Si se atiende a las advertencias del presidente Donald Trump de invadir militarmente a México para terminar con los cárteles del narcotráfico y liquidar a lo que calificó en documentos oficiales como “narcoestado” mexicano, entonces tendremos que prepararnos para una invasión estadounidense y una guerra convencional de balazos, tanques y misiles.
Se trata del Trump que se fue a la guerra contra Irán, que secuestró el presidente Nicolás Maduro, que está apoyando las guerras de Israel en el Medio Oriente y que instaló un cerco militar alrededor de Cuba para impedir el comercio de energéticos. En ese escenario, adivinar si Trump realmente va a invadir México no es un volado sino un escenario que se tiene que analizar por su alta probabilidad.
El despropósito que planteó la respuesta Del Gobierno mexicano el fin de semana a la solicitud de arresto con fines de extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Izunza Cázares y del alcalde de Culiacán acercó a México a una ruptura de relaciones funcionales con su vecino del norte, justo en momentos en que se está negociando el Tratado de Comercio Libre que ha sido castigado con aranceles y que podría llevar a México al precipicio económico si no se renueva con concesiones que México le suplica a Washington.
Toda la relación histórica de México con Estados Unidos depende nada menos que de un gobernador que ha sido señalado –y con pruebas suficientes– de realizar pactos con el narcotráfico para mantenerse en el poder. Y ahora resulta que según el discurso oficial, Rubén Rocha Moya es el Benito Juárez del siglo XXI.
La explicación subyacente de la crisis en realidad sí tiene que preocupar al actual gobierno morenista: Estados Unidos no está juzgando ni persiguiendo penalmente a tres politiquillos que se habrían salido de la ética de su partido y de su país, sino a tres funcionarios que respondieron a la lógica del entendimiento del Estado con el crimen organizado durante el sexenio del presidente López Obrador y los primeros meses de Gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo.
El gobierno mexicano tiene una segunda oportunidad para resolver la crisis provocada por la solicitud de arresto y extradición de Rubén Rocha Moya en la investigación formal aquí que tiene que abrir para rechazar o aceptar el arresto del político sinaloense y entregarlo a la justicia americana.
Pero lo más grave del caso Rocha Moya es que el gobernador sinaloense es la punta del iceberg de la narcopolítica mexicana que se ha venido denunciando en Estados Unidos y en México y que solo ha encontrado pasividad gubernamental.
Rocha Moya hundirá a México si lo defienden o lo salvará si lo entregan a la justicia de EU.
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