En la Casa Blanca
Rusia y EE.UU. no reconocen al tribunal que se encargaría de investigación
Qué puede detener a este “criminal de guerra”, “matón”, “carnicero” como describe Biden a Putin, a este hombre que “no debe estar en el poder”, según su criterio que no refleja el del gobierno norteamericano. Hasta ahora nada, pero algo se mueve en la Corte Penal Internacional de la Haya. La solicitud por parte de 39 países firmantes, dio curso a la investigación de la Corte sobre la invasión de Ucrania, la cual se traduce en un verdadero reto: o proporciona un “detente” para Putin y sus atrocidades o prepara su epitafio de obsoleta.
Sin importar que Estados Unidos y Rusia no reconocen el Estatuto de Roma, esta solicitud de 39 países fue el camino más adecuado para abrir un proceso de investigación sobre la invasión de Ucrania. Una tarea bastante complicada pues implica dar una resolución que represente un verdadero cambio, una respuesta que el mundo espera y que ésta no sea un resultado a destiempo y de poca utilidad, es decir, que tarde lustros.
La agresión por parte de Rusia a Ucrania, los ataques aéreos a un hospital de maternidad, a una
escuela de arte, a un teatro donde había refugiados, unidades habitacionales sometidas a fuego de tanques, y los civiles muertos, podrían ser buena parte de las pruebas que se van acumulando para señalar, en principio, a Vladimir Putin como “criminal de guerra”. Una acusación bastante seria pero que tiene un rumbo muy intrincado para la Corte Penal Internacional (CPI).
Después de los epítetos de Biden, los funcionarios de la administración se abstienen de hablar sobre las brutales agresiones de Putin en Ucrania. Para evadir el tema, señalaron que había investigaciones en curso para determinar si los ataques encajan con la descripción “crímenes de guerra” y si se podía utilizar el término de “criminal de guerra” sobre Putin.
Por su parte, el Kremlin calificó las palabras de Biden como “injustificables e imperdonables”. La pregunta es, ¿por qué este tipo de respuesta? Lo cierto es que hay varias cartas en juego.
El calificar a un personaje político como “criminal de guerra” implica aplicar un término legal que
podría conducir a un juicio. Esto es, meterse en los terrenos de la Convención de Ginebra, tocar la puerta del Derecho Internacional en donde se definen las acciones en un conflicto armado. Si la administración Biden señala que hay investigaciones en curso, habría que ver por dónde se busca el camino para sentar a Putin en el banquillo de los acusados, y si se puede.
Existe ya una investigación internacional y se logró por la solicitud de 39 países, la mayoría europeos. En una entrevista a CNN, el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan dijo que la ley internacional es muy clara “es un crimen atacar intencionalmente a civiles, es un crimen atacar intencionalmente objetivos civiles”. En un proceso de esta magnitud la carga de la prueba es muy importante.
¿Qué es un crimen de guerra?
De acuerdo a la información de la CPI, un crimen de guerra es una violación al Derecho Internacional cometida en un conflicto armado. El término se define en la Convención de Ginebra cuyo propósito es proteger a las víctimas en este tipo de conflicto.
El IV Convenio de Ginebra se refiere a la protección de la población de los países en un conflicto de guerra. Las partes en conflicto podrán, de común acuerdo designar zonas neutralizadas para los heridos, enfermos (combatientes o no) y para los civiles que no participen en las hostilidades. Las personas con discapacidad y las mujeres encintas serán objeto de protección y de respeto. En ningún caso podrán atacarse los hospitales, pero éstos deberán abstenerse de efectuar actos perjudiciales para el enemigo (esto fue un alegato de Putin al afirmar que la resistencia utilizaba civiles y hospitales como escudos). También se respetarán los traslados de heridos y enfermos civiles.
Los Convenios de Ginebra están integrados por siete tratados individuales y cuatro Convenios que entraron en vigor en 1950. Rusia ha ratificado los 4 Convenios de Ginebra y los protocolos I y II, el III sigue pendiente de ratificar y refieren detalles del trato a la población en tiempos de guerra, así como los servicios médicos.
La Corte Penal Internacional de La Haya, establecida por los estatutos de Roma en 1998, comenzó a funcionar a partir del 1 de julio de 2009, con el fin de perseguir los crímenes de guerra cometidos después de esta fecha. Cabe señalar que la CPI no juzga países, se concentra en líderes, en personajes políticos que llevan el peso de la responsabilidad en los crímenes de guerra.
Los crímenes a perseguir, más en detalle, son los siguientes:
-El asesinato, el maltrato o la deportación para realizar trabajos forzados de la población civil de los territorios ocupados.
– El asesinato o maltratos de prisioneros de guerra o náufragos.
– La toma y ejecución de rehenes.
– El pillaje de bienes públicos o privados.
– La destrucción sin motivo de ciudades y pueblos.
– La devastación que no se justifique por la necesidad militar.
Los primeros casos de jefes de Estado acusados de crímenes de guerra fueron el ex primer ministro de Japón Hideki Tojo en 1946 en los juicios de Tokio; y el ex presidente de Yugoeslavia, Slobodan Milosevic, juzgado en 2002 por orden del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia.
Investigación y enjuiciamiento
La investigación se puede iniciar de tres maneras: por petición de un Estado miembro de la CPI, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde se aplica el veto invertido, similar al veto del Consejo) o de oficio por el fiscal de la Corte, en este caso el fiscal Karim Khan.
Las penas pueden de 30 años, o cadena perpetua. Además de una multa y el decomiso de las especies que sean de propiedad del condenado.
La Corte y los Estados
La Corte, en virtud de las normas del Estatuto que la autorizan, podrá pactar con diferentes Estados las formas de cooperación, de investigación o de cumplimiento de condenas. En el caso de Putin, el proceso de investigación se realizó en este marco de cooperación (pese a que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho de veto) en donde 39 países, la mayoría europeos, dieron curso a esta investigación de la CPI.
El fiscal Karim Khan, afirmó que hablará con todas las partes: Ucrania, Rusia, partidos estatales y no estatales. La investigación abarca desde 2014, cuando Rusia se apoderó de Crimea. El tiempo que llevará la investigación es largo, llevará varios años para que concrete en una acusación. Será una dura prueba para el Derecho Internacional y un mega reto para la CPI para dar una solución que represente un cambio. Que no sea una respuesta tardía y que propicie el aislamiento internacional de Putin como presidente y como persona.
Hay un detalle, un significativo lastre que carga la CPI es que Estados Unidos y Rusia no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma que conforma a la CPI, además de Israel, China, Cuba e Irak. Empero, es de esperar que la fuerza de los 39 países que solicitaron la investigación sea suficiente peso para concretar un juicio. Lo deseable, es que no tarde lustros.
