Hay una imagen que cualquier familia mexicana entiende sin necesidad de abrir un tratado de finanzas, al cierre del mes, el recibo de la luz, la mensualidad de la tarjeta y el apoyo a los abuelos se comieron lo que iba a ser la impermeabilización, nadie discute esa noche que el techo importa, nadie discute que los mayores merecen el apoyo, lo que ocurre es más silencioso: la gotera se aplaza. No hay derrumbe, hay humedad y la humedad, si se deja un año y otro, termina por comer la viga.
Con esa imagen (no con un gráfico de Wall Street) llega México este martes 8 de septiembre al Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 18:00 horas, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entrega el Paquete Económico 2027, mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum lo presentará en Palacio Nacional, el país no va a quebrar esta tarde, tampoco va a resolver, de un plumazo, la pregunta que ya no se puede esconder detrás del eslogan de la responsabilidad: ¿cuánto más se puede aplazar el techo para seguir pagando lo que ya está comprometido?
En agosto, la Federación Mexicana de Economistas Colegiados A.C. publicó un posicionamiento sobrio, sin adjetivos de trinchera, que sirve de brújula para leer lo que esta tarde se pondrá sobre la mesa, la Federación no habla de colapso, habla de erosión y esa distinción importa, un colapso se ve, una erosión se siente tarde, cuando el margen ya no alcanza para invertir, para crecer ni para sostener, con honestidad, el propio gasto social que se quiere proteger.
Los números que documenta la Federación tienen la sequedad de un estado de cuenta, al segundo trimestre de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (la medida más amplia de la deuda) se ubicó en 19.05 billones de pesos, equivalentes al 51 por ciento del producto interno bruto, es, en la práctica, una duplicación respecto al cierre de 2018, el costo financiero proyectado para el año supera el billón y medio de pesos: más que el gasto estimado en salud, más que la inversión física presupuestaria, el espacio fiscal residual (lo que queda después de cubrir lo federalizado, las pensiones y el servicio de la deuda) se contrajo de casi 49 por ciento en 2018 a niveles cercanos a 38 o 41 por ciento en 2025 y 2026, quien haya visto encogerse el “libre” de su quincena entenderá el dato sin más explicación.
El primer semestre de 2026 cuenta esa historia con una claridad casi doméstica, el gasto neto llegó a 4.856 billones de pesos, 2.1 por ciento real más que en 2025, pero se ubicó casi 500 mil millones por debajo del programa, ese subejercicio (gasto anunciado que no se ejerce) permitió un superávit primario de 115 mil millones. En el lenguaje de la casa: se “ahorró” porque no se hizo la obra, no porque el ingreso hubiera sobrado, el desarrollo social avanzó 9.7 por ciento real, la tasa semestral más alta registrada, impulsado por salud (18.3 por ciento y educación 13.5 por ciento), en contraste, la inversión física se contrajo 7.9 por ciento real, el presupuesto se volvió más social y más corriente: más transferencias y más nóminas, menos formación de capital, la pala cedió frente al depósito.
La recaudación no rescató el cuadro, creció apenas 0.1 por ciento real, el impuesto al valor agregado avanzó 10.6 por ciento, pero el impuesto sobre la renta se contrajo 6.2, la dependencia del impuesto al consumo se profundizó, mientras el gravamen que debería anclar la progresividad muestra debilidad recurrente, dicho sin tecnicismos: se cobra más cuando la gente compra y menos cuando el ingreso formal se estanca o se evapora, la disciplina de corto plazo se logró a costa de postergar la inversión productiva y de no avanzar en reformas estructurales de ingresos, esa frase de la Federación debería colgarse, esta tarde, en la entrada de San Lázaro.
El entorno internacional no ayuda, y la Federación lo recuerda sin dramatizar, el Fondo Monetario Internacional advierte una deuda mundial que se dirige hacia el 100 por ciento del producto hacia el final de la década, con pagos de intereses al alza, el crecimiento global se proyecta apenas en torno a 3.0 o 3.4 por ciento, insuficiente para arrastrar con fuerza a las economías emergentes, el Fondo insiste en que la consolidación fiscal debe ser creíble, ordenada y apoyarse de preferencia en la movilización de ingresos, no en la compresión de la inversión productiva, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pide marcos de mediano plazo y gasto que eleve la productividad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe diagnostica la trampa regional: poca capacidad para crecer, inversión insuficiente, productividad estancada, informalidad elevada, la estabilidad macroeconómica es condición necesaria, no es suficiente.
