A 48 años de distancia, la represión contra el movimiento estudiantil del 68 ha dejado muy claros quiénes fueron los responsables, pero es la hora en que no hay ningún culpable que pague en tribunales de justicia por los encarcelados, reprimidos y asesinados.
Se trata de un caso que puede ser tipificado en las leyes penales de México como un crimen perfecto. El expediente abierto del 68 es la prueba contundente de que en México hubo aperturas políticas pero no transición democrática porque toda transición implica el ajuste de cuentas contra el autoritarismo político del pasado.
El presidente Díaz Ordaz asumió el 1 de septiembre de 1969 la responsabilidad total de la represión contra el movimiento estudiantil e incluyó obviamente Tlatelolco, pero el presidente López Portillo lo premió en 1977 con la embajada de México en España. El secretario de Gobernación del 68, Luis Echeverría Álvarez, apareció como el responsable político del Gobierno y del Estado en la toma de decisiones, pero fue premiado con la candidatura presidencial, ganó con el voto popular, liberó las cárceles de presos políticos, instauró un populismo social, defendió causas del Tercer Mundo, fue sentenciado por los acontecimientos del 68 y murió en su casa.
Los militares han tenido que cargar con el fardo de la represión, cuando no hubo ninguna decisión institucional de tipo castrense que no fuera la obediencia legal y constitucional de órdenes que partieron del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, y de las instituciones de gobierno con capacidad para movilizarlas. En Tlatelolco, ya se probó que el Ejército fue agredido a balazos y tuvo que responder el fuego.
Los partidos políticos, el Congreso federal, la Suprema Corte de Justicia y todo el aparato judicial se pusieron al lado del Gobierno para aplicar una segunda represión a los estudiantes, después de los toletazos: la sentencia a estudiantes, profesores y líderes sociales a prisión legal por haber ejercido el derecho a la protesta y sin que hubiera de la parte estudiantil ni una sola orden ni ninguna movilización de violencia contra las fuerzas de seguridad. Los profesores y estudiantes presos fueron liberados de manera ilegal al terminar el primer trimestre de 1971, pero todos han muerto sin haber cerrado sus expedientes judiciales y sin haberlos declarado inocentes y víctimas.
El Gobierno de Fox hizo el intento de revisar los crímenes del pasado, pero su por político-electoral tuvo que pactar con el PRI. López Obrador abrió una segunda revisión judicial y concluyó con un documento contundente: “fue el Estado” el que reprimió las protestas juveniles, pero ningún funcionario del Estado fue sentenciado –ni siquiera post mortem— como para que quedara constancia en la historia de que se había hecho justicia. Políticos procedentes del viejo PRI del 68 son hoy figuras prominentes de Morena.
El expediente del 68 es el lastre al cuello de todos los intentos de apertura democrática desde 1970 hasta la fecha, pero mientras no haya sentencias legales aún a exfuncionarios ya fallecidos, la tumba del 68 seguirá abierta y el recuerdo de la represión contaminará a todas las fuerzas políticas que llegaron a la presidencia después de Tlatelolco: el PRI, el PAN, el PRIAN y Morena.
Y en términos políticos y judiciales, todos los políticos y funcionarios de 1970 a la fecha deben ser considerados como corresponsables políticos, institucionales y morales de la peor represión política del régimen de la Revolución Mexicana todavía vigente.
La alternancia/transición/liberalización electoral de 1970 a la actualidad estará incompleta si no se hace justicia real, no poética, no de gritos y sombrerazos, no de discursos que son vacíos, mientras la historia no condene de manera legal z los responsables y corresponsales de la represión del 68.
Y el sistema político mexicano no merece ser considerado en modo de alternancia y transición si no se logra una ruptura de complicidades inclusive entre funcionarios que militaron en el 68, fueron reprimidos y regresaron a puestos públicos con el Estado actual que es el mismo estado del 68, mientras no vaya una ruptura que sea determinada de manera muy precisa por el deslindamiento judicial de responsabilidades y corresponsabilidades. Todo discurso hoy celebrando a los estudiantes en el 68 no sólo es un discurso demagógico, sino que debe ser considerado con un insulto post mortem a los reprimidos y muertos durante los acontecimientos del movimiento estudiantil del 68.
Así como se pasa a lista de honor de los niños héroes que combatieron al invasor norteamericano en Chapultepec en 1847, de la misma manera cada 2 de octubre se debería pasar lista de los nombres de los responsables y corresponsables de la represión del 68.
Mientras no haya ese ajuste de cuentas con la historia y con la conciencia del México democrático real que sigue a la espera de esos actos de justicia, la represión del 68 debe ser considerada todavía como un crimen perfecto del poder y del Estado.
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