En la Casa Blanca
El espionaje, una de las pasiones de las agencias de inteligencia en todo el mundo, se debate en Estados Unidos entre los intereses de la seguridad nacional y los derechos civiles de los ciudadanos norteamericanos. Un debate aún no resuelto por la Corte Suprema de este país pues cualquier inclinación hacia una de las partes, va en detrimento de la otra, así que, irónicamente por razones de seguridad nacional la discusión se mantiene en vilo y en la indefinición. Seguridad nacional versus transparencia gubernamental, difícil decisión.
Sin embargo, en la práctica este debate parece resolverse rápido pues el avance tecnológico para la recopilación de megadatos así como las necesidades inmediatas de las agencias de inteligencia norteamericanas dan un pragmático manotazo a los derechos ciudadanos al momento de adquirir esta tecnología para la obtención de información sensible a través de celulares y cualquier sistema de comunicación como las computadoras.
A través de los dispositivos e uso cotidiano, como los celulares, computadoras personales y GPS de los automóviles entre otros, es posible recopilar una infinidad de información personal de los ciudadanos en cualquier parte del mundo, gracias a la utilización de sus redes sociales. Así, las agencias de inteligencia logran tener conocimiento de los gustos personales desde comida, lecturas favoritas, las páginas de la red que visita y hasta la tendencia política del individuo, muy útil en tiempos electorales por aquello de las campañas y encuestas a través de las redes.
Los esfuerzos por parte del Congreso norteamericano por controlar a través de un marco legal a las agencias de inteligencia de su país y el uso que le propinan a esta inmensa colección de megadatos parecen más complicados cada día. Y son dos elementos los que entorpecen este frustrado intento por colocar un eficaz arnés legal: por un lado, la ambiciosa y jugosa venta de esta minería de datos por parte de empresas especializadas, y el tremendo poder que otorga este manejo de la información por parte de las agencias de inteligencia (la Agencia de Seguridad Nacional, CIA, FBI por mencionar algunos).
Así que, para la Corte de este país, el asunto del control legal está más que rebasado por los hechos, y el último en enterarse es el ciudadano norteamericano, por lo menos el que se preocupa por leer los medios de información, porque los pobres y trabajadores de bajos ingresos que se manifestaron hace unos días en Wall Street, tienen otras preocupaciones más fuertes e inmediatas: los medios de subsistencia, intereses que están muy por encima de la vigilancia de su celular.
De esta forma, no hay duda de que el ciudadano común está en las garras de sus agencias que dicen cuidarlos y protegerlos, pero eso sí, cuando se trata de los corredores por donde transitan drogas y armas en el país, o de ubicar a los capos de la droga en Estados Unidos, la comunidad de inteligencia parece voltear para otro lado. Qué ironía, tienen acceso a lo mejor de la tecnología y los megadatos y se tropiezan con sus problemas de violencia con armas de fuego, drogas y muertes por sobredosis y lavado de dinero, entre muchos otros. Qué gran falla.
Anomaly Six, un contratista secreto del gobierno
Antes de la invasión de Ucrania, dos empresas estadounidenses tuvieron una reunión con el fin de conformar una sociedad de vigilancia basada en el rastreo de los movimientos de miles de millones de personas a través de sus celulares y gracias a los datos comprados directamente a Twitter. Según Brendon Clark de Anomaly Six (A6) la combinación de su tecnología de rastreo de celulares con la vigilancia de las redes sociales por parte de Zignal Labs permitiría al gobierno de Estados Unidos espiar – en ese momento- a las fuerzas rusas que estaban al acecho en las fronteras con Ucrania o rastrear un submarino chino, si lo desean. Es más, afirma monitorear miles de millones de celulares y desenmascarar espías con solo presionar un botón. Hasta ofrecieron espiar a la CIA y la NASA para mostrar la eficacia. Todo por vender.
