El programa económico de 2026 marca un punto de quiebre: es el primero diseñado íntegramente por Claudia Sheinbaum, ya sin la sombra de López Obrador en el paquete fiscal. Por ello revela con nitidez cuáles son las prioridades de la presidenta y, al mismo tiempo, qué sectores quedarán relegados. El presupuesto no es solo una hoja contable: es también un mapa político que exhibe qué intereses se privilegian y hacia dónde se dirige el país.
El Presupuesto de Egresos confirma la apuesta central: los programas sociales siguen siendo la columna vertebral de la llamada Cuarta Transformación. El caso más emblemático es la pensión para adultos mayores, que rebasará por primera vez el medio billón de pesos, con un aumento de 8.91% respecto al ejercicio vigente. En conjunto, los programas sociales absorberán casi el 10% del gasto público y crecerán 14% en términos reales, alcanzando a ocho de cada diez familias. La señal es clara: consolidar la base electoral del oficialismo con miras a las elecciones intermedias de 2027 y a la presidencial de 2030.
La política social de Morena se sostiene en el asistencialismo y en el clientelismo. Son transferencias que alivian momentáneamente la economía familiar, pero que no generan movilidad social ni modifican las causas estructurales de la pobreza. Se entrega dinero, sí, pero sin garantizar servicios de salud de calidad, educación digna ni empleos suficientes. En lugar de promover desarrollo, se fortalece una red de dependencias políticas bajo el disfraz de “bienestar”.
El otro eje es el energético. El gobierno busca coinversión privada para ampliar la generación eléctrica y, al mismo tiempo, garantizar recursos a PEMEX. La promesa es estabilizar sus finanzas, aunque la deuda de la paraestatal sigue en niveles críticos. El verdadero reto no son los montos asignados, sino ofrecer certeza jurídica que atraiga inversiones privadas, nacionales e internacionales. El discurso de soberanía energética convive con la realidad de que, sin capital privado, el sector no puede crecer de manera sostenida.
En contraste, la seguridad pública sufrirá un retroceso alarmante. El presupuesto de la Guardia Nacional caerá 34% y el de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 23%. Estos recortes resultan incomprensibles en un país donde la violencia, las desapariciones y la extorsión siguen siendo parte de la vida cotidiana. El mensaje implícito es que la inseguridad ha dejado de ser prioridad, cuando en realidad constituye una de las principales demandas ciudadanas. La reducción presupuestal refleja una peligrosa negación del fenómeno y deja a miles de familias sin esperanza de encontrar justicia.
En materia de salud, el aumento real será de 5.9%, lo que elevará el gasto de 2.5% a 2.6% del PIB. La cifra puede parecer alentadora, pero continúa muy lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud y del promedio latinoamericano. Peor aún: gran parte del incremento se destinará a gasto corriente, sin resolver las carencias estructurales. Seguirán faltando medicamentos, hospitales equipados y personal suficiente. Tres de cada diez pesos irán a personas sin seguridad social, mientras siete de cada diez se dirigirán a quienes sí la tienen, manteniendo una desigualdad persistente. El rezago no se corrige, apenas se administra.
En educación, la historia se repite. El presupuesto crecerá solo 1.78% real, pero en proporción al PIB descenderá de 3.3% a 3.19%. La mayor parte se destinará a gasto corriente y becas, mientras los fondos para educación media y superior, cultura y deporte sufrirán recortes. El Instituto Nacional de Educación para Adultos también verá disminuido su presupuesto, cerrando opciones a quienes buscan concluir estudios rezagados. Una sociedad con menos acceso a la educación es más vulnerable a la manipulación política; ese parece ser el efecto funcional, aunque no declarado, de estas decisiones.
El panorama macroeconómico tampoco es alentador. El paquete fiscal prevé más impuestos indirectos, un crecimiento del gasto corriente, un déficit elevado y un endeudamiento mayor que presionará la inflación. Aunque el gobierno sostiene que la deuda es sostenible, cada peso adicional destinado a su servicio reduce el margen de inversión en infraestructura o servicios públicos. El costo recaerá en los consumidores y, sobre todo, en la clase media, que se erosiona año tras año. Paradójicamente, mientras se amplía la base popular mediante transferencias, se asfixia a la clase media que debería ser motor de crecimiento económico.
El ejemplo del impuesto a los refrescos ilustra esa lógica. El gobierno busca reducir la diabetes encareciendo su consumo, pero no ofrece agua potable de calidad como alternativa. En miles de comunidades, los refrescos son la única opción disponible. El aumento impositivo no disminuirá su consumo, pero sí golpeará más el bolsillo de quienes menos tienen. El problema de salud pública seguirá intacto, aunque los ingresos fiscales aumenten.
La cultura y el deporte, nuevamente sacrificados, muestran otro ángulo del presupuesto. El desdén hacia estos sectores habla de un cálculo pragmático: una sociedad con menos acceso a la cultura y al desarrollo deportivo es más fácil de conducir políticamente. Esta visión puede ser útil en el corto plazo, pero a la larga debilita la cohesión social y limita las capacidades del país para enfrentar desafíos mayores.
En suma, el presupuesto 2026 revela continuidad más que cambio. Sheinbaum mantiene el guion heredado: consolidar programas sociales como herramienta de legitimidad política, mientras sectores fundamentales como seguridad, salud y educación permanecen rezagados. La narrativa de transformación se diluye en una estrategia que privilegia la rentabilidad electoral sobre el desarrollo estructural.
Lo que México necesita es exactamente lo contrario: un presupuesto que priorice educación de calidad, acceso universal a la salud, seguridad pública efectiva y generación de empleos dignos. Sin esas bases, los programas sociales son apenas paliativos que posponen problemas sin resolverlos. El reto de Sheinbaum no es repartir más dinero, sino crear condiciones para que los mexicanos no dependan de esas transferencias.
El presupuesto de 2026 no abre una nueva etapa, sino que confirma la continuidad de un modelo cómodo para el poder político: mantener a millones en situación de dependencia, mientras la clase media se reduce y las oportunidades de desarrollo se vuelven más escasas. No se trata de negar la importancia de apoyar a los más vulnerables, sino de reconocer que esos apoyos deben ir acompañados de inversión en sectores estratégicos. De lo contrario, seguiremos atrapados en un ciclo de rezagos, frustraciones y promesas incumplidas.
México necesita un presupuesto que coloque en el centro a las personas, no a las clientelas; que invierta en educación, salud y seguridad como cimientos de movilidad social y desarrollo. Pero lo que tendremos en 2026 es un presupuesto que fortalece el control electoral a costa de las verdaderas prioridades nacionales. El futuro se juega en esa disyuntiva: apostar por el asistencialismo perpetuo o construir un país donde el bienestar deje de depender de dádivas y se base en derechos efectivos y oportunidades reales.
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