Circula desplegado de feministas por el nombramiento de Claudia Pavlovich Castellanos como cónsul en Barcelona
Por Lorena Vaniezcot
“Barcelona no es un premio”, se titula un desplegado contra el nombramiento de Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de mexicana en esa ciudad fundada por los romanos entre los siglos 15 y 10 a. de c.
Impulsado por grupos de mujeres y feministas, sostiene que es una falta de respeto que el presidente mexicano haya escogido a una persona con tantas manchas en su trayectoria (y sin experiencia diplomática) al frente del Consulado de Barcelona, que tiene competencias en Catalunya, Valencia, Aragón, Murcia y Baleares, donde residen unos 12 mil mexicanos y mexicanas.
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Andrés Manuel López Obrador la propuso el 17 de enero pasado, la carta dice que no es viable y hace señalamientos graves, acusaciones de corrupción, de la ex gobernadora de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y considera que no debería ser la representante de México.
En la carta enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores español, afirman que durante su mandato en Sonora fueron asesinadas 230 mujeres, y desaparecieron más de dos mil 700 y que a pesar de que desde 2019 solicitaron declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ello no sucedió hasta 2021, cuando terminó su gubernatura.
Señalan que silenció la muerte de 49 niños y niñas y 106 resultaron heridos en el incendio en la Guardería ABC en 2009. Pavlovich Arellano en 2009 era diputada local en Hermosillo. Ella nunca se reunió con las familias de las víctimas y cuando llegó al gobierno del Estado, decretó que el secreto sobre el caso se alargaría hasta 2026.
Narran que estaría presuntamente implicada en la Operación Zafiro, una trama de desvío de 650 millones de pesos (más de 28 millones de euros) de fondos públicos para financiar campañas electorales del PRI. Su mandato en Sonora, dicen fue uno de los que más fondos desvió: 140 millones de pesos (6 millones de euros).
La reprueban a por la “represión” campesina, despojo de tierras comunales para favorecer una minera, que produjo el desastre ambiental por el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos sobre ríos de Sonora. Ella, dicen, negó sistemáticamente la contaminación y hasta 2018 no fueron entregadas las compensaciones a los ganaderos y comunidades afectadas.