A6 es una empresa que compra grandes cantidades de datos, esto le permite el exitoso rastreo gracias a la información que nosotros proporcionamos en nuestros celulares. Cuando abrimos alguna página, a veces se nos pide la ubicación para enviarnos “notificaciones”, a estas aplicaciones les damos el “clic” de aceptar por pereza de no leer el kilométrico documento de “condiciones” y entrar a la página que deseamos. Ese “aceptar” que oprimimos se transmite al anunciante, y así se van recopilando los datos, poco a poco vamos formando parte de ese mar de megadatos que después son puestos en venta por una millonaria cantidad de dólares y sin ninguna prohibición legal. Allí entra la billetera de A6, para adquirir la mercancía y venderla a quien mejor le parezca.
Esto es lo que hacen las empresas de publicidad digital, realiza el trabajo duro todos los días y después a buscar cliente.
Según las grabaciones de una presentación de A6 revisadas por el portal The Intercept, la empresa puede rastrear unos 3 mil millones de dispositivos en tiempo real, lo que equivale a la quinta parte de la población del mundo. Ahora bien, la asociación de A6 y Zignal Labs proponen a sus clientes (corporativos o gubernamentales) no solo vigilar las redes sociales a nivel global sino también proporcionar información sobre quién envió ciertos Tweets por día, de dónde los enviaron, con quién estaban, dónde estuvieron y a dónde fueron después. Una maravilla para aquellos que vigilan a sus enemigos globales o empresas que quieren pillar a sus empleados.
Una fuente anónima expresó su preocupación por la legalidad de los contratistas gubernamentales como Anomaly Six y Zignal Labs “revelando publicaciones sociales, nombres de usuario y ubicaciones de estadounidenses” a los funcionarios del Departamento de Defensa”. Este es el gran de talle: quién usa los datos, el uso que les da y para qué fines. Si de verdad A6 tiene este arsenal de datos o al menos una parte de ellos, esto le da un poder de espionaje preocupante desde el punto de vista de la privacidad personal.
Los antecedentes
El 31 de diciembre de 2005, el abogado general interino de la CIA, John Rizzo recibió una llamada de la Casa Blanca acerca de un capítulo del libro de James Risen “State of War” que aborda una operación fallida de la CIA en Irán. La administración Bush deseaba impedir la publicación del libro, solo que los ejemplares ya estaban en las librerías.
La administración creyó identificar a la persona que filtró la información para el libro, y por ese motivo quiso citar a James Risen, entonces reportero del New York Times para que identificara su fuente. La revelación señala que funcionarios de inteligencia le pidieron a un científico ruso que había desertado a los Estados Unidos, que entregara unos planos defectuosos para un dispositivo nuclear a un científico iraní. La misión fracasó porque el científico ruso se puso nervioso y al final reveló a los iraníes que los planos eran defectuosos.
El NYTimes consideró la publicación del artículo acerca de esta operación fallida realizada en 2003, sin embargo, Condoleezza Rice, asesora de Seguridad Nacional de Bush presionó al diario para retener la publicación por el bien de la seguridad nacional. Más tarde, Risen reveló la historia en su libro, a la vez se dio a conocer que el gobierno norteamericano estaba construyendo un caso para entrar en guerra con Irak sobre la base de una inteligencia defectuosa sobre el programa de armas nucleares de ese país. Algo que nunca se comprobó.
Risen señaló que “la competencia de las operaciones de inteligencia sobre las capacidades nucleares de Irán era algo que el público necesitaba examinar”.
Después de seis años de alegatos, el caso resultó ser emblemático en torno al tema de la libertad de expresión debido a los fuertes desafíos que presentó para la prensa, por un lado, y para el gobierno, por el otro. James Risen se negó a testificar, la Suprema Corte se negó a revisar su caso, una decisión que permitiría a los fiscales obligar a Risen a dar su testimonio.
El asunto fue a parar a manos de la administración Obama. El tema puso sobre la mesa dos opciones: obligar a Risen a rendir su testimonio y ser responsable de enviar a un reportero a la cárcel, o dar marcha atrás, perdiendo la credibilidad de la comunidad de inteligencia que presionaba duro para llevar a juicio a los responsables de las filtraciones. Difícil el dilema para la administración, entre aplicar la ley para combatir las filtraciones, y a la vez, mostrar la preocupación por las libertades civiles y la transparencia gubernamental.
