México está lleno de empresas y corto de desarrollo.
El Censo, el crédito y el tratado comercial cuentan
la misma historia: el empleo está en la micro;
el valor, en otra parte.
México no tiene pocas empresas, tiene demasiadas que apenas alcanzan para vivir, esa es la fotografía que deja el Censo Económico más reciente y la que el debate público suele evadir cuando habla de competitividad, de relocalización o del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
En 2023 operaban en el país 5.47 millones de unidades privadas y paraestatales, el 99.8 por ciento eran micro, pequeñas o medianas, ahí trabaja siete de cada diez personas que el Censo alcanza a ver, ahí se genera, sin embargo, menos de la mitad del valor. Las grandes empresas (una de cada quinientas) producen el 54 por ciento. Una persona ocupada en una micro aporta unos 217 mil pesos de valor agregado al año, la misma persona, en una grande, aporta 1.06 millones, cinco a uno, el país no es pobre de establecimientos: es pobre de productividad en el empleo donde trabaja la mayoría.
Esa brecha no es un dato de gabinete, se ve en el mostrador que abre de lunes a domingo, en el taller que repara lo que la planta no quiere ver, en el comedor que alimenta al turno de la industrial y no aparece en ningún anuncio de inversión, se ve cuando el proveedor espera noventa días un pago que él, en el mercado, debió cubrir al contado, se ve, también, en la cuenta nacional del empleo. En julio de 2026 la informalidad laboral llegó a 56.2 por ciento, en los primeros siete meses del año el país perdió más de 776 mil puestos formales y sumó 1.15 millones informales, cuando la economía se enfría, no se detiene el trabajo: se precariza.
Hay dos Méxicos de empresas chicas y no conviene mezclarlos, uno es el del corredor: Bajío, frontera, tramos de Jalisco y Nuevo León. Ahí una pyme puede, con crédito, calidad y papeles, asomarse a la cadena de un ensamblador, el otro México es más numeroso, es comercio, alimentos, reparación, cuidados, transporte de escala local, no exporta, no cotiza acero, absorbe a la mayoría.
En Oaxaca, Guerrero y Chiapas la informalidad supera el 75 por ciento, en Nuevo León ronda el 35, el mapa del valor es el inverso: cinco entidades (Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato) concentran la mitad de lo que el Censo mide como riqueza de los establecimientos.
Durante años la política pública prefirió el primer México, atraer la planta, formar talento especializado, anunciar naves, el resultado está a la vista: un enclave que exporta y un interior que sobrevive. El Plan México de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo dio un paso necesario al escribir metas para las mipymes: que 30 por ciento tengan crédito al cierre del sexenio; que la mitad de la proveeduría estratégica y de las compras públicas sea nacional, sentó a la banca, encargó a Nacional Financiera y al Banco Nacional de Comercio Exterior un paquete de hasta 120 mil millones de pesos, reformó reglas de contenido nacional.
A agosto de 2026 el avance es real e insuficiente. El acceso al crédito subió de cerca de 24 a 27 o 28 por ciento, según la banca, la encuesta del Banco de México, más estricta, encontró que solo 22.7 por ciento de las empresas de 11 a 100 empleados recibió crédito comercial en el segundo trimestre, el peor registro en cinco años, las tasas bajaron algo, quien ya puede comprobar ingresos se acerca a la ventanilla, quien vive del diario, no.
Solo una de cada nueve empresas del Censo obtuvo financiamiento, las grandes, 33 por ciento; las micros, 6 y apenas una cuarta parte usa herramientas digitales básicas, al mismo tiempo, licitaciones de salud se abrieron a proveedores de países sin tratado, en contradicción con el propio plan, el empleo formal no acompaña el relato, los estímulos fiscales y las autorizaciones aceleradas están pensados, por monto, para quien invierte a escala, la miscelánea del barrio no entra a ese universo.
