EL DESPLAZAMIENTO DEL GASTO PRIORITARIO
La comparación entre el costo financiero de la deuda y el gasto en educación, salud e inversión física revela el costo de oportunidad con mayor nitidez. En 2018 el servicio de la deuda ascendía a 609 mil millones de pesos, una cifra inferior al gasto en educación (720 mil millones) y comparable al destinado a inversión física (680 mil millones). El presupuesto todavía mantenía un cierto equilibrio: el pago de intereses no desplazaba de manera visible a las funciones prioritarias del Estado.
Esa relación se fue modificando de forma gradual y luego acelerada, para 2022 el costo financiero había subido a 753 mil millones de pesos, mientras que educación, salud e inversión física también crecían, aunque a un ritmo menor, el verdadero punto de quiebre ocurrió a partir de 2023-2024. En 2024 el servicio de la deuda alcanzó 1 billón 202 mil millones de pesos, superando ya al gasto en educación y acercándose peligrosamente a los montos destinados a salud e infraestructura, un año después, en 2025, la brecha se amplió de manera contundente: el costo financiero llegó a 1 billón 336 mil millones de pesos, mientras que el gasto en salud se ubicó en 945 mil millones y la inversión física cayó a 770 mil millones, por cada peso que el Estado destinó ese año a infraestructura, destinó aproximadamente 1.7 pesos al pago de intereses y comisiones de la deuda.
La proyección para 2026 confirma y profundiza esta tendencia. El costo financiero se estima en 1 billón 536 mil millones de pesos, por encima del gasto previsto en educación (1 billón 239 mil millones) y claramente superior a los recursos asignados a salud e inversión física, lo que en 2018 era un rubro subordinado se ha convertido, en apenas ocho años, en uno de los principales competidores del gasto prioritario.
Esta no es una disputa contable ni un ejercicio retórico, es una renuncia fiscal concreta, los recursos que el Estado destina al servicio de la deuda son recursos que dejan de estar disponibles para construir y mantener escuelas, equipar hospitales, ampliar la cobertura de agua potable, modernizar carreteras o fortalecer la infraestructura energética, el costo de oportunidad se traduce, en la práctica, en menor capacidad del Estado para cerrar brechas sociales y productivas.
La deuda contraída en el pasado (especialmente la acumulada entre 2020 y 2024) está condicionando de manera creciente las posibilidades de gasto presente y futuro en las áreas que más impactan el bienestar y el crecimiento de largo plazo.
LA CONTRACCIÓN DEL ESPACIO FISCAL
El indicador más sintético de la pérdida de margen de maniobra es el espacio fiscal, entendido como el porcentaje del gasto neto que queda disponible después de cubrir las tres grandes obligaciones rígidas del presupuesto: el gasto federalizado, las pensiones y el costo financiero de la deuda. En 2018, al cierre del gobierno de Peña Nieto, ese residual ascendía a 48.5% del gasto neto, casi la mitad de los recursos todavía podía orientarse a funciones distintas del servicio de la deuda, las transferencias a estados y municipios y el pago de pensiones.
La pandemia de 2020 redujo ese margen a 44.5%, fue un ajuste comprensible en un contexto de emergencia, lo que vino después ya no se explica solo por la crisis sanitaria, en 2023, todavía bajo la administración de López Obrador, el espacio fiscal había bajado a 42%, para 2025, primer año completo del gobierno de Sheinbaum, se ubicó en 41.4%, la proyección para 2026 lo sitúa en torno a 38.5%, en ocho años el residual disponible se contrajo cerca de 10 puntos porcentuales del gasto neto.
TRES FUERZAS ESTRUCTURALES EXPLICAN ESTA REDUCCIÓN:
La primera es el crecimiento del costo financiero, impulsado por el mayor stock de deuda acumulado entre 2020 y 2024 y por el alza de las tasas de interés.
La segunda es la expansión acelerada de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas; estas últimas crecieron de manera particularmente dinámica durante el gobierno de López Obrador y se consolidaron como un gasto de carácter permanente.
La tercera es la inercia del gasto federalizado, que mantiene una proporción elevada y relativamente inflexible del presupuesto.
En 2025 estos tres rubros absorbieron cerca del 58.6% del gasto neto. El 41.4% restante es el que debe alcanzar para educación, salud, inversión física, seguridad y el resto de las prioridades públicas, ese residual cada vez más estrecho es el verdadero límite de la política fiscal, cuando el espacio fiscal se comprime de esta manera, el Estado pierde capacidad de respuesta ante nuevas demandas sociales o ante choques externos, y cualquier intento de ampliar el gasto prioritario termina financiándose con más deuda, alimentando el mismo ciclo que originó la pérdida de margen.
CONCLUSIONES
- La deuda pública federal se encuentra en niveles elevados, pero aún manejables bajo supuestos moderados de crecimiento y de tasas de interés. El SHRFSP en torno al 51-52% del PIB mantiene a México dentro del grado de inversión, aunque con un margen de seguridad menor que en 2018-2019.
- El perfil de la deuda es relativamente sólido (predominio de moneda nacional, tasas fijas y plazos largos), lo que mitiga riesgos de mercado. Sin embargo, la concentración en el mercado interno eleva la sensibilidad del costo financiero a las condiciones locales.
- El servicio de la deuda se ha convertido en un competidor directo del gasto social y de inversión. En 2025 y 2026 el costo financiero supera o se acerca a los montos destinados a salud e infraestructura, lo que representa una renuncia fiscal tangible.
- El espacio fiscal se ha reducido de manera estructural. La combinación de costo financiero, pensiones y gasto federalizado absorbe una proporción creciente del presupuesto, dejando un residual cada vez más estrecho para las funciones que generan crecimiento y bienestar de largo plazo.
- El periodo 2023-2026 marca un punto de inflexión. Después de una moderación relativa entre 2021 y 2023, el endeudamiento y el costo financiero retomaron una trayectoria ascendente que compromete el margen de maniobra futuro.
- Las implicaciones de política pública son claras. Recuperar espacio fiscal requerirá una estrategia integral que combine: (i) disciplina en el ritmo de endeudamiento, (ii) reformas que contengan el crecimiento de las pensiones, (iii) mayor eficiencia en el gasto federalizado y (iv) una reorientación prioritaria hacia inversión pública productiva y capital humano.
La deuda pública no es, por sí misma, un problema, el problema surge cuando su servicio desplaza de manera permanente el gasto que construye capacidades futuras, México se encuentra en una encrucijada en la que las decisiones de los próximos años determinarán si la deuda permanece como un instrumento de estabilización y desarrollo o se convierte en una carga que limita el potencial de crecimiento y de mejora del bienestar social.
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