La Guardia Nacional nació en el discurso como una promesa de esperanza. Se nos dijo que sería la gran transformación de la seguridad pública mexicana: un cuerpo moderno, disciplinado, incorruptible y respetuoso de los derechos humanos. Fue presentada como el antídoto ante el fracaso de la Policía Federal, la cura al cáncer de la corrupción policial y al colapso institucional que dejó la llamada “guerra contra el narco”.
Sin embargo, lo que hoy vemos —a seis años de su creación— es el rostro más sombrío de esa promesa rota. La Guardia Nacional se ha convertido en un aparato militar más, centralizado, opaco y sin controles civiles efectivos.
No es una policía con disciplina militar, sino un ejército con fuero policial. Y esa diferencia semántica ha significado, en los hechos, la normalización de la impunidad.
Bajo el discurso del “orden” y la “seguridad nacional”, el Estado mexicano ha sustituido la justicia civil por la lógica castrense. Con la reforma impulsada por el presidente López Obrador —y ahora mantenida sin cuestionamiento por la presidenta Claudia Sheinbaum—, la Guardia Nacional pasó a depender directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pese a que el artículo 21 de la Constitución establece con claridad que la seguridad pública debe estar bajo mando civil.
Ese traslado fue más que un ajuste administrativo: fue un golpe silencioso al constitucionalismo civil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 63/2019, ya había advertido que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública solo puede ser temporal, extraordinario, regulado y fiscalizado. Lo que hoy ocurre con la Guardia Nacional es lo contrario: una militarización permanente, normalizada y sin rendición de cuentas.
El resultado se palpa en cada estado del país. En Guanajuato, donde se concentran más de 24 mil elementos, no hay disminución del crimen; al contrario, la violencia se ha agudizado. Han ocurrido allanamientos ilegales, agresiones a civiles, balaceras contra migrantes y hasta la masacre de León, donde dos bebés murieron en un fuego cruzado.
En Oaxaca, la Guardia Nacional se ha convertido en un actor cotidiano de abuso. En los retenes de los Valles Centrales, en la Costa o en la ruta de Pinotepa a Huatulco, los habitantes ya saben que pueden ser detenidos por cualquier pretexto. Los agentes piden dinero “para evitar infracciones”, o incluso dan su número de cuenta para recibir transferencias. Los mismos ciudadanos lo documentan en video; pero ninguna autoridad investiga ni sanciona.
El fenómeno se repite en Chihuahua, donde transportistas han denunciado extorsiones de hasta 95 mil pesos para recuperar sus unidades. En el kilómetro 38 de la autopista México–Querétaro, la tarifa es de diez mil pesos por “arreglo rápido”. Se habla de un nuevo código de corrupción: “todo se puede resolver con un depósito”.
Así, la Guardia Nacional, que debía protegernos del crimen, ha adoptado sus mismas prácticas. De 2019 a 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 1,800 quejas contra la Guardia Nacional, por abusos que van desde tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, hostigamiento sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. De todas esas denuncias, solo 13 han derivado en recomendaciones. La cifra revela una impunidad de más del 99%.
Los abusos no son casos aislados. Se trata de una estructura sistemática de corrupción y autoritarismo, amparada por la ausencia de vigilancia civil. La propia CNDH, que antes fungía como contrapeso, hoy actúa como escudo político: no investiga, no denuncia, y a menudo justifica los excesos con el argumento de que “fueron actos aislados”.
La militarización de la seguridad pública no solo contradice los principios del derecho constitucional mexicano, sino también los compromisos internacionales de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Montero Aranguren vs. Venezuela y Alvarado Espinoza vs. México, ha establecido que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir de forma extraordinaria y subordinada al poder civil. La Guardia Nacional viola ambos principios.
En la práctica, se ha creado una cuarta fuerza armada sin contrapesos democráticos. Una institución que porta el uniforme del Ejército, pero opera sin el régimen de responsabilidad militar ni los controles civiles de una policía. Un híbrido que no responde ni a la Constitución ni al ciudadano.
Y mientras eso ocurre, la población vive entre dos miedos: el miedo al crimen organizado y el miedo a los uniformados. En estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz o Guerrero, encontrar un retén de la Guardia Nacional se ha vuelto un riesgo más en el camino. La ciudadanía los percibe no como protectores, sino como depredadores con licencia.
El discurso oficial insiste en que la Guardia “actúa con respeto a los derechos humanos”, pero la realidad contradice al boletín. Los hechos documentados por medios, activistas y víctimas muestran que la Guardia Nacional no inspira confianza: inspira miedo. Y no es un problema menor. Lo que está en juego no es solo la eficacia de una corporación, sino el modelo mismo de Estado de derecho.
México está normalizando la violencia institucional como si fuera parte del paisaje.
El reto es claro: regresar la seguridad pública a manos civiles, eso exige una reforma profunda que recupere la visión original del proyecto, pero bajo tres principios: transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
El actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tiene en sus manos una oportunidad histórica: limpiar la Guardia Nacional, reestructurar sus mandos y garantizar que los abusos no queden impunes. Si no lo hace, heredará una corporación que ya no protege al pueblo, sino que lo vigila, lo cobra y lo somete.
Aún hay tiempo para corregir el rumbo. México no necesita más soldados: necesita justicia, humanidad y un verdadero compromiso con la seguridad civil.
De lo contrario, seguiremos viviendo bajo el mismo dilema: una Guardia que en vez de cuidarnos, nos aterra.
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