De forma paralela al planteamiento del término de la política del Título 42, la cual permite la expulsión expedita de inmigrantes que arriban a la frontera, ahora el Gobierno de Joe Biden envió un memorando a los fiscales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde los autoriza para desestimar los casos planteados contra inmigrantes indocumentados que lleven tiempo en el país y no supongan una amenaza para la seguridad pública.
Dicho plan podría reducir significativamente la acumulación de casos de asilo y deportación, ya
que la administración de Biden anticipa una gran oleada de inmigrantes que cruzan la frontera y al mismo tiempo aliviar el colapso de las cortes migratorias, que acumulan 1 millón 700 mil expedientes pendientes, lo que alarga durante años la espera de los inmigrantes.
En el memorando, según mencionó The New York Times, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ordenó a sus abogados que revisaran los casos y trataran de aclarar aquellos considerados de baja prioridad según las pautas de cumplimiento que la administración estableció el año pasado. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración estima que hay al menos 700 mil casos de este tipo, alrededor del 40 por ciento de la acumulación de casos en los tribunales.
De avanzar, se traduciría en una noticia alentadora para decenas de migrantes, quienes vieron sus casos totalmente detenidos en medio del colapso en las cortes, principalmente por la pandemia del coronavirus, que limitó y retrasó los procedimientos.
Se trataría de un segundo intento en la administración de Biden, quien en noviembre de 2021 anunció una regla que establecía ciertas prioridades de deportación. La norma ordenaba a ICE enfocarse en el arresto y la expulsión de quienes tienen antecedentes penales graves o representan una amenaza para la seguridad pública y en quienes hayan cruzado la frontera recientemente y no tengan un arraigo en el país.
El esfuerzo por reducir el retraso se produce cuando la administración Biden se prepara para lo que podría ser el mayor aumento hasta ahora de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera.
Se espera que el aumento coincida con el final de una orden de salud pública de la era de la pandemia que otorgó a los funcionarios fronterizos la autoridad para expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados.
Es el último de una serie de esfuerzos de la administración Biden para simplificar la aplicación de la ley de inmigración en ausencia de una acción por parte del Congreso.
