En medio de una ola de violencia pandilleril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de haber patrocinado en el pasado una «tregua» que «fortaleció» a las pandillas.
«Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la ‘Tregua’ que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país», escribió Bukele en Twitter.
Esta publicación fue en respuesta a Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, que criticó un tuit de Bukele en el que advierte a la pandillas que si no frenan la ola de asesinatos, que comenzó el viernes, sus colegas presos «van a pagar también».
«Populismo penal: Ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries. Resultado Final: + ciclo de violencia para todos», publicó Abrao, quien dejó la CIDH en septiembre de 2020.
La OEA acompañó en 2012 un armisticio de las principales pandillas, Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, impulsado por el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).
El entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo en esa época que realizarían un papel de «verificar el proceso», entre otras tareas «que configuran el rol de garante (…) que nosotros asumiremos con mucho gusto».
Durante la vigencia de la tregua entre estas bandas los asesinatos bajaron en el país de un promedio de 14 diarios a 5, pero su ruptura llevó al país a convertirse en el más violento del mundo en 2015 con una tasa de asesinatos de 103 por cada 100 mil habitantes.
El Salvador registra desde el viernes una escalada en los homicidios, que solo el sábado generó 62 homicidios, la cifra más alta en la historia salvadoreña en un solo día.
El Congreso, a petición de Bukele y sin realizar ningún estudio de la medida, aprobó la madrugada del domingo un régimen de excepción.
Para tratar de controlar la ola de violencia, el Congreso suspendió a los salvadoreños la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, además amplió a 15 días el plazo de detención administrativa y levantó la prohibición de intervenir telecomunicaciones sin control judicial.
A pesar de las medidas y la detención de más de mil personas, las pandillas mantuvieron el pulso con el Gobierno y generaron, según cifras oficiales, 11 homicidios el domingo.
