José Romero
Canadá acaba de comprobar que el T-MEC no es un chaleco antibalas. El 1 de julio, Estados Unidos se negó a renovar el tratado en su forma actual. El acuerdo sigue vigente, pero no recibió la extensión de dieciséis años que debía devolver certidumbre a las inversiones.
Semanas después, Washington impuso aranceles adicionales de 50 por ciento sobre determinados productos canadienses, incluso algunos que cumplen las reglas de origen del propio tratado. Ottawa suspendió las negociaciones y anunció represalias sobre 27.6 mil millones de dólares canadienses de importaciones estadounidenses.
México debería mirar ese episodio como un ensayo general. Si una relación productiva tan profunda puede convertirse en instrumento de presión, cumplir las reglas ya no basta para sentirse protegido. La pregunta no es sólo qué hará Donald Trump con el T-MEC. La pregunta es qué puede hacer México si Washington decide cambiar las condiciones, limitar insumos chinos, endurecer reglas de origen o revisar cada año el acceso a su mercado.
Durante décadas construimos una estrategia que necesitaba que casi todo saliera bien al mismo tiempo: que Estados Unidos siguiera comprando mucho, financiándose barato y respetando reglas previsibles; que el petróleo no obligara a mantener tasas altas; que la inversión extranjera convirtiera por sí sola ensamblaje en tecnología; y que el mercado norteamericano compensara la debilidad del crédito, de las empresas nacionales y del Estado mexicano. Ninguna de esas hipótesis ha desaparecido. Todas son hoy menos seguras.
Ése es el cargo contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. No recibió una economía próspera ni podía reparar en meses cuatro décadas de debilidad productiva. Recibió estancamiento, pero todavía no una crisis sistémica. Dispuso de casi dos años para empezar a construir defensas. En lugar de hacerlo con la profundidad necesaria, administró el bajo crecimiento y confió en que el nearshoring, la inversión extranjera y la continuidad del tratado comprarían más tiempo.
FABRICAR NO ES DOMINAR
Desde el TLCAN, México se convirtió en una gran plataforma manufacturera. Produce automóviles, electrónicos, equipos aeroespaciales y dispositivos médicos cada vez más complejos. El error no fue integrarse. El error fue confundir integración con acumulación nacional de capacidades.
Una filial puede ensamblar un vehículo eléctrico de última generación y seguir dependiendo de su matriz para la plataforma tecnológica, el software, las baterías, el financiamiento, los proveedores de primer nivel y el destino de la inversión. Mientras el mercado crece, esa estructura genera exportaciones, empleo y divisas. Cuando el cliente principal reduce pedidos o modifica las reglas, la filial espera instrucciones. Una empresa nacional con ingeniería, crédito y redes propias puede adaptarse, buscar mercados y conservar conocimiento.
México confundió estar dentro de una cadena con controlar lo que la cadena sabe. Por eso el nearshoring nunca fue, por sí mismo, una política industrial: era una oportunidad geopolítica que sólo podía convertirse en desarrollo mediante selección sectorial, infraestructura, crédito, formación técnica, investigación conjunta, proveedores y contrapartidas negociadas. Una mudanza de plantas no equivale a una mudanza de conocimiento.
La verdadera seguridad no consiste en que Estados Unidos nos considere indispensables, sino en poseer capacidades suficientes para que una amenaza de exclusión no paralice al país. México exporta mucho, pero todavía controla demasiado poco de lo que hace posible esas exportaciones.
EL SEGURO NORTEAMERICANO YA NO ASEGURA
El T-MEC no desapareció el 1 de julio. Permanece vigente mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, al negarse Estados Unidos a extender nuevamente su horizonte por dieciséis años, un acuerdo diseñado para reducir incertidumbre quedó sometido a revisiones anuales y negociación permanente. Para una empresa que decide hoy una planta que operará durante veinte años, esa diferencia jurídica se convierte en una diferencia económica.
Canadá demuestra además que la integración no impide la coerción. Washington puede aceptar costos internos si cree que obtendrá ventajas en empleo, seguridad económica o rivalidad con China. Para México, un resultado adverso ni siquiera requiere una cancelación espectacular: bastan reglas de origen más duras, excepciones sectoriales, aranceles por seguridad nacional, restricciones a capital o insumos chinos y revisiones anuales que acorten el horizonte de inversión.
