Por Gabriel Lerner
En momentos de crisis económica como la desatada por la pandemia, es obligación del gobierno federal ayudar a la población de bajos ingresos.
Efectivamente, la administración Biden, ni bien tomó el poder en enero pasado, pasó para ello el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Inversión en
Infraestructura y Empleos
Millones de adultos y sus dependientes recibieron pagos de $1,400; el seguro de desempleo de 300 dólares semanales se extendió hasta el 6 de septiembre; un programa brindó beneficios después de que los estatales se agotaron. Aumentó el crédito tributario por hijos. El rango de edad elegible se amplió y millones de trabajadores se incorporaron al sistema.
Crecieron los programas de nutrición suplementaria; se suministró a las familias dinero para compensar las comidas escolares pérdidas durante el cierre de escuelas.
Se otorgaron créditos fiscales a los empleadores para reembolsar los costos de proporcionar licencia pagada y se enviaron $36,000 millones a colegios y universidades para mantenerlas abiertas, culminando con una pausa en el pago de préstamos estudiantiles hasta mayo del presente año.
Estos son solo los principales programas puestos en marcha el año pasado.
Como resultado de ello, junto con la vacunación masiva, nuestra economía mostró fuertes signos de recuperación desde los últimos meses de 2021. Para el año, creció 5,7% y generó un récord de 6,4 millones de empleos. En contraste, en 2020, la economía se había contraído un 3,4 % y perdido 9,4 millones de puestos de trabajo. 2021 fue el mejor año de crecimiento desde 1984.
Pero, aunque la pandemia no ha terminado, los programas de protección federal han estado expirando uno tras otro. La red de seguridad está por desaparecer, poniendo en peligro a las familias y trabajadores de bajos ingresos.
Adicionalmente, la recuperación está amenazada por la inflación: 7% en 2021, la más alta en 40 años (otra medición preferida por el Fed la establece en 5.8%). Suben los precios de artículos de primera necesidad, sin que se vean balanceados por aumentos salariales, lo que convierte a los trabajadores en quienes cargan con el precio de la crisis.
Debajo de la superficie se agolpan historias de falta de recursos para quienes de cualquier manera carecían de ellos.
Millones viven de salarios bajos por horario, o pasan de un empleo a otro porque no alcanza, o no tienen ahorros a los que recurrir, o están clavados en trabajos donde no ha habido aumentos a pesar de la alta demanda actual
Muchas familias latinas, por falta de otras alternativas, se unen a la economía informal, entablan actividades precarias y sin red de seguridad.
Es pues primordial que los programas federales se renueven y expandan, y que el énfasis de la recuperación económica sea en las canastas de las familias. Un ejemplo sería el aumento del salario mínimo federal a $15 por hora para 2025. Esto sacará de la pobreza a entre 1.8 y 3.7 millones de personas; la Cámara de Representantes lo aprobó, pero está estancado en el Senado. Otras medidas necesarias son créditos fiscales permanentes, licencia familiar y médica pagada, atención médica asequible.
De lo contrario, se podría echar por tierra la recuperación conseguida a tan alto precio.
