La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el blindaje jurídico a Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, que impide tanto su revocación de mandato como la continuación de una investigación por el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales.
Por unanimidad de votos, el pleno del máximo tribunal, ahora encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, declaró infundados los recursos de reclamación promovidos por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y el Congreso local, con los que se buscaba revertir las medidas cautelares concedidas a la edil morenista.
Con esta resolución, la Corte avaló las decisiones adoptadas en junio de 2025 por la anterior integración del tribunal, cuando las ministras y ministros Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek concedieron suspensiones que frenaron cualquier acción en contra de la presidenta municipal.
En el primer caso, Yasmín Esquivel admitió a trámite una controversia constitucional promovida por Abelina López para evitar ser sometida a un proceso de revocación de mandato mientras se analizaban las acusaciones por presunta malversación de recursos federales. Posteriormente, Javier Laynez, hoy ministro en retiro, otorgó una medida cautelar que congeló la fiscalización de la cuenta pública del municipio de Acapulco de Juárez, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023.
Los recursos interpuestos por el Congreso estatal y la Auditoría buscaban reactivar tanto la investigación administrativa como el proceso político contra la alcaldesa; sin embargo, la SCJN determinó que no existían elementos suficientes para revocar las suspensiones otorgadas.
De esta manera, las medidas de protección a favor de Abelina López Rodríguez permanecerán vigentes hasta que el máximo tribunal resuelva de fondo las controversias constitucionales promovidas por la funcionaria.
Esta decisión mantendrá en pausa uno de los casos de presunto desvío de recursos públicos más relevantes en Guerrero, estado gobernado por Evelyn Salgado Pineda, cuyo gobierno ha sido acusado de tolerar la impunidad en casos de presunta corrupción, pues muy lejos de impulsar una investigación a fondo, la administración del estado ha mantenido una postura de omisión y silencio frente a los señalamientos contra la alcaldesa de Acapulco.
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