La administración municipal de Acapulco enfrenta una nueva crisis de credibilidad tras confirmarse la destitución de Rosario Moreno de la Cruz, quien se desempeñaba como directora del DIF municipal. La separación del cargo se concretó después de que la asociación civil Reinserta denunciara públicamente la desaparición de un cargamento de donativos valuado en más de 2 millones de pesos, recursos que estaban etiquetados para brindar apoyo y condiciones dignas a niñas sobrevivientes de violencia extrema, trata de personas y explotación sexual.
El escándalo estalló cuando la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, exhibió la grave negligencia institucional que rodea la gestión de la Villa de las Niñas, un espacio ubicado en la colonia Progreso que fue reconstruido tras la devastación del huracán Otis con una inversión privada superior a los 40 millones de pesos. Según la denuncia, el camión con suministros esenciales, que incluía colchones, almohadas y artículos de primera necesidad, fue sustraído poco después de su entrega. Aunque algunos objetos fueron localizados posteriormente, estos se encontraban en condiciones de uso, evidenciando un manejo irregular y deshonroso de los insumos destinados a menores en situación vulnerable.
La activista señaló que la exdirectora del DIF Acapulco fue incapaz de garantizar el resguardo mínimo de los insumos, llegando a declarar, según el testimonio de Niño de Rivera, que no podía asegurar que los artículos no fueran robados nuevamente. Este incidente vuelve a poner en entredicho la capacidad operativa y ética del gobierno encabezado por Abelina López Rodríguez, pues la falta de atención por parte de la presidenta municipal ante las solicitudes de auxilio de la asociación, refleja el abandono que caracteriza a la actual gestión en el puerto.
El gobierno de Acapulco confirmó que, de manera paralela a la separación del cargo de la exdirectora, se revisarán los procesos de control interno en las áreas responsables de la recepción de donaciones. La investigación busca determinar cómo ocurrió la sustracción de los artículos y si existe responsabilidad por parte de los funcionarios encargados del resguardo de los bienes.
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