A 72 días del fatal descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, se ha alcanzado el primer acuerdo reparatorio total entre el Gobierno de México y un grupo de afectados. El pacto, confirmado por la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano, beneficia a tres víctimas directas, entre ellas Juan Manuel Iglesias, quien junto a su familia resultó lesionado durante el siniestro ocurrido el pasado 28 de diciembre en el tramo entre Nizandá y Chivela.
El abogado Adrián Arellano informó que este acuerdo busca cubrir de manera integral las necesidades futuras y los proyectos de vida de los afectados. Aunque el monto económico se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad y confidencialidad, la defensa técnica calificó el resultado como una «reparación justa y digna». El despacho reconoció la disposición al diálogo de las instituciones federales, logrando una solución conforme a derecho en un caso que inicialmente se vislumbraba complejo tras las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Originalmente, los representantes legales habían señalado presuntas irregularidades en la construcción, supervisión y operación de la Línea Z, apuntando a constructoras y servidores públicos. No obstante, tras mesas de trabajo y negociaciones, el equipo legal de las víctimas anunció que no se tomarán más acciones legales en este caso particular, agradeciendo la participación de las autoridades involucradas para cerrar este capítulo jurídico.
La investigación liderada por la Fiscalía General de la República ha sido determinante para esclarecer los hechos que dejaron un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de 100 lesionados. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, reveló que el análisis de la caja negra de la unidad confirmó que el descarrilamiento fue provocado por un marcado exceso de velocidad, responsabilidad directa de los maquinistas.
De acuerdo con los registros, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora al ingresar a la curva donde ocurrió la tragedia, a pesar de que el límite máximo estipulado para el servicio de pasajeros en esa zona es de 50 kilómetros por hora. Los peritajes descartaron fallas en el sistema de frenado, señalando incluso que el convoy alcanzó velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el máximo permitido era de 70.
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