A esa incertidumbre comercial se suma un Estados Unidos con menor margen de maniobra. Su deuda federal bruta rebasó los 40 billones de dólares en agosto. La deuda en manos del público equivale a 101 por ciento del PIB y el déficit de 2026 ronda 5.8 por ciento. El bono del Tesoro a diez años rendía 4.66 por ciento el 26 de agosto y el de treinta años, 5.18 por ciento. No es una quiebra inminente: cada vez cuesta más financiar vivienda, inversión, empresas y gobierno.
El petróleo complica la salida. La interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz redujo drásticamente el flujo de crudo y mantuvo presión sobre la inflación. Si la Reserva Federal baja tasas con rapidez, puede reanimar los precios; si las mantiene altas, encarece la deuda y enfría la economía. Estados Unidos puede seguir emitiendo la moneda de reserva y, al mismo tiempo, perder libertad para escoger entre crecimiento, estabilidad de precios, gasto militar y programas internos.
Para México, además, el petróleo caro ya no representa el colchón externo de otras épocas: su efecto dominante llega hoy por mayores costos energéticos, inflación internacional, tasas elevadas y menor demanda estadounidense.
Tampoco sostengo que el dólar vaya a derrumbarse. En el primer trimestre de 2026 todavía representaba 57.13 por ciento de las reservas internacionales identificadas y no existe un sustituto integral. Pero el uso del sistema financiero como instrumento de sanción incentiva una diversificación gradual. No hace falta una fuga masiva para elevar el costo marginal de financiar una deuda gigantesca.
Para México, la conclusión es sencilla. Su principal comprador puede crecer menos, financiarse más caro y utilizar el acceso a su mercado con mayor agresividad. Ninguno de esos riesgos depende de Palacio Nacional. Lo que sí dependía del gobierno era preparar la estructura productiva mexicana para enfrentarlos.
MÉXICO LLEGA CON LAS MANOS ATADAS POR SÍ MISMO
La exposición es enorme. Durante el primer semestre de 2026, México fue el principal socio de Estados Unidos en comercio de bienes, con un intercambio de 493.7 mil millones de dólares, equivalente a 16.5 por ciento del comercio estadounidense. Esa integración es una fortaleza mientras la demanda crece, pero también el conducto por el que una desaceleración al norte llega casi inmediatamente a la producción mexicana.
El problema es que México no entra en esta etapa desde una trayectoria dinámica. El PIB creció apenas 0.6 por ciento en 2025. Banco de México prevé para 2026 una expansión de entre 1 y 2 por ciento. La formación bruta de capital fijo cayó en mayo y el supuesto récord de inversión extranjera directa del primer semestre necesita leerse con cuidado: de 34,968 millones de dólares, 88.5 por ciento fue reinversión de utilidades. Las nuevas inversiones representaron sólo 7.8 por ciento.
Reinvertir utilidades prueba que México sigue siendo rentable, no que esté recibiendo una oleada de proyectos nuevos ni aprendiendo a diseñar, financiar y controlar las tecnologías que ensambla. La inversión extranjera puede producir mucho sin transformar la estructura nacional si no desarrolla proveedores, laboratorios, ingeniería local y empresas capaces de apropiarse del conocimiento.
El sistema financiero tampoco llena el vacío. El crédito bancario al sector privado equivalía a 27.1 por ciento del PIB en 2025, una profundidad muy baja para una economía del tamaño y grado de industrialización de México. Los bancos pueden ser solventes y rentables mientras prestan demasiado poco a inversión de largo plazo, innovación y expansión de empresas nacionales. En una crisis, las firmas mexicanas con menor escala, garantías e historial serán las primeras en perder financiamiento.
El Plan México reconoce parte del problema: propone elevar la inversión, aumentar contenido nacional, sustituir importaciones estratégicas y crear polos industriales. Pero una meta no es una capacidad. Una cifra objetivo no crea proyectos financiables; un parque industrial no produce proveedores; una ventanilla no genera tecnología. Entre el programa y el resultado deben existir bancos, agencias, laboratorios, ingenieros, contratos de desempeño y servidores públicos capaces de evaluar, negociar y corregir. México ha anunciado objetivos; todavía no ha construido suficientemente las instituciones que los vuelven realizables.
