El Gobierno de México inició este jueves una ofensiva de gran escala contra al menos doce cárteles que operan en el estado de Michoacán, una región golpeada por la violencia y presiones crecientes de la sociedad civil tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder citrícola Bernardo Bravo durante el último mes.
La estrategia fue delineada en la XXI Zona Militar, en Morelia, con la participación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés; y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que el operativo se dirige contra una docena de grupos criminales, aunque advirtió que el número podría aumentar si se identifican nuevas células. “Se combatirán a todos los grupos delincuenciales que operan en la entidad”, aseguró.
De acuerdo con mapas de inteligencia del Ejército, la FGR y la Fiscalía estatal, en Michoacán operan organizaciones como el CJNG, Los Viagras, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya, Pueblos Unidos, entre otros.
Para contener su avance, el gobierno desplegó 10.506 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en municipios prioritarios como Uruapan y Apatzingán, además de 1.781 efectivos de la Marina en la franja costera y el Pacífico.
La ofensiva responde al malestar social provocado por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos en Uruapan. El edil recibió siete disparos y su presunto atacante, un joven de 17 años, fue abatido en el lugar. Autoridades vinculan el crimen a la disputa entre el CJNG y Los Caballeros Templarios.
A este caso se suma la muerte del dirigente citrícola Bernardo Bravo, presuntamente ejecutado por el líder del cártel Los Blancos de Troya, ‘El Botox’, el 19 de octubre.
La crisis de violencia también impacta el sector agrícola de la región: Michoacán cuenta con 40.000 hectáreas de cultivo de limón, abastecidas por más de 50 empacadoras que enfrentan amenazas, extorsiones y presiones del crimen organizado.
La intervención federal llega en un momento en que organizaciones civiles insisten en la protección de comunidades vulnerables y el respeto a los derechos humanos, en medio de operaciones que históricamente han puesto a la población en riesgo. El gobierno asegura que el despliegue busca estabilizar la región y restaurar la seguridad sin repetir abusos del pasado.
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