La justicia mexicana atraviesa un momento crítico. La llamada “reforma judicial” fue presentada como un ejercicio democratizador, pero en la práctica ha significado un retroceso institucional: debilitó la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), redujo sus capacidades técnicas y sometió a sus integrantes a la lógica del Ejecutivo. El resultado es un deterioro judicial que no se limita a la Corte, sino que permea a todo el Poder Judicial, desde los tribunales colegiados hasta los jueces de distrito y jueces de control.
Hasta antes de la reforma, la Corte estaba integrada por once ministros y dividida en dos Salas especializadas: una en materias civil y penal, otra en administrativa y laboral. Esa estructura permitía compartir la carga de trabajo y dotaba de especialización los asuntos. Hoy, con apenas nueve integrantes y sin Salas, todo debe discutirse en el Pleno. Esto genera una carga artificial, ralentiza la justicia y afecta la calidad de las resoluciones.
En este contexto, la independencia judicial —pilar del Estado de Derecho y de la división de poderes— se diluye. El artículo 17 constitucional garantiza a toda persona una justicia pronta, completa e imparcial. Sin embargo, con ministros en “curva de aprendizaje”, como lo reconoció Ricardo Monreal, ese derecho se convierte en letra muerta. La justicia constitucional no admite improvisaciones: un error de la Corte no afecta a un solo litigante, sino que establece precedentes obligatorios para todo el país.
Lo más grave es el nivel de desconocimiento. Ministros que confunden conceptos básicos como la diferencia entre un juicio de amparo y una controversia constitucional, o que llegan a pronunciarse por “sobreseer artículos de la ley”, muestran un déficit conceptual que sería inaceptable en un tribunal colegiado, y que resulta escandaloso en el máximo tribunal constitucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado reiteradamente que la prisión preventiva oficiosa en México es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la prisión preventiva debe ser excepcional, justificada y proporcional; nunca automática.
El Pleno de la SCJN tendrá que pronunciarse sobre este tema en los próximos meses. Pero el problema es evidente: ¿podrá hacerlo con el rigor doctrinal y técnico que exige el análisis de derechos humanos? Con una Corte debilitada, integrada por jueces sin la experiencia y el peso intelectual necesario, el riesgo es que se confirme la narrativa oficial y se perpetúe una figura que ya ha sido declarada contraria a los estándares internacionales.
La crisis judicial no es patrimonio exclusivo de la Corte. Una revisión honesta revela que los errores se repiten en Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. La falta de preparación, el escaso estudio de los expedientes y la superficialidad en las resoluciones son prácticas extendidas.
En el ámbito penal, los jueces de control son el mejor ejemplo de esta precariedad institucional. Se celebran audiencias en las que se privilegia la rapidez sobre la legalidad, se omite estudiar las pruebas y se toman decisiones improvisadas. Con frecuencia, son los propios abogados defensores quienes deben corregir al juez en cuestiones procesales básicas, mientras los Ministerios Públicos se permiten reírse del desconocimiento judicial. Estas escenas, cada vez más frecuentes en salas de audiencias, ponen en evidencia una formación insuficiente y una cultura jurídica en retroceso.
En otras materias la situación no es mejor. En Ciudad de México, Puebla y otras entidades abundan los casos de jueces que dedican más energía a ejercer autoridad sobre el personal que a estudiar los casos sometidos a su jurisdicción. Corren empleados sin cumplir los trámites administrativos legales, actúan con autoritarismo interno y descuidan su función esencial: impartir justicia con base en el conocimiento de la ley. Muy valientes con sus subordinados, pero distantes del rigor jurídico que debería guiar sus resoluciones.
La independencia judicial no se limita a evitar presiones del Ejecutivo. También exige que los jueces actúen con rigor técnico, conocimiento jurídico y motivación suficiente en sus sentencias. Un juez que carece de preparación o que resuelve sin motivar adecuadamente incumple el estándar de independencia fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy, tanto en la Corte como en el resto de la judicatura, lo que se observa es un retroceso institucional. No se trata de fallas aisladas, sino de un patrón: resoluciones superficiales, falta de independencia intelectual y ausencia de estudio serio de los asuntos. El costo no es abstracto: se traduce en violaciones a derechos humanos, pérdida de confianza social y debilitamiento del Estado de Derecho.
El caso de Coahuila es ilustrativo. Una familia esperó 14 años por la indemnización de 423 hectáreas expropiadas. Cuando al fin el asunto llegó a la Corte, en lugar de una reparación justa, recibieron un fallo que favoreció al gobierno federal y consolidó el despojo. Este tipo de decisiones muestran lo que ocurre cuando el tribunal constitucional deja de ser contrapeso y se convierte en legitimador del poder.
A ello se suma la saturación procesal. Con más de 1,500 asuntos en espera y sin salas especializadas, el Pleno no puede garantizar una justicia expedita. Cada retraso, cada sentencia superficial, representa una violación directa al derecho de acceso a la justicia reconocido en la Constitución y en tratados internacionales.
Lo más preocupante es la actitud del foro de operadores jurídicos. Colegios, barras y asociaciones se limitan a observar y exhibir errores en redes sociales, pero nadie garantiza un análisis técnico serio de los casos. Se ha normalizado la mediocridad en las audiencias, la superficialidad en los razonamientos y la sumisión de los jueces.
La crítica no basta: es urgente que el foro jurídico asuma un papel activo en la defensa del Estado de Derecho. El silencio cómplice solo profundiza el deterioro. Si jueces, abogados y académicos no exigen rigor, independencia y respeto a la Constitución, la justicia mexicana seguirá en regresión.
La justicia constitucional debería ser la última trinchera de los derechos fundamentales. Hoy, la SCJN y buena parte del Poder Judicial parecen más interesados en congraciarse con el Ejecutivo que en defender la Constitución. El panorama es sombrío: una Corte con ministros inexpertos, tribunales colegiados que actúan como oficinas de trámite y jueces de control que exhiben desconocimiento básico en audiencias públicas.
La consecuencia es clara: el Estado de Derecho se erosiona y la democracia se debilita. Lo que está en juego no es un debate académico, sino la vigencia de los derechos de millones de personas.
No me gusta lo que veo. El deterioro judicial es palpable, el foro se limita a observar y exhibir errores, nadie garantiza un análisis técnico serio. Y lo más preocupante: las cosas pueden ponerse peor. Solo es cuestión de tiempo.
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