dentro de un granero que, de acuerdo con los indicios balísticos y biológicos asegurados, era utilizada activamente como zona de ejecución para acabar con la vida de los animales que eran transferidos al lugar por ciudadanos o por otros refugios municipales.
Para dimensionar el daño, los peritos forenses emplearon radares de penetración terrestre que ubicaron los 117 cuerpos intactos en distintos niveles de descomposición. Al examinar 70 de los cadáveres mediante rayos X portátiles, se constató la presencia de fragmentos de metal correspondientes a proyectiles de armas de fuego. Por su parte, la fundadora del centro, Shannon Miranda, emitió un pronunciamiento institucional días previos a la intervención donde defendía que el recinto operaba bajo un estricto esquema donde supuestamente no se practicaba la eutanasia para liberar espacio, argumentando que los sacrificios se limitaban a situaciones de enfermedades terminales o conductas agresivas. Pese a que la investigación formal apenas comienza y no se han presentado cargos penales directos, las autoridades mantienen la propiedad bajo resguardo por los delitos de fraude, conspiración y crueldad animal.
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