En la Casa Blanca
Más radicales que Trump, con la complicidad de México
Documentos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos revelan una conspiración bilateral para violar el principio fundamental del asilo: la “no devolución”, que es el compromiso de no enviar a nadie de vuelta al peligro, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos estaba muy contento de ver a México realizar expulsiones rápidas y sucias. El gobierno mexicano dio prioridad a los esfuerzos del vecino país para bloquear el asilo por encima de la seguridad de los migrantes que viajaban a través de México.
A principios de 2019, una caravana de 2 mil migrantes que iba a Estados Unidos a través de México fue detenida y concentrada en una vieja fábrica en Piedras Negras, Coahuila, al otro lado de la frontera con Eagle Pass, Texas. La operación la realizó el gobierno mexicano, a petición de la administración Trump, a la vez Estados Unidos estableció una cerrada vigilancia en Eagle Pass para evitar que los migrantes se acercaran a la frontera a solicitar asilo, una práctica que fue prohibida por un juez federal norteamericano por considerarla ilegal.
Aparte de militarizar la frontera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aplicó el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) conocido también como “Permanecer en México”, que obligó a los solicitantes de asilo a esperar en las peligrosas ciudades fronterizas mexicanas.
De acuerdo al portal The Intercept, cerca de 1000 páginas de documentos, correos electrónicos e informes de la CBP detallan los extremos a los que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y México para vigilar, detener y deportar a los migrantes que se dirigían al vecino país en busca de asilo.
Con la administración Biden la situación empeoró, pues el gobierno aplica políticas anti asilo más radicales que las de Trump, incluida una versión ampliada del MPP en estrecha colaboración con el gobierno mexicano. En una reunión reciente entre el secretario del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, Alejandro Mayorkas, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció el compromiso “compartido para detener la migración irregular y crear vías legales viables”. Sin embargo, a más de un año de la presidencia de Biden, México y Estados Unidos siguen aplicando medidas enérgicas contra la migración y no han abierto caminos para migrar de manera legal y segura.
Biden condenó la política migratoria de su antecesor Trump, pero la suya ha sido ma dura. / TwitterCuando Biden asumió la presidencia, quiso eliminar el MPP, pero un tribunal le ordenó reiniciarlo aunque hasta hoy sigue congelado. Tampoco eliminó el Título 42, un código de salud pública que se aplica desde marzo 2020 (con pretexto de la pandemia) para expulsar a los migrantes sin darles asilo. Por ello, Biden ha sido criticado por el Congreso y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y ante esto solo dejará que el Título 42 expire en abril de este año.
Para sellar la frontera sur en Texas, Estados Unidos echó mano de la Seguridad Pública de Texas, la Policía de Eagle Pass, la 3ª Brigada de Aviación de Combate del Ejército (que fue desplegada en Afganistán e Irak) y la Guardia Nacional de Texas, todos listos para contener un “evento de migración masiva”. Además, participaron agentes especiales de la CBP y se trasladó un centro de procesamiento móvil de Washington D.C. a Eagle Pass. La CBP movilizó aviones tripulados, drones y estableció una zona de exclusión aérea. Un general de brigada del Ejército se reunió con el liderazgo de la CBP para ser informado sobre la “situación actual de la caravana” de migrantes.
Por parte de México participaron, la oficina de migración INM, policía municipal de Piedras Negras, varias unidades de la policía de Coahuila, la policía federal mexicana y una agencia federal de inteligencia, todos coordinados para bloquear, acorralar y deportar a los migrantes.
La CBP también le dio seguimiento a grupos de migrantes que venían desde la Brecha del Darién en Panamá. Se analizaron casi 10 mil registros de migrantes realizados en el sur de México en coordinación con los gobiernos de Colombia y Panamá. Fue un “esfuerzo transnacional para cerrar el asilo” dijo Ari Sawyer de Human Rights Watch.
Primera Llegada
En el “refugio” de Piedras Negras, los migrantes fueron vigilados por 500 agentes de la policía federal mexicana junto con la policía local y soldados del Ejército. Como el proceso de asilo en Eagle Pass se detuvo, algunos migrantes escaparon del refugio, solo que algunos se toparon con el crimen organizado.
Para disuadirlos, las autoridades de Piedras Negras elaboraron un volante con el mapa de la frontera norte que describe a la ciudad como una “sección muy vigilada”, explicaba que, en Estados Unidos, el puente de Eagle Pass estaba “protegido” por más de 800 agentes para bloquear el ingreso de migrantes.
Sin embargo, un informe de Seguridad Nacional de 2020 muestra que sellar los puertos de entrada no detiene a los migrantes para cruzar, buscarán otros lados y utilizarán a las bandas de crimen organizado para pasar la frontera. Los documentos del CBP confirman que los migrantes deseaban” llegar a puentes internacionales para iniciar sus procedimientos de asilo”. Es decir, querían seguir la ley.
El defensor de derechos humanos, el abogado Andrew Free, describió la situación como “una conspiración internacional para violar el principio de no devolución”, el principal pilar del asilo, que es el compromiso de no enviar a nadie de vuelta al peligro.
El guante de la seguridad
El MPP, mejor conocido como el decreto “Quédense en México”, más vigente que nunca. / TwitterDurante la estancia de los migrantes en Piedras Negras, los mexicanos y la CBP compartieron “inteligencia” sobre los detenidos. En los documentos, se detalla que CBP señala a los migrantes con filiaciones con pandillas, según lo determinado por el INM. Mientras tanto, las autoridades mexicanas realizaban “barridos de hoteles” y “operaciones de recogida de migrantes dentro de la ciudad”, también identificaron a “tres organizadores de caravanas” y compartieron la información con CBP.
De acuerdo a los documentos de CBP, México revocó las visas humanitarias si intentaban cruzar a los Estados Unidos o si se acercaban al Río Bravo. También sellaron los cruces fronterizos con agentes armados, en preparación ante “un cruce masivo de centroamericanos”. A la vez, el INM dejó de otorgar la tarjeta de visitante humanitario cuando se dio cuenta de que creaba un “factor de atracción”. En pocas palabras, México priorizó los esfuerzos de Estados Unidos para bloquear el asilo sobre la seguridad de los migrantes que viajaban a través de México.
Los funcionarios mexicanos también arrestaron y llevaron a los migrantes fuera de la frontera, “deportaron” a cientos de ellos, según los documentos de CBP. “El gobierno de Estados Unidos estaba muy contento de ver a México realizar expulsiones rápidas y sucias” dijo Sawyer de Human Rights Watch. Fue un enorme esfuerzo bilateral para sellar la puerta del asilo en la frontera con Estados Unidos y que México paga con creces al quedarse con la carga migratoria en los puntos fronterizos. El programa “Permanece en México” llegó para quedarse.
