El pasado 16 de junio, en cientos de ciudades miles de lectores se ataviaron a la moda eduardiana y celebraron por las calles el 104 aniversario del día dublinés en que Leopold Bloom salió de casa para comprar un riñón de cerdo para el desayuno.
Hombres con sombreros llamados canotier, bombines, lentes redondos, trajes de lino y bastón y mujeres con falda larga, blusa de cuello alto y sombrillas, marcaron el Bloomsday, la jornada en que transcurre Ulises. En Dublín las peregrinaciones siguen los pasos de Bloom: almuerzan riñones fritos, leen en voz alta pasajes de la novela y levantan copas de vino y tarros en honor de James Joyce.
Shakespeare tiene cumpleaños conmemorativos. Cervantes tiene premios. Dickens tiene sociedades. Kafka tiene museos. Pero Joyce consiguió algo que parecía reservado a los santos: ocupar un día del calendario.
Es una tradición sensacional. En mi lista de pendientes la tengo reservada. Pero el día que pueda sumarme a la celebración primero brindaré por un personaje igual de importante pero mucho menos conocido que James Joyce.
No era novelista. No era editor. Tampoco profesor de literatura. Era un juez federal de Nueva York llamado John M. Woolsey que, en 1933, hizo algo tan sencillo como extraordinario: antes de decidir si Ulises debía prohibirse en Estados Unidos, dedicó casi dos meses a leerlo completo.
Dicho así, parecería una obligación elemental. ¿Cómo condenar un libro sin haberlo leído? Sin embargo, incluso entonces aquello fue excepcional. Ulises llevaba más de una década denunciado como panfleto pornográfico. Puesto en la mira de grupos moralistas -como los que en México satanizaron Cariátide y los que quisieron que todos comulgáramos con la Cartilla Moral de Reyes- fue prohibido en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Era un texto maldito, aunque en realidad sus críticos sólo conocían los fragmentos más, ¿cómo decirlo? … escandalosos.
La historia merece contarse porque es una de las pocas ocasiones en que la libertad de un libro dependió de un lector excepcional. Y ese lector era un impartidor de justicia.
Pero me estoy adelantando. Ezra Pound era el editor europeo de una modesta revista neoyorquina, The Little Review, y convenció a las directoras, Margaret Anderson y Jane Heap, de publicar por entregas la novela. Más tardaron en aparecer tres capítulos de Ulises que los torquemadas gringos en iniciar un proceso de obscenidad. La revista fue condenada y los ejemplares quemados por la oficina postal, que entonces tenía esa facultad. Como consecuencia la novela fue proscrita. Introducir un ejemplar a la patria de Jefferson fue penado con la cárcel.
Hasta que la editorial Random House, que quería publicar Ulises legalmente, decidió provocar un juicio y puso en marcha una operación digna de James Bond: importó un ejemplar para que fuera confiscado por las autoridades aduaneras y se pudiera llevar el caso ante un tribunal y obligar a un juez a pronunciarse sobre la obra completa.
Así sucedió. El expediente fue turnado al magistrado John M. Woolsey. Este buen señor pudo dejarse guiar por los pasajes subrayados por los fiscales, aceptar el criterio dominante o considerar dictámenes ajenos. En cambio, hizo algo infinitamente más incómodo y, creo yo, subversivo: leyó el libro.
Leyó durante semanas. Página tras página. Sin prisas. Sin buscar frases que justificaran una “indignación” convencional. Sin convertir unos cuantos párrafos en sinécdoque de un tomo de más de setecientas páginas.
Cuando terminó, dictó una sentencia que cambió la historia de la literatura. Woolsey no sostuvo que Ulises fuera un libro casto. Tampoco negó que contuviera escenas sexuales ni lenguaje que muchos lectores podían encontrar ofensivo. Lo que afirmó fue algo mucho más importante: una obra literaria debía juzgarse como un todo y no por fragmentos sacados de su contexto. Su efecto dominante, escribió, no era despertar deseos sexuales sino reproducir con extraordinaria fidelidad el funcionamiento de una conciencia humana.