México, entonces, no enfrenta una crisis fiscal inminente. Enfrenta cinco desafíos que, si se postergan otra vez, se vuelven el problema de 2028 y de 2030, la sostenibilidad de la deuda y de su costo: el servicio ya compite de frente con salud e inversión, la rigidez del gasto: pensiones, federalizado y costo financiero absorben una porción creciente del presupuesto, la debilidad de la inversión productiva: la caída de 2026 agrava el rezago de infraestructura y limita el crecimiento potencial, la fragilidad de la recaudación: alta dependencia del impuesto al valor agregado y debilidad estructural del impuesto sobre la renta y la trampa de bajo crecimiento: sin pala, sin productividad y con informalidad alta, el Estado no genera por sí solo los recursos que después quiere gastar en lo social.
Por eso la Federación no pide un milagro esta tarde, pide, como mínimo, cinco piezas que cualquier paquete serio debería mostrar, una trayectoria creíble de consolidación que ubique los Requerimientos Financieros del Sector Público claramente por debajo de 3.5 por ciento del producto y permita estabilizar la deuda como porcentaje de la economía, medidas estructurales de movilización de ingresos que amplíen la base del impuesto sobre la renta, reduzcan la informalidad y avancen hacia una tributación más efectiva de la propiedad y la riqueza, la protección de un piso mínimo de inversión pública productiva, de modo que ésta deje de ser la variable de ajuste, mayor eficiencia y mejor focalización del gasto social, preservando la priorización pero elevando el valor de cada peso y el fortalecimiento del marco institucional de mediano plazo, con reglas claras, más transparencia y proyecciones que se puedan creer, la política fiscal, concluye, no puede limitarse a redistribuir, debe contribuir a elevar la capacidad productiva del país, solo así se rompe el círculo vicioso de bajo crecimiento, bajo espacio fiscal y presión permanente sobre el gasto social.
Esa exigencia choca, punto por punto, con el mapa político que ya se conoce, la presidenta adelantó un paquete “responsable”, sin aumento general de impuestos, sin tocar programas sociales, salud, educación ni la inversión pública, y con medidas contra la evasión, la elusión y las empresas factureras. Ricardo Monreal descarta, hasta donde sabe, una reforma de tasas, Alfonso Ramírez Cuéllar pone la ficha en infraestructura, salud y seguridad, habla de un presupuesto cercano a 10.5 billones de pesos y de dar confianza a las calificadoras, el Partido Verde pide debate sin descalificaciones, el Partido del Trabajo, como suele ocurrir en ingresos y egresos, cerrará filas, la coalición gobernante tiene los votos, eso no está en duda.
La oposición tampoco sorprenderá, el PAN hablará de asalto al bolsillo, de una deuda que ya rebasa los 20 billones y de Pemex como hoyo negro, el PRI plantará, otra vez, la bandera del Fobaproa y advertirá que algún aliado de Morena meterá reservas para subir impuestos, Movimiento Ciudadano votará en contra y por su cuenta: no hay coalición opositora, hay dos oposiciones que se miran de reojo rumbo a 2027.
El espectáculo de tribuna está escrito, la pregunta seria no es quién levanta la mano, es qué queda, cuando se baje la mano, en las cuatro líneas que sí importan: el crecimiento que se supone, el superávit primario que se promete, la inversión física que se protege y el apoyo a Pemex que se transparenta.
Del lado de las empresas el tono es de diálogo, no de ruptura, Coparmex pidió reducir el déficit sin recortes indiscriminados, no crear impuestos nuevos, eliminar duplicidades y priorizar seguridad, salud, educación, energía, agua e infraestructura, pidió, además, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no se coman lo que el resto del país necesita, y que exista un consejo fiscal independiente.
El Consejo Coordinador Empresarial describe el dilema en tres caminos (más impuestos, recortes o más deuda) y teme que, si los dos primeros se evaden, el tercero haga el trabajo sucio, Concamin, más cerca del gobierno después del Segundo Informe, pide que esta tarde no se apague la señal de certidumbre, en agosto circuló un primer borrador de límites a las deducciones que movió a grandes contribuyentes; una segunda versión suavizó el golpe, el texto que llegue esta tarde dirá quién ganó esa escaramuza silenciosa.
