La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra el titular de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, quien, por órdenes de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, orquestó un operativo ilegal con 300 granaderos para confiscar la propaganda mediante la cual denunciaban la corrupción que ha colapsado al Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Cuevas imputa en su denuncia contra el contralor por privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de la fuerza pública y coalición de servidores públicos.
Además interpuso otro recurso contra la titular del órgano Interno de Control, Sofia Karina Rosas Lozas; y la titular de la jefatura de la unidad departamental de investigación del órgano interno de control de la demarcación, Susana Flores Palomo, porque fueron ellos, quienes le advirtieron a la Jefa de gobierno de la propaganda que exhibía su corrupción.
“Presentamos la denuncia de hechos por el delito de privación ilegal de la libertad, irrupción de las oficinas de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc, sin una orden que facultara a persona alguna a hacer, así como intervención de un supuesto lugar de los hechos en el que no puede existir flagrancia por no existir siquiera detenidos”, indicó la alcaldesa.
Sandra Cuevas indicó que mientras se realizaba la diligencia no se permitió salir al personal de la alcaldía, “mientras estaban en el lugar revisando, grababan con su teléfono celular y tomaban fotografías, sin permitir que el personal de la alcaldía que se encontraba retenido pudiera hablar por teléfono ni salir de la oficina”.
“El señor que llegó de nombre Juan José Serrano Mendoza que dijo ser el secretario de la Contraloría, se fue hacia la puerta de acceso a la oficina y permitió el acceso del fiscal de investigación territorial en Cuauhtémoc, sin permitir el acceso de personal de la alcaldía, manteniendo aun privados de la libertad a los cinco servidores públicos que laboran en la dirección general de Desarrollo Social”, expone la denuncia de hechos.
