El Senado de la República analiza una iniciativa del PRI para proteger a los menores de edad reclutados por el crimen organizado, conocidos en el norte del país como “pollitos de colores”. La propuesta, presentada por el senador Manuel Añorve, busca reformar el artículo 16 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer la obligación del Estado de prevenir, atender, reparar y reintegrar a quienes son usados como halcones, distribuidores de droga o sicarios.
El tema cobra relevancia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cometido por un joven de 17 años que habría sido reclutado por un cártel y que fue ejecutado de inmediato por la policía municipal. También se halló el cadáver de otro menor de 16 años implicado en el ataque.
Añorve advirtió que la niñez mexicana se ha convertido en “mano de obra barata del crimen organizado”, y denunció que los cárteles prometen “tenis y likes” pero entregan miedo, drogas y pistolas. La iniciativa plantea crear protocolos de detección temprana en escuelas y comunidades, brindar atención psicosocial especializada, establecer rutas de reinserción y garantizar una coordinación efectiva entre áreas de protección infantil, seguridad, fiscalías y educación.
La ONG Redim señala que los menores empiezan a ser reclutados entre los 9 y 10 años como informantes, a los 12 años son usados como vigilantes y entre 14 y 16 años se “gradúan” como sicarios o encargados de “tienditas” de droga.
“Lo costoso no es invertir en prevención; lo costoso es no hacer nada. Ni un niño más reclutado por el crimen”, afirmó el legislador priista, resaltando que este fenómeno constituye una forma de esclavitud moderna que requiere acción inmediata del Estado.
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