El tratado comercial y la relocalización de plantas no resuelven solos ese dualismo, la revisión del acuerdo arrancó el 1 de julio de 2026, lo más probable no es que el tratado muera, sino que se alargue una negociación trabajosa sobre reglas de origen, contenido chino y aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles, esa incertidumbre ya frena decisiones de quienes sí podrían contratar proveedores.
Para las mipymes hay tres escenarios, no uno. El primero favorece a la pyme industrial capaz de certificar origen, calidad y plazos, si Estados Unidos endurece el contenido regional, el ensamblador buscará proveedor cercano, el cuello de botella no es la demanda: es que el taller pueda documentar lo que hace y financiar el capital de trabajo mientras le pagan a 90 días, el segundo escenario es el de la micro de servicios a ella el tratado le llega por rebote, si hay más empleo formal en la planta, hay más consumo en la esquina, si la planta se frena, el mostrador se vacía, nadie la convierte en exportadora por decreto, el tercero es el de quien hoy importa insumo barato o vende en un sector expuesto al arancel: textil, calzado, autopartes de bajo margen, puede perder por Washington y por las propias barreras que México levantó frente a Asia.
Tres restricciones pesan más que el discurso: energía, agua y gente con oficio, sin ellas la nave llega y no arrastra proveedores, sin proveedores, la mipyme ve pasar el camión. La relocalización, vista desde el taller, no es un mapa de flujos globales: es si hay luz estable, si hay agua en la nave y si hay quién sepa soldar, coser o calibrar sin irse a la informalidad.
¿Qué sigue, entonces? No un instituto nuevo ni otra marca de cursos, sigue usar lo que el Estado ya tiene (banca de desarrollo, compras, fisco, seguro social, secretaría de Economía) con otra regla de éxito.
La evidencia internacional de desarrollo dice que el empleo del mundo que no es fábrica de exportación se mueve si se hace productiva la actividad que ya contrata. Cuatro vías, dichas en mexicano:
Una: que la empresa grande que reciba estímulo o garantía acredite proveedores locales y empleo, no solo metros de nave.
Dos: crédito chico con asistencia de gestión, y un tránsito de dos años en el SAT y el IMSS para que formalizarse no sea un salto al vacío.
Tres: herramientas simples (inventario, cobro, ruta, calidad) que ayuden al trabajador de menor escolaridad en lugar de sustituirlo.
Cuatro: formar solo cuando hay vacante o expansión, y medir a los seis y doce meses quién se quedó y qué gana, queda prohibido, en buena política, reportar constancias.
Nada de eso exige inventar una secretaría, exige cambiar el indicador: dejar de contar anuncios de inversión y empezar a contar ingreso, formalidad y proveedores que se quedan en la cadena al año siguiente.
Los estados caben aquí con lo que sí les toca. El trabajo es federal, el desarrollo económico, las compras locales y la obra de agua o movilidad no lo son, un convenio sobrio puede atar el crédito de Nacional Financiera a que la entidad trate en su ley a los servicios que absorben empleo como sector estratégico y publique, cada dos años, el mapa de su informalidad. Algunos estados del corredor del bajio pondrán el acento en la proveeduría exportadora, el sureste, en formalizar el comercio y usar la obra pública como demanda, si la Federación pone la regla fiscal, el estado le toca poner el territorio.
México puede seguir presumiéndose país de emprendedores, la frase es verdadera y es incompleta, emprender, para millones, es sobrevivir, cerrar la brecha de cinco a uno no se logra atrayendo una planta más ni inaugurando un parque, se logra haciendo que el empleo que ya existe (el del mostrador, el del taller, el del cuidado) produzca un poco más, se formalice sin ahogarse y le vendan a alguien que pague a tiempo, esa es la política industrial que el Censo está pidiendo, la otra, la de los anuncios, ya la conocemos de memoria y cada año que pasa sin mover esa brecha, el país suma establecimientos y resta desarrollo, el Censo no pide un eslogan, pide una regla.
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