Aquella conclusión abrió las puertas para la publicación legal de Ulises en Estados Unidos y marcó un antes y un después en la jurisprudencia sobre libertad de expresión. El libro de Joyce dejó de ser un objeto prohibido para ocupar su lugar como una de las novelas fundamentales del siglo XX.
Estos recuerdos vienen a cuento porque se cumplen 93 años del histórico fallo gracias al cual nuestros primos del norte pudieron por primera vez leer Ulises sin riesgo de irse al infierno o acabar en una mazmorra. Fue un duro golpe a los censores que, en palabras de Morris L. Ernst, “durante décadas han luchado por mutilar la literatura […] y procurado reducir el material de lectura de los adultos al nivel de los adolescentes y personas subnormales.”
No hay que pasar por alto que Woolsey dictó su resolución cuando en las verdes colinas de Georgia y Missouri el Ku Klux Klan linchaba negros y en muchas escuelas se prohibían las enseñanzas de Darwin. Me parece que cuando los vientos de la moralina, el conservadurismo y el fundamentalismo religioso comienzan de nuevo a soplar, ésta es una lectura provechosa para todos los amantes de la libertad.
Woolsey escribió: “Que a uno le agrade o no una técnica como la que usa Joyce, es cuestión de gusto y sobre la cual toda discusión es inútil. Pero pretender someter esa técnica a los puntos de vista de otras técnicas me parece punto menos que absurdo. Por consiguiente, sostengo que Ulises es un libro sincero y honesto, y pienso que las críticas quedan enteramente compensadas por su razonada exposición.
“Además, Ulises es un asombroso tour de forcé si se considera el éxito que ha obtenido, en principio, con un objeto tan difícil como el que Joyce se había propuesto. Ulises no es un libro de fácil lectura. Es brillante y aburrido, inteligible y oscuro alternativamente. En muchos pasajes me resulta desagradable; pero, aunque contiene -como ya he mencionado- muchas palabras consideradas vulgarmente sucias, no he hallado nada que denote complacencia en tal suciedad. Cada palabra del libro contribuye como un trozo de mosaico al detalle del cuadro que Joyce está tratando de ofrecer a sus lectores.”
Hay en el episodio algo que me conmueve particularmente. Woolsey no era un especialista en Joyce. No aspiraba a convertirse en crítico literario ni a figurar en la historia de la cultura. Sólo estaba haciendo su trabajo. Pero entendía ese trabajo de una manera hoy casi extravagante: antes de emitir un juicio había que conocer la totalidad de la prueba. No puedo evitar pensar en nuestra judicatura: Woolsey no era un juez de acordeón.
Quizá por eso su ejemplo no ha perdido vigencia. Su sentencia defendió la libertad de un libro, pero antes defendió algo más modesto y más difícil: el derecho de los hechos a ser conocidos antes de ser juzgados. No es una mala enseñanza para jueces. Tampoco para periodistas. Ni para quienes vivimos rodeados por el vértigo de las redes sociales.
Curiosamente, el mismo año en que Woolsey levantó la prohibición de Ulises se derogó otra norma igualmente estúpida, la Ley Volstead que prohibió el consumo de alcohol y fue caldo de cultivo del crimen organizado. Amarrar las manos a los guardianes de la moral pública -de la mente y del cuerpo- oxigenó a la sociedad yanqui. Podría establecerse una línea de continuidad entre la legalización del Ulises y del trago, las movilizaciones pro derechos civiles y los resultados de la votación que pusieron a un hombre de raza negra en la Casa Blanca, algo que ni siquiera Lincoln hubiese imaginado … ni quizás aceptado.
Este episodio de censura no fue el único al que Joyce se enfrentó. En 1915 se había quejado con su editor estadounidense: “No menos de veintidós editores leyeron el manuscrito de Dubliners, y cuando, por último, fue impreso, una persona muy amable compró toda la edición y la hizo quemar en Dublín, en un nuevo y privado auto de fe.”
Pero esa es otra historia.
31 de julio de 2026
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