Los albergues para migrantes en la frontera norte de México atraviesan una de sus etapas de menor ocupación, en medio de la reducción de los intentos de cruce hacia Estados Unidos tras el endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Un reportaje de Reuters señala que los refugios de Ciudad Juárez registran una ocupación promedio de apenas 15%, mientras la red de espacios de atención se ha reducido casi a la mitad y actualmente está conformada por 18 instalaciones.
La disminución refleja el cambio en los flujos migratorios hacia la frontera con Estados Unidos. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, se suspendió CBP One, la aplicación que permitía a solicitantes de asilo gestionar citas para ingresar por determinados puntos fronterizos estadounidenses.
Miles de personas que permanecían en ciudades mexicanas a la espera de una oportunidad para solicitar asilo quedaron sin esa vía de acceso, mientras que otros migrantes desistieron de continuar su trayecto hacia la frontera.
Dirvan García, del Consejo Estatal de Población (Coespo), explicó que la red de albergues en Ciudad Juárez se redujo hasta quedar en 18 espacios, con una ocupación general cercana al 15%.
La composición de quienes permanecen actualmente en estos lugares también cambió. Una parte importante corresponde a mexicanos desplazados por la violencia, mientras que entre la población migrante predominan personas procedentes de Venezuela, Colombia y distintos países de Centroamérica.
La situación contrasta con el escenario que enfrentaron las ciudades fronterizas mexicanas cuando se incrementó la llegada de personas que buscaban ingresar a Estados Unidos. En aquel momento, las autoridades habilitaron espacios adicionales ante la posibilidad de que miles de migrantes quedaran varados en territorio mexicano.
Ahora, varios de esos espacios tienen una demanda considerablemente menor.
El cierre de CBP One formó parte de los primeros cambios impulsados por la administración Trump en materia migratoria. La medida eliminó una de las herramientas utilizadas por personas que buscaban presentar una solicitud de asilo en los puntos de entrada.
La reducción de alternativas legales para ingresar a Estados Unidos ha contribuido a modificar las rutas y los flujos hacia la frontera, mientras organizaciones humanitarias han advertido sobre las dificultades que enfrentan quienes permanecen en territorio mexicano.
La situación también ha colocado bajo mayor escrutinio las condiciones en los centros de detención estadounidenses administrados por ICE, particularmente por denuncias relacionadas con el trato recibido por los migrantes y los fallecimientos ocurridos bajo custodia.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura crítica frente a algunas de las medidas implementadas por las autoridades migratorias estadounidenses.
La mandataria ha cuestionado presuntas violaciones a derechos humanos contra migrantes, incluidos mexicanos detenidos por ICE. Entre los casos que han generado preocupación están los fallecimientos de connacionales bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.
En julio, el gobierno mexicano presentó acciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y organismos de Naciones Unidas por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia de ICE, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades mexicanas.
Sheinbaum también cuestionó recientemente una propuesta para dotar a agentes migratorios estadounidenses de guantes capaces de emitir descargas eléctricas, al considerar que su utilización podría representar un riesgo para los derechos humanos.
El contraste entre ambos lados de la frontera es evidente: mientras Estados Unidos endurece sus controles migratorios y disminuyen los intentos de ingreso, los albergues mexicanos que llegaron a prepararse para recibir a miles de personas ahora operan con una pequeña parte de su capacidad.
La frontera norte, por tanto, enfrenta un escenario diferente al de los periodos de mayor flujo migratorio: menos personas llegan a los refugios, pero quienes permanecen en territorio mexicano encuentran cada vez menos alternativas para continuar legalmente su proceso migratorio hacia Estados Unidos.
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