LOS DOS AÑOS QUE SE DEJARON PASAR
La crítica a Sheinbaum debe ser exacta. No perdió dos años de prosperidad. Perdió casi dos años sin corrida bancaria, colapso cambiario, suspensión de pagos ni recesión mundial. La economía era suficientemente débil para justificar reformas profundas y todavía suficientemente estable para emprenderlas. La oportunidad era tiempo, no abundancia.
Por eso ésta no es una crítica keynesiana. México no necesitaba simplemente gastar más. En una economía abierta y dependiente de insumos y bienes de capital importados, una expansión de la demanda sin aumento paralelo de la oferta puede terminar en importaciones, inflación, depreciación y déficit externo. La inversión pública es necesaria cuando reduce costos y eleva productividad; no por el mero hecho de sumar gasto.
Lo que faltó fue una ofensiva institucional del lado de la oferta. El gobierno celebró el nearshoring, los montos de IED y el Plan México; también elevó de manera general aranceles sobre numerosas importaciones de países sin trato preferencial. Pero evitó enfrentar la estructura del crédito, no profesionalizó suficientemente la administración económica, no convirtió los incentivos a la inversión extranjera en contratos exigentes de aprendizaje y no promovió una estrategia sistemática de sociedades tecnológicas con capital mexicano.
Esas reformas son difíciles porque enfrentan intereses y producen resultados con retraso. Regular la banca obliga a negociar con grupos poderosos; profesionalizar al Estado reduce la discrecionalidad en los nombramientos; condicionar apoyos a la IED exige capacidad técnica; y formar empresas nacionales implica premiar resultados y abandonar proyectos que no cumplen. Precisamente por eso debían comenzar antes de la tormenta, no durante ella.
LO QUE PUDO HACERSE
Primero, utilizar el sistema financiero como instrumento de acumulación productiva sin sacrificar estabilidad. Regular la banca no significa ordenar préstamos inviables, sino exigir información comparable sobre crédito por sector, plazo y tamaño de empresa; ampliar garantías y redescuento para maquinaria, innovación y exportación; facilitar competencia y portabilidad; y crear fondos de coinversión. Nafin y Bancomext debían actuar como creadoras de mercados y evaluadoras de proyectos, no sólo como ventanillas de subsidios.
Segundo, reconstruir un servicio civil capaz de sostener una estrategia más allá del sexenio. La política productiva necesita economistas, ingenieros, abogados, científicos y negociadores sectoriales que acumulen experiencia durante años. No se puede acompañar una cadena de baterías, semiconductores o dispositivos médicos con equipos improvisados. La capacidad estatal también es un factor de producción.
Tercero, cambiar el contrato con la inversión extranjera. El T-MEC limita requisitos obligatorios como la transferencia forzada de tecnología, pero permite condicionar ventajas a que una empresa localice producción, capacite trabajadores, amplíe instalaciones o realice investigación y desarrollo en México. Ahí había espacio para negociar infraestructura, energía, permisos, garantías y estímulos a cambio de inversión nueva, laboratorios, ingeniería local, certificación de proveedores y metas auditables, con recuperación de beneficios cuando no se cumplieran.
Cuarto, promover sociedades de capital mixto entre empresas mexicanas, públicas o privadas, y compañías tecnológicamente avanzadas de Corea del Sur y China. Corea ofrece oportunidades en vehículos eléctricos, baterías, electrónica, semiconductores, acero especializado y construcción naval. China, en electromovilidad, baterías, energía solar, maquinaria y tecnologías digitales. Algunas inversiones chinas encontrarían obstáculos para exportar a Estados Unidos, pero podrían orientarse al mercado mexicano, América Latina y sectores no sensibles. La política debía escoger proyectos, no países en abstracto.