Cuando el gobierno de Bush citó por primera vez a Risen a principios de 2008, ya era un personaje conocido en la Casa Blanca. Risen fue uno de los dos reporteros del NYTimes que en 2005 descubrieron que la administración Bush realizaba escuchas telefónicas sin orden judicial de los ciudadanos estadounidenses.
Y una vez que empezó, esta vigilancia telefónica no se ha detenido. Una carta declasificada por los senadores Ron Wyden de Oregon y Martin Heinrich de Nuevo México, reveló recientemente que la CIA había estado recopilando desde hace varios años y sin una orden judicial, datos que de alguna manera vulneran la privacidad de los ciudadanos de Estados Unidos. La CIA siguió ocultando los datos y recomendó que la información, así como el informe sobre el tema fuesen un tema clasificado.
Ese informe llamado “Deep Dive II” es un conjunto de análisis realizados por la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles, que examina las actividades de la comunidad de inteligencia bajo la orden ejecutiva 12333, misma que les permite tener acceso a la información clasificada sin mayor rodeo.
En marzo de 2021, el Comité de Inteligencia del senado recibió una copia del informe, al mes siguiente en una carta, los senadores demócratas, Wyden y Heinrich pidieron a la directora de inteligencia nacional, Avril D. Haines y a William J. Burns, director de la CIA, declasificar la actividad y las reglas internas sobre la consulta de datos para obtener información sobre los ciudadanos, argumentando que las leyes “prohíben la recopilación de los registros estadounidenses sin orden judicial”.
Un funcionario de inteligencia, dijo que el Comité de Inteligencia ya sabía sobre la recopilación de estos datos. El Informe Deep Dive II se centró en las herramientas de análisis y consulta de esa información, sistemas de los que el Comité “pudo no haber sido informado” previamente, dijo el funcionario anónimo.
En 2013, el escándalo iba creciendo, con las revelaciones del ex contratista de inteligencia Edward J. Snowden, acerca de que laAgencia de Seguridad Nacional recopilaba el registro de las llamadas telefónicas de los ciudadanos bajo una interpretación acomodaticia de la Ley Patriota, y que lo mismo sucedió con los correos electrónicos. Al mismo tiempo, el New York Times informó que la CIA pagó a la compañía AT&T para acceder a su registro de llamadas para detectar a sospechosos de terrorismo en el exterior. También se encontró que la CIA obtuvo registros masivos de las transferencias internacionales de dinero manejadas por Western Union, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, esto también bajo el amparo de la Ley Patriota.
(Por cierto, el jueves 10 de febrero del presente año, la CIA publicó un informe donde describe el seguimiento de los datos financieros internacionales bajo la orden ejecutiva 12333 como parte de los esfuerzos de la agencia para combatir el estado islámico) Nota del autor.
En 2015, el Congreso prohibió la recopilación masiva de metadatos de telecomunicaciones bajo la Ley Patriota, también limitó la recopilación masiva por parte del FBI bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
Sin embargo, la CIA sigue haciendo lo suyo al amparo de la orden ejecutiva 12333, revelaron los senadores, y lo hace fuera de la
vigilancia del Congreso, sin supervisión por parte del poder judicial ni del ejecutivo. En su carta, los senadores Wyden y Heinrich presionaron a la CIA para que revelara el tipo de relación que tiene con las compañías que le proporcionaron los metadatos, “las reglas que rigen el uso, junto con los registros, almacenamiento, almacenamiento, difusión y consultas de los registros”. Naturalmente la CIA se protegió con argumentos de seguridad nacional y se volteó hacia otro lado.
En 2017, el gobierno dio a conocer las pautas del fiscal general para las actividades de la CIA bajo la orden ejecutiva que establece las reglas para estos asuntos, aunque no está claro si la Agencia se ha ajustado a este marco legal. El informe Deep Dive II indica que, hasta ese momento, la Agencia no había desarrollado políticas o procedimientos sobre el manejo de los datos.
