Detrás de actos de violencia como el ocurrido el domingo pasado en el estadio corregidora de Querétaro se localiza una de las estructuras de poder que le ha quitado al Estado su función reguladora en los deportes: la propiedad directa sobre equipos e indirecta sobre transmisiones y patrocinadores de las dos cadenas privadas mexicanas de televisión, Azteca y Televisa.
Por decisión de las televisoras en cuanto a la utilización del espacio masivo de deportes como mecanismo de control de masas y de distractor de la realidad, los estadios –incluyendo las universidades públicas que patrocinan equipos– son los promotores de los contratos de exclusividad de las cerveceras y refresqueras que retacan de comida chatarra y de alcohol a los asistentes.
Inclusive, se ha dado el caso de que en el estadio de Ciudad Universitaria de la capital de la república se venda cerveza en vasos con el logotipo de la súper poderosa empresa Corona acompañada del escudo oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México como promotora de la alcoholización de los asistentes.
En una de las más impactantes fotografías de los incidentes de violencia del domingo en el estadio corregidora aparece la confrontación entre miembros de las porras violentas de los dos equipos en pugna y en medio aparece en el aire un refrigerador de la cerveza Corona.
Y el problema no solo radica en la venta oficial de cervezas dentro de los estadios, sino a las evidencias concretas de venta de diferente tipo de drogas en las puertas de las entradas e inclusive en algunos de los pasillos interiores, sin que las autoridades impidan el tráfico o prohíban la venta, con datos que deberán verificarse sobre el hecho de que los vendedores de droga lo hacen con entendimientos con las autoridades policiacas.
El control de las dos televisoras sobre los patrocinios y los contratos de transmisión exclusiva configuran un control privado de un deporte público, incluyendo el hecho de que la selección mexicana de futbol representa a la república, pero es administrado por los intereses de las dos televisoras y de los grupos de poder que tienen la propiedad de los equipos, incluyendo alianzas con políticos en retiro o políticos en funcionamiento. El Congreso de la Unión no ha querido ni podido romper la red de intereses del futbol profesional mexicano porque no ha querido confrontarse con el poder político y económico de las televisoras.
La influencia de las televisoras en el futbol no se percibe solo en las transmisiones y contratos de patrocinio, sino que se extiende al control sobre todas las estructuras intermedias de ese deporte, con sospechas crecientes de tráfico de influencias para beneficiar decisiones arbitrales a favor de los equipos preferidos.
Un paso fundamental hacia la regulación institucional del futbol profesional sería la prohibición legal para que las empresas televisoras encargadas de la retransmisión de los partidos tuviera la propiedad de algún equipo, porque han sido muchos los casos en que decisiones arbítrales benefician al equipo América por ser propiedad de la empresa Televisa.
En este contexto se registra también el hecho de que la polarización y fanatización del deporte es inducida por los cronistas y narradores de los partidos introduciendo desánimos que suelen derivar en expresiones de violencia en la cancha o en las gradas. Los cronistas tienen una responsabilidad mayor en tanto que sus expresiones inducen respuestas conductuales en la población aficionada al deporte que cae en la manipulación de fanatismos.
No es la primera vez que ocurren actos de violencia derivados de una estructura de funcionamiento empresarial de un deporte, como tampoco será la primera vez en que las autoridades responsables de regular el deporte se nieguen a aplicar la ley y a hacer funcionar la comisión especial contra la violencia en el deporte., porque se trata de funcionarios menores que no desean confrontarse con el poder de Televisa o TV Azteca.
