La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Morelos reportó un avance en materia de rendición de cuentas tras sancionar a 39 servidores públicos por irregularidades cometidas entre 2025 y el año en curso; las acciones de la dependencia buscan reducir espacios de impunidad dentro de la administración estatal.
La titular de la dependencia, Alejandra Pani Barragán, encabezó la revisión de 240 expedientes de responsabilidad administrativa; el análisis permitió establecer sanciones e inhabilitaciones para excolaboradores, con el objetivo de impedir su reincorporación al servicio público.
Las carpetas administrativas arrojaron un total de 203 faltas calificadas como no graves; por otra parte, la fiscalización permitió turnar 37 expedientes considerados graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa para el procedimiento correspondiente.
El balance de las medidas correctivas aplicadas por las autoridades de Morelos incluyó 154 amonestaciones oficiales; también se establecieron suspensiones temporales de funciones y la destitución de un servidor público involucrado en faltas éticas.
Las investigaciones identificaron conductas como el incumplimiento de deberes, la adjudicación irregular de contratos, la tramitación de permisos al margen de la ley y el desvío de recursos públicos en perjuicio del erario; además, se detectaron irregularidades en los procesos de entrega-recepción y documentos oficiales falsificados.
La fiscalización estatal también detectó omisiones en las declaraciones de modificación patrimonial de servidores públicos; estos hallazgos forman parte de las investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa.
La Dirección de Investigaciones estatal acumuló ocho mil 354 investigaciones iniciadas en territorio morelense; de esta cifra, siete mil 768 expedientes corresponden a la revisión de omisiones patrimoniales.
El trabajo gubernamental mantuvo bajo revisión 136 asuntos del sector central y 450 del sector paraestatal; en total, 586 expedientes permanecen activos para esclarecer las irregularidades detectadas.
Para el ejercicio 2026, las autoridades ampliaron la cobertura de fiscalización con 211 auditorías; la cifra supera las 136 evaluaciones realizadas durante el periodo previo y refuerza la supervisión sobre las dependencias estatales.
Este despliegue operativo en Morelos consolida un precedente clave en el combate a la impunidad, donde el rigor en las auditorías y la aplicación estricta de la ley demuestran la voluntad real del gobierno estatal por erradicar las malas prácticas; así como proteger el erario público.
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