En la Casa Blanca
Analistas del congreso de EU:
La cooperación con México para erradicar la amenaza del fentanilo ha sido insuficiente hasta ahora, señala un análisis del Congreso norteamericano, y se enfila al fracaso; dice que las organizaciones criminales hacen de México una fuente de producción y tránsito de esta sustancia hacia Estados Unidos, por tanto, interrumpir esta producción y tráfico de opioides es la prioridad más importante del gobierno norteamericano junto con el combate a la corrupción.
El documento “Nueva Estrategia de Seguridad Estados Unidos-México: Temas a considerar en el Congreso” realiza una radiografía muy completa del estado de inseguridad y violencia que impera en México. Además del tráfico de fentanilo, aborda el asunto de los “capos” de la corrupción, el estado de derecho en México, la militarización de la seguridad pública, los índices de violencia, homicidios, impunidad, desapariciones forzadas, asesinatos de periodistas y violación a los derechos humanos. Desde su perspectiva, y por estos factores, entre otros, el análisis duda que el Acuerdo Bicentenario logre los niveles de cooperación alcanzados en la Iniciativa Mérida. ¿Lo dan por muerto?
El tema clave para el Congreso son los opioides y la manera en que el Acuerdo Bicentenario habrá de abordar el problema. El informe afirma que las organizaciones criminales internacionales mexicanas (principalmente los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) han hecho de México la principal fuente y el punto de tránsito para el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Ahora, dado el incremento en el vecino país de las muertes por sobredosis de opioides sintéticos (incluyendo el fentanilo), el objetivo de interrumpir la producción y el tráfico de estas sustancias surge como la prioridad clave para asegurar el éxito del Acuerdo. Es decir, si no se detiene el asunto del fentanilo, el Acuerdo está condenado al fracaso.
En febrero de este año, el reporte de la Comisión para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos indicó que, si bien se ha dado el apoyo bilateral, en general la cooperación de los funcionarios encargados de la procuración de justicia en México para erradicar la amenaza del fentanilo ha sido insuficiente hasta la fecha.
El documento cuestiona si México y Estados Unidos le otorgan la misma importancia al tema del fentanilo, pues los efectos de los opioides sintéticos son distintos en los dos países. Aseguran que estos opioides causan más muertes por sobredosis en Estados Unidos que en México.
Estado de derecho y la “militarización” de la seguridad pública.
El Congreso ha expresado su preocupación acerca de la violencia y el abuso a los derechos humanos perpetrados por los grupos criminales y funcionarios corruptos en México. Desde 2018 los homicidios llegaron a 33 000 en ese año. Cinco periodistas fueron asesinados en 2022. Hay 95 mil desapariciones forzosas reportadas, la mayoría desde 2006. La impunidad por el delito de homicidios llegó al 90% en 2019, y es más alta en otros delitos. Para disminuir estos crímenes y abusos, los expertos han pedido a México reforzar su sistema de justicia penal para mejorar los procesos.
Bajo la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos otorgó más de 406 millones de dólares para entrenamiento y equipo para las autoridades de justicia a nivel federal y estatal (policía, fiscales, jueces y personal forense) a fin de apoyar el nuevo sistema penal acusatorio de México que entró en vigor en 2016. Sin embargo, mientras que la organización no gubernamental World Justice Project elogió el potencial del sistema para aumentar la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, el gobierno de López Obrador recortó los fondos de sus instituciones de procuración de justicia como parte de sus medidas de austeridad. También desmanteló la policía federal y creó la Guardia Nacional bajo dirección militar, una fuerza con un controvertido registro sobre derechos humanos y que no cuenta con una autoridad de investigación.
El Acuerdo Bicentenario menciona la necesidad de incrementar la capacidad institucional para responder a los casos de homicidios y reducir la impunidad, pero no está claro cuanta ayuda técnica y entrenamiento aceptará el gobierno. Si México continúa confiando en su ejército para desempeñar funciones de seguridad pública y acepta menos ayuda de Estados Unidos, el Congreso podría perder influencia en la reforma del estado de derecho en México a través de condiciones sobre asignaciones, investigación de antecedentes y capacitación en derechos humanos.
Cooperación anticorrupción y aplicación de la ley
La atención del Congreso debe centrarse en el progreso del combate a la corrupción (una prioridad en la estrategia global de la administración Biden) y reforzar la cooperación bilateral en la aplicación de la ley dentro del Acuerdo Bicentenario. El plan de acción contempla el objetivo bilateral de investigar y juzgar personajes corruptos a fin de destruir redes financieras criminales, y mejorar la cooperación en materia de extradición. Sin embargo, la cooperación bilateral para aplicar la ley en asuntos criminales, especialmente aquellos que tienen que ver con casos de corrupción, sigue siendo una fuente de fricción entre los dos países. El presidente López Obrador también ha criticado a grupos de la sociedad civil que reciben fondos norteamericanos por reportar la corrupción en su gobierno.
En años recientes, las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos se han dirigido a capos criminales de alto nivel y personajes corruptos, incluyendo a Genaro García Luna, un ex secretario de Seguridad Publica mexicano, y Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, en 2020 el último arresto del ex secretario de la Defensa Mexicana el general Salvador Cienfuegos con cargos relacionados a drogas y corrupción terminó por deshacer la cooperación. Ante el arresto del general (que fue liberado), el Congreso mexicano promulgó una ley para limitar las operaciones norteamericanas de investigación y la cooperación bilateral de inteligencia, también el gobierno de López Obrador detuvo la emisión de visas para los agentes de la DEA.
En cuanto a las extradiciones, el análisis señala que éstas alcanzaron el nivel más bajo registrado en los últimos quince años con sólo 43 extradiciones en 2021. Atribuye este índice poco significativo a las condiciones de la pandemia.
Debido a todos estos factores, el análisis pone en duda de que el Acuerdo Bicentenario pueda lograr los niveles de cooperación vistos durante la Iniciativa Mérida, en la práctica lo coloca en el umbral del fracaso sin darle oportunidad de completar un año.
