El gobierno de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas de Baja California por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa, en una medida que alcanza a políticos, exfuncionarios, empresarios y operadores señalados por las autoridades estadounidenses.
La acción fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro el pasado 29 de septiembre y publicada este 6 de octubre en el Registro Federal de Estados Unidos. Entre los sancionados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
El Departamento del Tesoro vincula a los hermanos Torres con una estructura de corrupción y lavado de dinero relacionada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la dependencia estadounidense, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del grupo criminal, mientras que Luis Torres habría participado en el manejo y lavado de recursos a través de empresas y campañas políticas.
La lista también incluye a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas y exasesor del gobierno de Baja California. El Tesoro estadounidense los señala por presunto apoyo a las operaciones de la organización criminal.
Entre los nombres relacionados directamente con el grupo criminal aparece Ismael Zambada Sicairos, conocido como Mayito Flaco y señalado por Estados Unidos como líder de Los Mayos. También fueron incluidos los hermanos Alfonso y René Arzate García, identificados por las autoridades estadounidenses con los alias de Aquiles y La Rana.
Las medidas también alcanzan a compañías vinculadas, de acuerdo con el Tesoro estadounidense, con integrantes de esta red. Entre ellas se encuentran Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Xolo Gas de Baja California, además de otras empresas incluidas en la relación publicada por OFAC.
El Departamento del Tesoro sostiene que algunas de estas compañías son propiedad, están controladas o habrían actuado en nombre de personas sancionadas. En particular, OFAC relacionó varias de ellas con Luis Torres y otras con Pedro Ariel Mendívil y Rafael Buenrostro.
La operación forma parte de una acción más amplia de Estados Unidos contra estructuras del Cártel de Sinaloa y sus redes financieras y de corrupción en Baja California. El Tesoro estadounidense señaló que su objetivo es afectar a operadores del grupo, lavadores de dinero y funcionarios a los que acusa de permitir sus actividades cerca de la frontera con Estados Unidos.
¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?
Las sanciones establecen el bloqueo de los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas designadas que estén sujetos a la jurisdicción estadounidense. Además, en términos generales, las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones con los sancionados.
La medida también puede extenderse a compañías que sean propiedad directa o indirecta de una persona sancionada en una proporción de 50 por ciento o más. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten determinadas operaciones con las personas designadas pueden quedar expuestas a sanciones adicionales.
La publicación de OFAC constituye una medida administrativa y financiera del gobierno estadounidense. La designación no representa por sí misma una sentencia penal de un tribunal contra las personas señaladas.
En su comunicado, el Departamento del Tesoro atribuyó a los sancionados distintos niveles de participación en actividades de apoyo financiero, material o logístico al Cártel de Sinaloa. Las acusaciones forman parte de los fundamentos utilizados por el gobierno estadounidense para imponer las sanciones.
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