El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, su padre, José Murat Casab, y otros integrantes de su familia fueron señalados por autoridades del actual gobierno estatal en torno a presuntos actos relacionados con el despojo de propiedades en la entidad.
El consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, aseguró que existen documentos en poder de la administración estatal que, según dijo, contienen información que vincula al exgobernador José Murat Casab, a sus hijos, entre ellos Alejandro Murat Hinojosa, y a Ivette Morán con presuntos actos ilegales.
Durante sus declaraciones, Vásquez Sagrero fue más allá al señalar a José Murat como el “principal líder del Cártel del Despojo” en Oaxaca, una acusación que fue respaldada por el gobernador Salomón Jara Cruz, quien sostuvo que el despojo de propiedades fue una práctica impulsada durante administraciones anteriores.
“En el documento quedan vinculados él, sus hijos, la nuera, que también hay información importante que en su momento se tendrá que dar a conocer”, afirmó el consejero jurídico al referirse a la documentación obtenida por el gobierno estatal.
Las declaraciones vuelven a colocar bajo cuestionamiento el sexenio de Alejandro Murat, quien gobernó Oaxaca entre 2016 y 2022. Durante ese periodo, distintas víctimas denunciaron presuntas redes dedicadas al despojo de inmuebles y acusaron que, pese a que el entonces gobernador tuvo conocimiento de algunos casos, no se concretaron las investigaciones ni las sanciones que habían sido prometidas.
De acuerdo con cifras expuestas en su momento por autoridades federales, entre marzo de 2021 y julio de 2022 se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo en Oaxaca, durante los últimos años del gobierno de Murat Hinojosa.
Las investigaciones señalaban una posible participación de distintos actores dentro de las instituciones encargadas de validar, registrar o resolver procesos relacionados con la propiedad. Entre ellos se mencionó a notarios públicos, funcionarios del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral y jueces.
Aunque Alejandro Murat aseguró en su momento que los casos serían investigados, víctimas de esta red han cuestionado la falta de resultados y han acusado que las denuncias no derivaron en las sanciones esperadas.
La actual administración sostiene que cuenta con documentos que podrían aportar nueva información sobre una estructura de presuntos despojos que, de acuerdo con sus acusaciones, habría tenido vínculos que alcanzan a integrantes de la familia del exgobernador.
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