A medida que el reloj marca las últimas horas del 30 de septiembre de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos se adentra en un cierre parcial de operaciones por quinto vez desde 2013, un drama político que paraliza no solo las luces de los edificios federales, sino también la confianza económica de la nación. El memorando M-25-35 de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), emitido esta tarde por el director Russell T. Vought, confirma lo inevitable: a partir de las 11:59 p.m., cientos de miles de empleados federales serán suspendidos sin pago, y servicios no esenciales se detendrán hasta que el Congreso apruebe un financiamiento. Pero este no es un capítulo aislado; es el último acto en una saga de polarización bipartidista que ha costado miles de millones de dólares y ha erosionado la fe en las instituciones democráticas.
LOS ANTECEDENTES: UNA DÉCADA DE IMPASES PRESUPUESTARIOS
Los shutdowns —cierres parciales del gobierno— no son un fenómeno nuevo en la era moderna de Washington, pero su frecuencia ha aumentado drásticamente desde 2013, convirtiéndose en una herramienta de negociación partidista más que en un accidente presupuestario. Estos eventos ocurren cuando el Congreso falla en aprobar las 12 leyes de apropiaciones anuales o una resolución continua (CR) antes del fin del año fiscal, el 30 de septiembre. El resultado: agencias federales operan solo con fondos para funciones «esenciales» como seguridad nacional, mientras el resto entra en modo de contingencia.
El primero de la serie moderna estalló en octubre de 2013, durando 16 días y costando entre 2.000 y 6.000 millones de dólares en PIB perdido. La causa: republicanos en la Cámara de Representantes, bajo la influencia del Tea Party, exigieron retrasos en la implementación de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), bloqueando un presupuesto de rutina. El entonces presidente Barack Obama se mantuvo firme, y el impasse se resolvió con una CR temporal, pero dejó cicatrices: parques nacionales cerrados, pagos de veteranos retrasados y una caída en la aprobación presidencial.
La escalada llegó con la era Trump. En enero de 2018, un breve shutdown de tres días giró en torno al programa DACA para inmigrantes indocumentados y fondos para el muro fronterizo, afectando a 800.000 empleados federales con suspensiones mínimas pero simbólicas. El clímax fue el de diciembre de 2018 a enero de 2019, el más largo de la historia con 35 días, impulsado por la insistencia de Trump en 5.700 millones de dólares para el muro. Los demócratas, ahora con control de la Cámara, se negaron, generando un caos que incluyó cierres de monumentos icónicos y retrasos en reembolsos fiscales. El costo: 11.000 millones de dólares, una merma del 0,3% en el PIB y una lección amarga sobre los límites del poder ejecutivo.
En 2023, bajo el presidente Joe Biden, un shutdown de seis días en septiembre-octubre expuso fracturas internas republicanas en la Cámara, lideradas por el speaker Kevin McCarthy, quien buscaba recortes drásticos en gasto social y ayuda a Ucrania. La resolución llegó con una CR bipartidista, pero no sin destituir a McCarthy de su cargo.
Estos episodios revelan un patrón: la polarización extrema, donde republicanos priorizan recortes fiscales y demócratas defienden programas sociales, transforma el presupuesto en un campo de batalla ideológico. Desde 2013, los shutdowns han durado en total más de 60 días, con costos acumulativos superiores a 20.000 millones de dólares, según estimaciones del Congreso.
LA SITUACIÓN ACTUAL: UN BLOQUEO DEMÓCRATA Y LA ORDEN DE CIERRE
El memorando de la OMB, dirigido a los jefes de departamentos y agencias ejecutivas, pinta un panorama sombrío pero ordenado. Firmado por Vought —un aliado clave de Trump en su regreso a la Casa Blanca—, el documento culpa directamente a «senadores demócratas» por bloquear la H.R. 5371, una CR «limpia» aprobada por la Cámara el 19 de septiembre con 217 votos a favor (todos republicanos) y que extendería el financiamiento hasta el 21 de noviembre sin adiciones controvertidas. Los demócratas, según el memo, exigen al menos un billón de dólares en nuevo gasto para programas como infraestructura verde y alivio social, demandas que Trump rechazó categóricamente.
«Desafortunadamente, los senadores demócratas están bloqueando el paso de H.R. 5371 en el Senado debido a demandas políticas insensatas», reza el texto, que instruye a las agencias a ejecutar planes de contingencia para un «apagado ordenado». Empleados no esenciales deben reportar para cerrar operaciones en su próximo turno, mientras funciones críticas —como pagos de Seguridad Social y defensa— continúan. La OMB promete un nuevo memo para reanudar actividades una vez que Trump firme una ley.
Actualizaciones en tiempo real confirman el colapso: votos fallidos en el Senado alrededor de las 5:30 p.m. ET sellaron el destino, con el cierre oficial a medianoche. La Casa Blanca ha ordenado el shutdown, y Trump, en un discurso dirigido al Pentágono junto al nominado Pete Hegseth, amenazó con «recortes frescos» si el impasse persiste. Líderes demócratas, como el senador Chuck Schumer, acusan a los republicanos de «sabotaje ideológico», mientras un reloj oficial en whitehouse.gov cuenta las horas restantes. Con el 119º Congreso dividido —republicanos controlando la Casa y el Senado por márgenes estrechos—, la resolución parece lejana, potencialmente extendiéndose semanas.
ANÁLISIS ECONÓMICO: DAÑOS INMINENTES Y EFECTOS EN CADENA
Aunque los shutdowns son «parciales» —afectando solo al 20-30% de los 2,2 millones de empleados civiles federales—, sus ondas expansivas golpean la economía como un terremoto de magnitud variable. Para este de 2025, iniciado en un contexto de inflación persistente (3,2% anual) y crecimiento moderado (2,1% proyectado), los analistas prevén una merma inicial del 0,1-0,15% del PIB por semana, equivaliendo a 2.000-3.000 millones de dólares semanales en actividad perdida.
Directamente, 800.000 trabajadores serán suspendidos sin cheque de pago, reduciendo el consumo inmediato en sectores como retail y servicios —un golpe de 1.000 millones semanales solo en turismo, con parques como Yellowstone cerrados y vuelos retrasados por la FAA. El sector privado, que emplea a 160 millones, sentirá el eco: inspecciones de la FDA paralizadas podrían demorar exportaciones agropecuarias, y préstamos SBA se congelan, afectando a pequeñas empresas.
A mediano plazo, la confianza del consumidor —ya en 98,5 en el índice de la Universidad de Michigan— podría caer 3-5 puntos, como en 2019, frenando el gasto que representa el 70% del PIB. Mercados bursátiles, sensibles a la incertidumbre, registraron caídas del 1-2% en el S&P 500 en horas previas al cierre. Si se prolonga más de dos semanas, el impacto podría escalar a 0,5% del PIB anual, exacerbando la deuda federal (ya en 35 billones) y presionando tasas de interés.
Sin embargo, hay mitigantes: pagos retroactivos a empleados federales amortiguan el golpe personal, y la economía post-pandemia es más resiliente. Aun así, en un año electoral, este shutdown no solo drena recursos, sino credibilidad: ¿puede Washington gobernar cuando el presupuesto se convierte en rehén partidista?
Mientras el Capitolio duerme esta noche, la nación espera un amanecer de negociación. La historia sugiere que los impases terminan, pero a un costo que todos pagamos.
*Presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público AC.
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