Por Eduardo Gómez de la O
El escenario de la pandemia del COVID, la crisis económica que aún nos aqueja en el país y la inflación que no cede, trae severas consecuencias en las finanzas públicas de las entidades federativas en México.
La crisis ha mostrado las debilidades estructurales de las finanzas estatales y evidencia la urgente necesidad de un nuevo pacto fiscal que contribuya al desarrollo regional, el fortalecimiento de unas finanzas públicas sanas de los estados y sobre todo al logro de un mayor bienestar de la población.
Balance Presupuestario. – A partir de 2016 el balance presupuestal de las entidades federativas presenta un deterioro en su resultado.
En promedio anual el superávit del Balance Presupuestario significa $22,965 mdp. El pago del servicio de la deuda pública significa $58,838 mdp. Por lo que no es suficiente para hacer frente a estos compromisos. El resultado de 2019-2020 nos indica que las entidades federativas se encuentran en una crisis estructural de gran magnitud, ya que en estos años se requería un superávit mayor en 250,000 mdp a los 22,842 mdp que se observaron en el periodo de referencia.
Los últimos dos años del periodo 2006-2020 el superávit del BP significa 0.81% y 0.21% del ingreso Ordinario, cuando se requiere por lo menos un superávit del 6%.
El Ingreso Ordinario crece a una tasa promedio anual del 7.09% y la tasa de crecimiento promedio anual del Gasto Ordinario es del 7.33%. Lo que muestra la fragilidad de la política fiscal de las entidades federativas y su vulnerabilidad a eventos como el COVID-19 y su dificultad para enfrentar un proceso de Recuperación Económica Sostenible, con la estructura de Ingresos Ordinarios y Gastos Ordinarios que actualmente presentan lo que hace evidente la necesidad de programas de ajuste fiscal y una II Convención Nacional Hacendaria.
La caída del resultado del BP como porcentaje del PIB con respecto a la caída del PIB es mucho mayor, lo que indica que más allá del efecto de la crisis económica, lo que prevalece son problemas estructurales de las finanzas públicas de las entidades federativas en el resultado del BP.
Balance Financiero. – El Balance Financiero de las entidades federativas ha mostrado de manera permanente un resultado deficitario al pasar de -5,957 mdp en 2006 a -154,055 mdp en 2020, con una tasa de crecimiento del -2,732.05%. De 2006 a 2008 presenta un déficit de -5,957 mdp promedio anual, sin embargo de 2009 a 2011 pasa de un déficit de -29,712 mdp a -83,427 mdp. un crecimiento del 280.78% en tres años.
El pago del servicio de la deuda ha venido creciendo a una tasa promedio anual del 17.42% durante el periodo 2006-2020, presentando tres momentos; el primero de 2006 a 2009 en donde se presenta una reducción en el ritmo de crecimiento del -6.77%, el segundo de 2010 a 2016 cuyo crecimiento pasa a un promedio anual del 18.99%, y el tercero de 2017 a 2020 el ritmo de crecimiento pasa a un promedio anual del 32.81%. Un factor que nos ayuda a entender el crecimiento del servicio de la deuda pública es el esquema de financiamiento de la Obra Pública. De 2006 a 2008 el saldo del BF Neto de Obra Pública permitió que la obra pública fuera financiada en un 92.93% con recursos fiscales, bajando a 54.52% de 2009 a 2016, y en 2017-2020 el saldo negativo del BF Neto de Obra Pública nos permite afirmar que hoy el 100% de la Obra Pública está financiada con Deuda Pública. Hasta 2016 el saldo deficitario del Balance Financiero se había cubierto con recursos fiscales, tal como lo muestra la relación Balance Presupuestario y Balance Financiero Netos de Obra Pública, sin embargo en 2017 el saldo del BP no fue suficiente para cubrir las obligaciones financieras derivadas de la deuda pública, lo que da como resultado un déficit acumulado del BF por -178 mmdp de 2017 a 2020, mismos que han sido cubiertos con recursos de deuda pública lo que contraviene lo dispuesto en la propia Constitución de la República.
Resultado Fiscal.- El Resultado Fiscal de las Entidades Federativas nos muestra un superávit permanente durante el periodo 2006-2020 de 27,800 mdp promedio anual, que dadas las condiciones fiscales de las entidades federativas, nos habla de un subejercicio de los recurso de inversión pública que tienen como fuente de financiamiento la deuda pública, pero también refleja que este subejercicio corresponde a un gasto no reflejado en las cuentas públicas, bajo una práctica muy común en las entidades federativas que es ejercer los remanentes fiscales del ejercicio fiscal anterior sin incorporarlos a
Ley de Ingresos como remanentes de ejercicio fiscales anteriores y tampoco los incorporan al presupuesto de egresos del siguiente año como ADEFAS o como gasto con fuente de financiamiento de disponibilidades liquidas al cierre del ejercicio. La cuenta de ajuste para lograr el superávit en Resultados Fiscales es el endeudamiento, sin embargo, esto ha llevado a un crecimiento importante del saldo de la deuda pública de las entidades federativas y a un incremento del pago del servicio de la deuda pública, disminuyendo la inversión pública y ocultando el problema estructural en que se encuentran las finanzas públicas de las entidades federativas en términos del Balance Presupuestario y Financiero.
Conclusiones: 1.- Es necesario transformar la Gestión Fiscal de las entidades federativas en una verdadera Política Fiscal. 2.- Resulta impostergable el cabal cumplimiento de la implementación técnica y tecnológica de las disposiciones legales en materia de gestión basada en resultados, armonización contable, transparencia y disciplina financiera. 3.- Es necesario reestructurar los esquemas de deuda pública y mejorar el perfil del endeudamiento de las entidades federativas con el apoyo del gobierno federal. 4.- Las entidades federativas requieren incrementar de manera importante los niveles de inversión pública productiva y mejorar la calidad de la misma. 5.- Diversificar las fuentes de financiamiento para la inversión pública productiva, incrementando el ahorro interno de recursos fiscales, fortaleciendo los esquemas de participación público-privada y gestionando con el gobierno federal una distribución de la inversión pública federal en las regiones del país que impulse el desarrollo regional de manera equitativa. 6.- Pugnar por la realización de una II Convención Nacional Hacendaria que permita: Revisar las potestades tributarias de las entidades federativas; Revisar los procesos de descentralización del gasto público; Coordinar el acceso a recursos de deuda pública más baratos y de más largo plazo para las entidades federativas, con el aval y la intermediación de la SHCP del gobierno federal; Fortalecer los procesos de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de la hacienda pública de las entidades federativas, y concluir los procesos de implementación de las medidas de disciplina financiera en las entidades federativas.
El autor es presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público, A.C.
