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Economía

La deuda pública se duplica y el espacio fiscal se estrecha: el costo financiero desplaza a educación, salud e infraestructura/ Primera Parte

Eduardo Gomez de la O
Por Eduardo Gomez de la O Publicado agosto 13, 2026 8 Min de lectura
Foto: gobmx.org
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Entre diciembre de 2018 y junio de 2026 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) pasó de 10.55 a más de 19 billones de pesos. En el mismo periodo el costo financiero de la deuda se multiplicó por más de dos veces y media. Estos movimientos no son neutros ni inevitables, reflejan decisiones de política fiscal tomadas por dos administraciones y han tenido una consecuencia directa: la contracción del espacio fiscal y el desplazamiento del gasto en educación, salud e inversión física.

Contents
LA FOTOGRAFÍA ACTUALLA TRAYECTORIA Y SUS RESPONSABLES

LA FOTOGRAFÍA ACTUAL

Al 30 de junio de 2026 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 19 billones 47 mil 660 millones de pesos, equivalentes al 51.0% del PIB estimado por la Secretaría de Hacienda, en apenas seis meses el saldo nominal creció cerca de 470 mil millones de pesos respecto al cierre de 2025, aunque la razón deuda/PIB bajó 1.6 puntos porcentuales gracias al crecimiento del denominador (PIB), la deuda neta del Gobierno Federal alcanzó 17.85 billones de pesos y la del sector público federal (que incluye a Pemex, CFE y la banca de desarrollo) se situó en 19.60 billones.

La estructura del portafolio ofrece, en apariencia, motivos de tranquilidad, el 78% del Saldo Histotico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) es interno, dentro de la deuda del Gobierno Federal, el 84.6% está denominada en moneda nacional, con un plazo promedio de la deuda interna cercano a 8.3 años y un claro predominio de instrumentos a tasa fija, el componente externo mantiene plazos todavía más largos, superiores a los 15 años. Técnicamente, el perfil es sólido: reduce la vulnerabilidad ante movimientos abruptos del tipo de cambio y limita el riesgo de refinanciamiento de corto plazo, las calificadoras lo reconocen al mantener a México en grado de inversión.

Sin embargo, la solidez formal del portafolio convive con una realidad presupuestaria más dura. El volumen absoluto del servicio de la deuda ya compite de frente con las prioridades sociales, la proyección del costo financiero para el conjunto de 2026 supera el 1.5 billón de pesos, ese monto es mayor que el gasto estimado en salud y superior a la inversión física presupuestaria, en otras palabras, el Estado mexicano destinará este año más recursos al pago de intereses y comisiones de la deuda que a la operación y el fortalecimiento del sistema de salud pública o a la construcción y mantenimiento de infraestructura.

Esta tensión no es abstracta, cada peso que se destina al servicio de la deuda es un peso que deja de estar disponible para escuelas, hospitales, sistemas de agua, carreteras o redes de energía, la composición “saludable” del portafolio (pesos, tasa fija y plazos largos) no cancela el hecho de que el costo financiero se ha convertido en uno de los principales competidores del gasto prioritario. La fotografía actual muestra, al mismo tiempo, una deuda con perfil técnico aceptable y un servicio de esa deuda que ya erosiona de manera visible el espacio fiscal disponible para las funciones que construyen capacidades de largo plazo.

LA TRAYECTORIA Y SUS RESPONSABLES

El punto de partida es el cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2018 la deuda amplia se ubicaba en 10.55 billones de pesos, equivalentes a 43.6% del PIB, el costo financiero rondaba los 609 mil millones de pesos, había márgenes, casi la mitad del gasto neto todavía podía destinarse a funciones distintas del servicio de la deuda, las pensiones y las participaciones a estados y municipios.

A partir del 1 de diciembre de 2018 asumió Andrés Manuel López Obrador, los primeros dos años de su administración coincidieron con la pandemia, el SHRFSP saltó a 12.08 billones de pesos en 2020 y la razón deuda/PIB alcanzó 50.2%, fue un incremento comprensible en un contexto de emergencia, lo que vino después ya no lo fue tanto, entre 2021 y 2023 la deuda se moderó como porcentaje del producto, pero el stock nominal siguió creciendo, el verdadero punto de inflexión ocurrió en 2024, el último año del sexenio, ese año el saldo se disparó hasta 17.42 billones de pesos, el costo financiero superó el billón de pesos. La estrategia de financiamiento se concentró de manera casi exclusiva en el mercado interno, lo que redujo el riesgo cambiariopero elevó de forma estructural la carga de intereses que el presupuesto tendría que pagar en los años siguientes.

Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024, recibió una deuda que ya superaba los 17 billones de pesos y un costo financiero que competía de frente con el gasto en salud y en inversión física, en 2025 el SHRFSP cerró en 18.58 billones de pesos y el servicio de la deuda alcanzó aproximadamente 1.336 billones, por primera vez en la serie reciente, el pago de intereses superó con claridad al gasto en salud y a la inversión física presupuestaria, la proyección para 2026 ubica el costo financiero por encima de 1.5 billones de pesos, el espacio fiscal (la porción del gasto que queda disponible después de cubrir federalizado, pensiones y servicio de la deuda) se contrajo de casi 49% en 2018 a niveles cercanos a 38-41% en 2025-2026.

La narrativa oficial ha insistido en que la deuda se mantiene en niveles moderados y que el perfil es sólido porque predomina la moneda nacional y las tasas fijas, técnicamente es correcto, el 84% de la deuda del Gobierno Federal está en pesos y los plazos se han alargado, pero esa solidez formal no impide que el servicio de la deuda se haya convertido en uno de los principales competidores del gasto prioritario, cada peso que se destina a pagar intereses es un peso que no se destina a construir o mantener escuelas, hospitales, sistemas de agua o infraestructura productiva, esa es la renuncia fiscal concreta que se consolidó entre 2023 y 2026.

Las tres administraciones tienen responsabilidades diferenciadas. Peña Nieto entregó una deuda todavía manejable y un espacio fiscal relativamente amplio, López Obrador enfrentó la pandemia y decidió responder con un incremento significativo del endeudamiento, al tiempo que expandía de manera acelerada las pensiones no contributivas y mantenía una política de austeridad selectiva en inversión física, Sheinbaum heredó el stock y el costo financiero ya elevados, en sus primeros veinte meses el saldo ha seguido creciendo y el servicio de la deuda ha consolidado su posición como uno de los rubros más dinámicos del presupuesto.

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