El estado de Guerrero se mantiene desde hace años en el centro del debate por la grave crisis de violencia que enfrenta; el desplazamiento forzado de comunidades enteras en la Montaña y la Sierra, provocado por el asedio de grupos criminales como ‘Los Ardillos’, representa apenas una de las múltiples expresiones de un problema estructural marcado por la delincuencia organizada, la debilidad institucional y la impunidad.
La gravedad del escenario llevó a las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido a emitir alertas de viaje para exhortar a sus ciudadanos a no visitar la entidad; durante el Mundial 2026, ambas naciones ubicaron a Guerrero entre los destinos de mayor riesgo.
La crisis también alcanza al medio ambiente; la tala ilegal en la Sierra Madre del Sur se ha convertido en una actividad constante que genera daños ecológicos y riesgos para la población; los camiones cargados con madera circulan por carreteras y caminos rurales sin las condiciones adecuadas, provocando accidentes mortales como el que cobró la vida del agente del Ministerio Público, Fabián Ruiz, quien impactó contra una unidad maderera estacionada sin luces.
Ante el incremento de la deforestación, el diputado Edgar Ventura de la Cruz solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reforzar los operativos en municipios como Malinaltepec, Cochoapa el Grande, San Luis Acatlán, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte e Iliatenco.
Pocos días después del exhorto, las autoridades hallaron cuatro cuerpos abandonados en un vehículo detrás del Congreso del Estado, en Chilpancingo.
En el ámbito político, la figura de Félix Salgado Macedonio continúa siendo una de las más controvertidas de Guerrero; el exalcalde de Acapulco, exdiputado federal y actual senador con licencia, acumuló diversas denuncias por acoso sexual; de acuerdo con el exfiscal Xavier Olea, las investigaciones nunca prosperaron por la protección política.
Tras perder la candidatura al gobierno estatal en 2021 por irregularidades en sus informes de precampaña, Salgado Macedonio buscó nuevamente competir en 2026; sin embargo, las reglas internas de Morena contra el nepotismo impidieron su registro; el senador decidió permanecer dentro del partido, descartó una candidatura independiente.
La presencia de su familia en el aparato gubernamental ha sido señalada como uno de los principales ejemplos de nepotismo; su hija Evelyn Salgado Pineda gobierna actualmente el estado; otra de sus hijas, Liz Adriana Salgado Pineda, preside el DIF Estatal; además, diversos familiares y colaboradores cercanos ocupan cargos estratégicos dentro del Poder Ejecutivo.
Este esquema también se reproduce en distintos municipios; en Tlalchapa la dinastía Mora Eguiluz ha mantenido la alcaldía mediante el relevo del poder entre la madre, la hija, el padre y, como el caso de Tania Mora Eguiluz, quien tras ganar la reelección en 2024 se mantendrá en el cargo hasta 2027, primero bajo las siglas del PRD y actualmente con Morena.
Otros presidentes municipales de Morena, como Eder Nájera Nájera en Huitzuco de los Figueroa y Clara Elizabeth Bello Ríos en Atoyac de Álvarez, consiguieron la reelección para el periodo 2024-2027.
La infiltración del crimen organizado en la política quedó evidenciada cuando se difundieron videos de la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el presunto líder de ‘Los Ardillos’; tiempo después, la violencia alcanzó uno de sus episodios más impactantes con el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, apenas seis días después de asumir el cargo.
Las acciones del crimen organizado también afectan de manera directa a la población; en Tecpan de Galeana, un convoy integrado por más de cien hombres armados, conocidos como CNG, ingresó al municipio para imponer un toque de queda; el hecho provocó el cierre de comercios, la suspensión de clases y enfrentamientos que dejaron policías y presuntos delincuentes muertos.
El transporte público tampoco ha escapado a la violencia; en Chilpancingo, una camioneta tipo Urvan fue incendiada con pasajeros a bordo durante un ataque relacionado con el cobro de piso; dos mujeres y dos niñas sufrieron quemaduras graves.
En Acapulco, las investigaciones federales derivaron en la captura de Jesús ‘N’, señalado como presunto líder de una red de extorsión contra comerciantes y prestadores de servicios turísticos; el detenido laboraba como asesor de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
En las regiones serranas, los ataques evolucionaron hacia el uso de drones cargados con explosivos; comunidades como Guajes de Ayala y poblados cercanos a Tlacotepec denunciaron daños en viviendas y el desplazamiento de numerosas familias, quienes abandonaron sus hogares para refugiarse en las zonas altas.
La situación humanitaria alcanzó un punto crítico cuando mujeres indígenas desplazadas de comunidades como Tula, Xicotlán y Alcozacán difundieron un video donde afirmaron sentirse abandonadas por el gobierno mexicano; incluso solicitaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar insuficiente la respuesta institucional frente al dominio criminal.
El descontento también se manifestó en las calles; durante las movilizaciones del 8 de marzo de 2026, colectivos feministas realizaron protestas en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Taxco; en la capital estatal quemaron figuras alusivas a Félix Salgado Macedonio para denunciar la impunidad.
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