En los bancos y en los centros de análisis la lectura es más seca que la de las cúpulas, Banamex no cree que el déficit amplio baje a 3.5 por ciento del producto y estima, en su escenario, 4.3% en 2026 y 4.6% en 2027, con deuda neta hacia 56.2 por ciento. Arely Medina lo dijo sin rodeos: la consolidación no se logra en 2026, ni en 2027, ni en 2028; se aplaza hacia 2030, Banco Base insiste en que Pemex ha recibido más de 2.75 billones y que el riesgo es recortar inversión ante un gasto rígido, el CITI calcula 4.4% y 3.7%. Fitch modela 4.4% ambos años. Delia Paredes, desde Arena Pública, recuerda que la prueba no es el déficit en el papel, sino el superávit primario: con crecimiento real cercano a 1.3 por ciento y costo financiero en torno a 4 por ciento del producto, estabilizar la deuda exige un primario del orden de 1.3%; un déficit de 3.5% apenas deja medio punto, la brecha es de unos 0.8 puntos del producto, esa brecha es la gotera.
México Evalúa y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria coinciden, cada uno a su modo, con el diagnóstico de la Federación, Jorge Cano llama al Paquete 2027 “prueba de fuego” ante el ciclo de acciones crediticias de abril y mayo, y pide una ruta hacia un déficit cercano a 2.5 por ciento en los siguientes años, supuestos de crecimiento creíbles y transparencia en el apoyo a Pemex, José Luis Clavellina espera un documento que evite perder el grado de inversión y reduzca el auxilio a la deuda petrolera, Guillermo Mendieta, del Colegio de Contaduría Pública de México, usa la misma expresión: prueba de fuego nadie serio pide recortar las pensiones esta tarde, todos piden dejar de usar la pala como fusible.
Las calificadoras no votan en San Lázaro, pero leen, Moody’s tiene a México en Baa3, último peldaño del grado de inversión, con un escenario de crecimiento cercano a 1.3 por ciento en 2027, Fitch mantiene BBB- y no compra el 3.5 oficial, S&P conserva BBB, pero con perspectiva negativa y un plazo de 24 meses para estabilizar deuda, intereses y pasivos contingentes, HR Ratings, con nota más holgada, ya advirtió que la trayectoria de 55 por ciento de deuda presiona la calificación, las metodologías difieren, el problema es el mismo que describe la Federación: bajo crecimiento, gasto rígido, costo financiero alto y un lastre petrolero que no cabe del todo en el presupuesto.
Hay una tentación política que el año electoral de 2027 vuelve casi irresistible: cuadrar el documento, proteger lo visible (el depósito, la obra que se corta de listón, el anuncio de que no hay impuestos nuevos) y dejar la viga para después. El gobierno necesita, al mismo tiempo, parecer responsable ante Nueva York y generoso ante el electorado, esa cuadratura no se resuelve con un comunicado, se resuelve si el Paquete muestra, sin lupa, las cinco piezas que pidió la Federación y si el Congreso resiste la idea de que la consolidación es un número y no una forma de gastar.
El escenario más probable es conocido. Hacienda presenta consolidación gradual, sin impuestos generales, con miscelánea contra evasión y protección retórica de programas e inversión, Morena y aliados aprueban, la oposición vota en contra y coloca deuda y Pemex en tribuna, los bancos saludan la disciplina verbal y descuentan el 3.5%, S&P no mueve la nota esta semana; deja correr el reloj, el costo se paga más adelante, cuando la recaudación y la inversión no coincidan con la hoja de cálculo.
Hay un escenario de tensión si la miscelánea reabre la pelea de las deducciones, hay uno, menos probable, de señal fuerte: bajar el rango de crecimiento, publicar techo y calendario de apoyo a Pemex, y mostrar un primario compatible con deuda estable en 2028 y 2029, ese escenario tendría costo político interno, también sería el único que se toma en serio la humedad.
La Federación Mexicana de Economistas Colegiados cerró su posicionamiento de agosto con una frase que no necesita más adorno, hace un llamado a las autoridades hacendarias y al Congreso para que el Paquete 2027 incorpore, con realismo y ambición, las correcciones estructurales que el momento exige, el costo de posponerlas será, como siempre, más alto que el de enfrentarlas a tiempo, en las familias, esa frase se traduce sin metáfora: cada año que no se impermeabiliza, la viga cuesta más, el Paquete pasa, lo que no debería pasar es que, otra vez, el país celebre el depósito y deje goteando el techo.
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