Prácticamente una tercera parte de los estados en la Unión Americana estaría en contra del programa MPP, mejor conocido como “Quédate en México”, como lo manifestó el fiscal general de California, Rob Bonta, y otros 17 fiscales estatales, quienes pidieron al Tribunal Supremo estadounidense defender las protecciones humanitarias para los solicitantes de asilo y rechazar la continuación de dicha política migratoria.
Los procuradores presentaron un “amicus brief” en el que instan al Supremo a revocar la decisión del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones que obligó a reinstalar el programa “Protocolos de Protección a Migrantes” (MPP, nombre oficial de “Quédate en México”) al fallar en favor de una demanda encabezada por Texas, y calificaron esa decisión de “errónea”.
Desde la implementación de “Quédate en México”, en 2019, los solicitantes de asilo devueltos a México corren el
riesgo de ser secuestrados, extorsionados y violados; se les niega el acceso a servicios fundamentales como la atención médica y la educación; y se viola sistemáticamente su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
Según distintas organizaciones, el programa “Quédate en México” también agrava las deficiencias existentes en los tribunales de inmigración de EE.UU., como la falta de acceso a la asistencia jurídica, los obstáculos a la representación legal, la falta de transparencia en los procedimientos de inmigración y las limitadas protecciones legales para las personas que solicitan asilo.
Ahora, la coalición destaca el interés de los estados firmantes de proteger los derechos de quienes buscan seguridad en Estados Unidos y la importancia de la capacidad discrecional del Gobierno federal para permitir que ciertos migrantes ingresen o permanezcan en el país con fines humanitarios.
“Este ataque dirigido por Texas contra nuestro sistema de asilo es vergonzoso y contrario a nuestros valores estadounidenses fundamentales”, dijo Bonta en un comunicado.
Añadió que el Gobierno federal necesita la capacidad de responder rápida y eficazmente a los desastres humanitarios emergentes.
El Gobierno del presidente Joe Biden puso fin el año pasado a MPP, una de las medidas estrella del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).
Pero tras el fallo del Tribunal de Apelaciones tuvo que poner en marcha el pasado 6 de diciembre nuevamente el programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México el desarrollo de sus casos, por lo que el Gobierno Biden pidió al Tribunal Supremo que escuchara el caso de MPP.
El próximo 26 de abril, los jueces del máximo tribunal escucharán los argumentos de los demandantes y del Gobierno.
Según funcionarios de Naciones Unidas, hasta el 13 de marzo Estados Unidos había devuelto a México en esta segunda etapa de MPP a 1.217 solicitantes de asilo, que deberán esperar la resolución de sus pedidos en el país latinoamericano.
“Ya sean niños vulnerables de El Salvador o familias ucranianas que huyen de la guerra, todos merecen la oportunidad de buscar protección de manera segura y legal. Insto al Tribunal Supremo de Estados Unidos a revocar esta decisión de apelación defectuosa. Es hora de volver a la decencia y de que nuestra nación trate a todas las personas con respeto”, señaló el fiscal de California.
A Bonta se unieron los fiscales de Illinois, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Vermont. No se espera una decisión del Supremo sino hasta junio.