Por ejemplo, las recomendaciones indican que cuando la CIA usa el identificador de un ciudadano como consulta para buscar algún dato no especificado, aparece un cuadro para recordarles que la búsqueda debe tener un propósito de inteligencia extranjera. Pero los funcionarios de la Agencia no están obligados a registrar cuál era ese propósito, y las recomendaciones piden a la Agencia que por favor lo haga. De nuevo voltear hacia otro lado.
XKeyscore
En 2013, salió a la luz pública el sistema XKeyscore, como parte de las filtraciones del ex contratista de inteligencia Edward Snowden, un sistema que permite a los analistas de la Agencia de Seguridad Nacional la consulta de metadatos interceptados en internet en busca de información.
Estas intercepciones fueron cubiertas también por la orden ejecutiva 12333 que rige la vigilancia que se lleva en el extranjero, y la intercepción de comunicaciones de una persona extranjera a otra extranjera a medida que cruza el suelo estadounidense.
El Congreso ha dejado sin regulación este tipo de vigilancia de seguridad nacional pues la ley 12333 permite la recolección masiva e indiscriminada sin orden judicial lo que plantea preocupaciones cobre la privacidad y libertades civiles por la manera en que el gobierno maneja los mensajes privados de los ciudadanos.
La Junta decidió en 2014 realizar un estudio de las actividades de la orden ejecutiva 12333 que abarcaría tres temas: dos que involucran a la CIA y uno al sistema XKeyscore de la Agencia de Seguridad Nacional. El informe presentado causó polémica ya que para el demócrata Travis Le Blanc (miembro de la Junta y que después renunció) dijo que llegó la información “minima” es decir, muy elemental sobre la recolección de datos y que no hubo esfuerzos por analizarla. Tampoco se analizaron los episodios en que los analistas de la Agencia de Seguridad Nacional en 2019 habían violado las reglas de búsqueda, por lo cual los problemas graves de cumplimiento de la ley se siguieron acumulando.
Llegó el caso de la empresa Anomaly Six “A6” ya mencionado, un contratista secreto del gobierno, afirma monitorear los movimientos de millones de personas en todo el mundo y desenmascarar a los espías con sólo presionar un botón.
¿Una KGB estadounidense?
El representante republicano Chris Stewart, en entrevista con Fox News, expresó las apremiantes preocupaciones dentro del Congreso sobre el tema del espionaje a los estadounidenses. Señaló que el objetivo de contar con la comunidad de inteligencia, la NSA, la CIA y otros, es para concentrarse en las amenazas extranjeras, el terrorismo extranjero. Para darle seguimiento a Rusia, China, Corea del Norte. Nunca se pretendió que vigilaran a los estadounidenses. Dice que, para esta administración, la verdadera amenaza que preocupa es el extremismo doméstico y violento…los supremacistas blancos, “como esta amenaza es tan grande necesitamos usar el poder, las herramientas increíbles que le damos a las agencias de seguridad nacional y que nos permite usarlas (contra) los estadounidenses”.
“Si crees que puedes construir una KGB estadounidense, si crees que es buena idea, entonces sigue por ese camino, pero si piensas que es horrible (hay que trabajar) con el Congreso para detenerlo. Han espiado a miembros del Congreso, del Senado, al pueblo estadounidense, y eso no puede seguir así.
La persecución contra Risen, Snowden, los informes mañosos de la comunidad de inteligencia norteamericana con fines de engañar al Congreso y los intentos de colocar un robusto marco legal para controlar una situación que ya se salió de control son el reflejo de una burocracia que está al final de su ingenio sobre cómo lidiar con las filtraciones, el manejo de los metadatos y el peligroso espionaje sobre los ciudadanos que ya les cayó encima como una gigantesca avalancha del Everest.
En cuanto a las filtraciones, éstas seguirán existiendo pues es lo que da vida al periodismo de investigación. El tema central, en Estados Unidos y en todo el mundo, es la contraposición de seguridad nacional y transparencia gubernamental, y así seguiremos.
