La declaración contundente de la zarina de la droga de la Casa Blanca, Sara Carter, no debiera ser leída como una amenaza estadounidense a la soberanía mexicana, sino que debería convertirse en la oportunidad para un compromiso operativo del Gobierno mexicano para la desarticulación de la estructura de poder de los cárteles de la droga.
La revisión del problema tiene que ir a sus orígenes: en 1984-1986, la policía política del Estado –la Dirección Federal de Seguridad– concluyó sus funciones de persecución de disidentes y utilizó su poder para comenzar a proteger a las incipientes bandas de mariguaneros, entre los que destacaron tres nombres que siguen vigentes: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca don Neto y Rafael Caro Quintero.
Pero después de que las policías en los tres niveles de gobierno y sin ningún control político comenzaron a apadrinar a bandas vinculadas a las drogas, hacia comienzos del siglo XXI fueron los políticos quienes primero usaron a los narcos para sus beneficios y después quedaron subordinados al poder corruptor de los capos.
Estados Unidos ha solicitado extradiciones y ha retirado visas a políticos que han aparecido en confesiones de narcos encarcelados en territorio americano. El problema no es ahora de Morena, sino que comenzó con el PRI, algo menos con el PAN y de manera más pronunciada en los siete años de Morena.
Los narcopolíticos mexicanos son los que definen la relación bilateral México-Estados Unidos, y no los asuntos de la frontera, el problema permanente de la migración o el Tratado de Comercio Libre. Peor aún, Washington está apretándole las tuercas a México para que atienda con decisión política el problema de los políticos articulados a los cárteles de la droga y desde luego que también a bandas del crimen organizado que operan con otras especialidades.
El caso del gobernador sinaloense Rocha Moya estalló por la solicitud de arresto con fines de extradición, pero la respuesta de la estructura política de Morena ha sido la de la complicidad y no la de atender el gravísimo problema que ha significado la acusación directa del presidente de Estados Unidos de que en México es un narcoestado.
La declaración de Sara Carter inicia una nueva etapa de presiones estadounidenses para encarcelar a narcopolíticos mexicanos.
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