Una joint venture bien diseñada no consiste en regalar el mercado. Consiste en intercambiar acceso, infraestructura y financiamiento por participación accionaria mexicana, asientos en los consejos, formación de ingenieros, investigación y desarrollo, proveedores y propiedad intelectual compartida cuando fuera posible. Atraer IED consigue que una empresa extranjera produzca en México. Una asociación estratégica puede lograr que una empresa mexicana aprenda a producir lo que hoy el país sólo ensambla.
Por la misma razón, México no debió convertir la ausencia de un tratado de libre comercio en criterio general para subir aranceles. El decreto de diciembre de 2025 modificó 1,463 fracciones y golpeó sobre todo importaciones de economías sin TLC, entre ellas China y Corea del Sur. Un arancel puede proteger temporalmente una actividad, pero también encarecer maquinaria y componentes o crear rentas sin exigir productividad. La defensa comercial debe utilizarse contra dumping, subsidios dañinos o daño grave comprobable, no como sustituto de una estrategia.
El mercado mexicano era un activo de negociación. Podía intercambiarse por calendarios de inversión local, capital mexicano, laboratorios, capacitación, exportaciones y proveedores. Un arancel puede proteger una planta existente; una joint venture bien negociada puede crear la planta, los ingenieros, los proveedores y la tecnología que todavía no existen.
Todo ello requería un ecosistema: centros de extensión tecnológica, laboratorios de pruebas, certificaciones, consorcios entre universidades y empresas, formación técnica, compras públicas estratégicas y crédito para modernizar maquinaria. También energía confiable, agua, transporte, aduanas y conectividad seleccionados por su efecto sobre costos y productividad. Los apoyos debían ser temporales y disciplinados por resultados. La política industrial no es repartir favores; es construir capacidades y retirar el apoyo cuando no se aprende.
NO SE TRATA DE ADIVINAR LA CRISIS
El escenario benigno todavía es posible. México, Estados Unidos y Canadá pueden restaurar un horizonte largo al T-MEC; el petróleo puede bajar; la inflación puede ceder; y los mercados pueden seguir absorbiendo deuda estadounidense sin exigir primas mucho mayores. En ese caso, México habrá ganado tiempo, no permiso para seguir posponiendo las reformas.
También puede ocurrir algo menos espectacular y quizá más probable: años de tasas altas, proteccionismo administrado, revisiones anuales y crecimiento estadounidense moderado. México no sufriría un colapso súbito, sino una erosión lenta de inversión, productividad y autonomía. Ese escenario es peligroso porque cada año parece soportable mientras la capacidad de responder se deteriora.
Y existe la tormenta simultánea: una negociación desfavorable del T-MEC, otra interrupción petrolera, rendimientos largos superiores a cinco por ciento, desaceleración estadounidense y salida de capital de economías emergentes. No afirmo que sea inevitable ni que pueda fecharse. Sostengo que su probabilidad ya no es tan pequeña como para justificar una política que sólo funciona bajo el escenario más cómodo.
Ningún gobierno mexicano controla la deuda de Estados Unidos, la Reserva Federal, el estrecho de Ormuz, Donald Trump o la rivalidad con China. Sí controla qué bancos, empresas, ingenieros, proveedores, centros tecnológicos y servidores públicos tendrá México cuando esos factores cambien.
Sheinbaum no perdió dos años de prosperidad. Perdió casi dos años sin crisis sistémica, cuando todavía era posible regular el crédito sin una corrida, profesionalizar al Estado sin improvisar bajo presión, negociar joint ventures antes de necesitar desesperadamente inversión y utilizar el mercado mexicano para obtener capital, tecnología y aprendizaje. Ninguna de esas reformas habría eliminado la dependencia de Estados Unidos. Habrían cambiado la posición desde la cual México enfrentaría el siguiente choque.
Las crisis no son el momento de aprender a producir. Son el examen que revela si las capacidades se construyeron cuando todavía había tiempo. México apostó a que el entorno seguiría siendo benigno. Ahora necesita una estrategia antes de que venza la apuesta.
Fuentes principales: USTR, Congressional Budget Office, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Bureau of Economic Analysis, Reserva Federal, Banco de México, INEGI, Secretaría de Economía, U.S. Census Bureau, Gobierno de Canadá y texto del T-MEC. Datos consultados hasta el 27 de agosto de 2026.
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