El Congreso de Nuevo León acudió nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar revertir la suspensión que mantiene frenada la conclusión del juicio político contra Samuel García, en un proceso que acumula recursos judiciales y que podría prolongarse hasta el final de su administración.
El Legislativo presentó dos recursos de reclamación contra las decisiones relacionadas con la controversia constitucional promovida por el gobernador y la medida cautelar concedida el pasado 8 de julio por la ministra María Estela Ríos. Ambos expedientes fueron admitidos y turnados a la ministra Sara Irene Herrerías, quien deberá elaborar los proyectos que posteriormente serán discutidos por el Pleno de la Suprema Corte.
La disputa mantiene abierto un procedimiento iniciado por el Congreso a partir de señalamientos relacionados con una presunta triangulación de recursos públicos y posibles actos de corrupción. Por ahora, sin embargo, el Legislativo no puede emitir un dictamen definitivo debido a las distintas protecciones judiciales obtenidas por el mandatario.
El Gobernador de Nuevo León ha rechazado todas las acusaciones. En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario se calificó como “incorruptible” y afirmó estar dispuesto a someterse a las investigaciones.
Mientras el gobernador defiende su actuación y mantiene abiertas sus vías legales, el Congreso busca que la Suprema Corte retire la suspensión para poder avanzar hacia una definición del procedimiento.
El caso también generó dudas sobre las resoluciones que han favorecido al mandatario. El colectivo Grupo de las 6 presentó una denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial contra la jueza Tania Virginia Neri Borjas, quien concedió el amparo que impide al Congreso emitir un dictamen definitivo.
El colectivo cuestionó la rapidez con la que fue otorgada la protección y señaló un posible conflicto de interés debido a los antecedentes del nombramiento de la juzgadora. Se trata, sin embargo, de señalamientos planteados por los integrantes de la organización y no de una responsabilidad judicial determinada.
Por ahora, el juicio político contra Samuel García permanece abierto, pero sin posibilidad de llegar a una resolución definitiva. La Suprema Corte deberá determinar si mantiene, modifica o revoca la suspensión, mientras otro tribunal revisa el amparo que también mantiene detenido el desenlace del procedimiento.
El resultado de ambas vías será determinante para saber si el Congreso de Nuevo León puede retomar el proceso y definir el futuro del juicio político antes de que concluya el gobierno de García en octubre de 2027.
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