El proceso de transformación y democratización de la vida pública de nuestro país vive momentos estelares y determinantes. La reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 sentó las bases históricas e irreversibles para sacudir las estructuras de un Poder Judicial que se había alejado de las causas populares, abriendo la puerta para que, por primera vez, jueces, magistrados y ministros emanen de la voluntad del pueblo. No obstante, profundizar la democracia requiere no solo convicción, sino también una profunda responsabilidad operativa, técnica y presupuestal.
Es bajo esta premisa de congruencia y madurez política que respaldamos con total firmeza la reciente iniciativa presentada por nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum. Su propuesta pone el acento en un principio indispensable: garantizar que la elección judicial sea puramente ciudadana, pulcra y absolutamente libre de sesgos o rasgos partidistas.
La propuesta de la presidenta es plenamente congruente con el mandato que nos hemos dado en la Constitución: que en las elecciones de las personas juzgadoras no existan representantes de casilla partidistas. Concebir este proceso de esta manera protege su esencia ciudadana. Sin embargo, para cumplir a cabalidad con estas exigencias de imparcialidad y cobertura territorial sin interferencia de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que desplegar el doble de casillas en todo el territorio nacional. Esto implicaría, evidentemente, un incremento sustancial en el presupuesto operativo del órgano electoral, así como una titánica labor en la búsqueda y capacitación de nuevos espacios físicos y de los cientos de miles de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla.
«Coincidamos con la presidenta de lo difícil que será organizar ambas elecciones el mismo día; por ello, lo más congruente es aprobar su iniciativa para pasar dicha elección judicial al año 2028 con todo lo que implica.»
Por ello, coincidimos plenamente con la lectura sensible y pragmática de la presidenta de la República: organizar simultáneamente dos elecciones de tal magnitud el mismo día representa una complejidad técnica 1de dimensiones extraordinarias. Lo más congruente, sensato y estratégico para el éxito de la propia reforma es aprobar su iniciativa legislativa para trasladar la elección judicial al año 2028.
Esta prórroga técnica es un rotundo acierto. Nos permite enfocar de manera óptima las energías institucionales y de movilización social en la trascendental elección intermedia del año 2027. Al separar los calendarios electorales, le otorgamos su propio espacio de maduración a la elección del Poder Judicial para el 2028, asegurando el tiempo necesario para la correcta integración de los comités de selección en los tres Poderes de la Unión, la cuidadosa revisión y cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los aspirantes y la adecuada planeación del presupuesto.
Este enfoque de planeación responsable halla eco en reflexiones del ámbito académico, como las planteadas en el «Informe académico sobre la reforma judicial de 2024 en México», coordinado por destacados juristas y divulgado por instancias como el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dicho estudio subraya las complejas dinámicas de la transición institucional, la envergadura organizativa y la necesidad de dotar de certidumbre jurídica y logística a los procesos de renovación en el Estado de derecho. Escuchar estas consideraciones operativas no debilita la reforma; al contrario, la blinda y asegura su éxito a largo plazo. Aplazar la jornada judicial al 2028 es la ruta idónea para que el proceso no se contamine con las inercias y pasiones propias de las campañas tradicionales de los partidos políticos.
Desde esta tribuna, respaldamos con convicción la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión. Los convocamos a sumarse en favor de esta propuesta para que el proceso intermedio del 2027 se dispute con reglas claras y sólidas, y para que la subsiguiente elección del Poder Judicial en 2028 sea un ejemplo impecable de participación ciudadana.
Para lograrlo, las y los legisladores de la transformación debemos avanzar en la reforma de los artículos transitorios del Decreto del 15 de septiembre de 2024. Adecuar los tiempos constitucionales es el camino correcto para cumplir la promesa de democratizar la justicia en México de forma ordenada, eficaz y con la legitimidad que solo el pueblo organizado puede otorgar. ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!
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